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MORELIA, Mich., 1 de julio de 2026.- El Congreso de Michoacán retiró este miércoles del orden del día el dictamen que proponía endurecer las sanciones contra quienes incumplen con el pago de pensiones alimenticias, por lo que quedó en pausa la discusión de una reforma que elevaría de cinco a siete años la pena máxima de prisión para deudores alimentarios.
El proyecto de decreto, elaborado por la Comisión de Justicia, estaba enlistado para su discusión durante la sesión ordinaria de la 76 Legislatura, desarrollada este miércoles, sin embargo, fue retirado antes de llegar al Pleno, por lo que las reformas no fueron sometidas a votación.
El dictamen planteaba modificar el artículo 181 del Código Penal de Michoacán para mantener el mínimo de tres años de prisión, pero aumentar la pena máxima de cinco a siete años, además de eliminar la posibilidad de imponer únicamente una multa y establecer una indemnización adicional a favor de las víctimas por concepto de reparación del daño.
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