Francisco Garfias

El gobernador protegido y el narco-laboratorio “soberano”.

Está visto que Morena prefiere un “narco-laboratorio soberano” en la Sierra de Chihuahua, que investigar en serio a un gobernador con licencia acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de aliarse con Los Chapitos.

A Rubén Rocha Moya ya le pusieron incluso escoltas para protegerlo y, a juzgar por las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, el ´supersecretarario´ Harfuch y la FGR, se perfila una exoneración también muy “soberana.”

Omar dijo ayer que “no hay sospecha” (de la alianza del gobernador con los hijos del Chapo) y que nunca han tenido una obstrucción de las labores de seguridad en Sinaloa.

¿Qué se creen esos gringos? ¿Qué pueden meterse “sin pruebas” con un supuesto narco gobernador en funciones de Morena?

“Tengan para que aprendan”, diría el clásico.

La acusación que el Departamento de Justicia en contra de Rocha y otros nueves funcionarios es por conspiración para importar narcóticos, posesión de armas de fuego automáticas y conspiración para poseerlas.

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Rocha ganó la elección de gobernador en 2021 con la ayuda del crimen organizado. No sólo se robaron boletas, sino que a los integrantes del equipo del entonces candidato del PRI, Mario Zamora, los secuestraron hasta que no reconociera el triunfo de Rocha Moya.

La diputada local del PRI, Paola Garate, fue una de las víctimas. Le pedimos su opinión sobre lo ocurrido. Nos dijo vía WhatsApp:

“Por supuesto que son hechos comprobados. Yo soy una de las víctimas, junto con decenas de mis compañeros de partido. Somos las pruebas. García Harfuch no vio, porque no quiso ver. Nunca me buscó, nunca nos preguntó”.

La legisladora del PRI destacó que el presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán, presentó una denuncia hace como tres semanas contra el gobernador.

“García Harfuch no se acercó para enterarse. No vieron porque, como dice el clasico, ni quiere vernos, ni nos quiere oír”, escribió.

Aseguró que la acusación del Departamento de Justicia de EEUU ha sido presentada a las autoridades mexicanas cumpliendo los procedimientos establecidos en las leyes internacionales y en los tratados bilaterales.

“También cumplieron con los procesos internos del estado de derecho norteamericano. Un gran jurado determinó la validez de la acusación”, remató.

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Contra la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, en cambio, la Fiscalía General de la República anuncia una rigurosa investigación por el tema de los agentes estadunidenses que participaron en la destrucción de un narco-laboratorio en la Sierra Tarahumara.

Dos de los cuatro agentes “de la CIA” murieron en un accidente carretero, mientras regresaban del famoso operativo en la madrugada del pasado 19 de abril.

Ulises Lara, vocero de la FGR, anunció ayer que 50 personas que participaron en ese operativo serán citadas a efecto de ser entrevistadas en los próximos días.

La procuración de justicia selectiva, que se instaló en nuestro país con las elecciones de jueces magistrados y ministros, sugieren que la gobernadora es “traidora a la patria” por haber permitido que los citados agentes extranjeros participaran en ese operativo que le pega al crimen organizado.

“Asimismo –agregó Lara– se han realizado requerimientos de ley, dirigidos a diversas autoridades, para verificar la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos”.

Pero también “el conocimiento de esta circunstancia por parte de las autoridades del Gobierno de Chihuahua y las condiciones jurídicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo referido”.

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El senador morenista, Enrique Insunza, es uno de los diez sinaloenses cuya detención provisional, con fines de extradición, solicita Estados Unidos.

Insunza se esfumó del Senado el mismo día que Estados Unidos solicitó su detención. Reapareció en Badiraguato, Sinaloa, desde donde envió el siguiente mensaje en su cuenta de X:

“Rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas.

Ocurrió, casualmente, después de que defendiera, desde la tribuna del Senado, lo que llamó “principio innegociable de la soberanía de México.”

Lo hizo, aseguró, “frente a la inconstitucional actuación de agentes de la CIA en territorio nacional, con la complicidad de la aún gobernadora de Chihuahua.”

Insunza adelantó que el miércoles seis de mayo se hará presente en la sesión de la Comisión Permanente.

Veremos…