CIUDAD DE MÉXICO, 25 de enero de 2021.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudirá a la Cámara de Diputados para presentar la solicitud para retirar la inmunidad procesal del ciudadano Mauricio Toledo, ex alcalde en Coyoacán, para proceder penalmente en su contra por enriquecimiento ilícito.

En un mensaje a medios, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos sentenció que en cada una de las fases del procedimiento el Ministerio Público de la Ciudad de México probará la responsabilidad penal del actual diputado federal en la comisión del citado delito, acreditado con un incremento injustificado e inexplicable en su patrimonio, lo que resulta incongruente con sus ingresos reportados. 

Acompañada de Rafael Chong Flores, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, Godoy Ramos detalló que dicha solicitud de desafuero del diputado federal, resultado de una investigación objetiva, profesional y apegada estrictamente a la ley.

Según la carpeta de investigación el iniciada el 4 de septiembre del año 2020 se acreditó que la persona imputada cuenta con inmuebles, cuyo valor excede a los ingresos legalmente manifestados como servidor público. 

La investigación incluye el análisis de las declaraciones patrimoniales presentadas por el servidor público referido del período comprendido del 2006 a la fecha; información registral y notarial de diversos inmuebles proporcionada por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; dictámenes periciales diversos que determinan el valor mercado en la fecha de adquisición de diversos inmueble;  dictámenes contables e información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria sobre los estados financieros del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

La Fiscal sostuvo que los elementos probatorios objetivos que acreditan la existencia de hechos constitutivos de delitos cometidos por el ex jefe delegacional en Coyoacán, obliga a hacerlo del conocimiento de un juez para que éste resuelva conforme a la Ley.

Pero para que la persona imputada comparezca ante un juez y enfrente un juicio justo y apegado a derecho como cualquier otro ciudadano, la Cámara de Diputados debe retirarle la protección constitucional que tiene por su condición de diputado federal, refirió Ernestina Godoy.