“Frenar trabajo de Subcomisión de Examen Previo es obstruir la justicia”

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de noviembre de 2016.- Demorar el trabajo de la Subcomisión de Examen Previo para analizar las demandas de juicio político es una forma de “obstruir la aplicación de la justicia en nuestro país”, afirmó el diputado federal del PRD, Rafael Hernández Soriano, quien urgió no demorar más la responsabilidad constitucional que tienen los legisladores.

“No somos la procuraduría pero tenemos una labor de, si quieren con letras–minúsculas, de procuración de justicia y estamos en esta subcomisión revisando los juicios políticos, no tiene otros efectos, no son penales, tiene que ver con la inhabilitación o no por las hipótesis que marca la ley de un funcionario público, eso es procurar justicia”, añadió el secretario de la Comisión de Gobernación.

Subrayó que “quien es omiso en la procuración de justicia también cae en falta constitucional”, refiriéndose a que la Subcomisión de Examen Previo apenas realizó su segunda reunión de trabajo a pesar de tener la obligación de desahogar 352 expedientes de demanda de juicio político.

Sobre la periodicidad de los trabajos de la Subcomisión indicó que “no es de cuando tengamos tiempo, de que si queremos sesionar en un mes o dos, sino que tenemos un mandato que cumplir en los plazos que establece la ley y no después…, dejar pasar el año que señala la letra de la ley, es precisamente obstruir la aplicación de la justica”.

Reconoció que la Subcomisión atiende un “mandato de la Jucopo”, pero precisó que “sobre la opinión de la Jucopo está la ley”.

Hernández Soriano resaltó que por urgencia e importancia hay varios casos que se deben atender rápidamente, entre ellos el del gobernador prófugo Javier Duarte y el del ex gobernador Guillermo Padrés, quien al momento de la reunión de legisladores iba escoltado por agentes federales al Reclusorio Oriente.

En la segunda reunión de la Subcomisión se entregó a los legisladores la relación de expedientes de denuncia de juicio político y el formato de desahogo de las primeras denuncias.

La posición del PRD es “proteger como una obligación constitucional el interés de los ciudadanos ante lo que consideran un presunto abuso de poder o un presunto manejo ilícito de la función pública” y para ello recurren a la figura del juicio político. Nuestro compromiso no es proteger “el interés del funcionario o ex funcionarios o representantes o ex representantes que quieren eludir sus responsabilidades administrativas en este caso, o penales en algunos”.

“Hay una tensión inminente e importante, incluso hasta lógica y urgente en el país sobre casos que requieren la mayor celeridad, por eso creo que esta subcomisión no debería postergar más nuestra obligación”, añadió.

De igual forma indicó que dará prioridad a la revisión y respuesta a lo que propone la Presidencia de la Subcomisión “para hacer ver la necesidad de que le cumplamos al país y que sesionemos, que convoque a sesión de forma inmediata, que no nos esperemos para diciembre ni para el 2017, porque eso es seguir pateando las obligaciones constitucionales que tenemos como legisladores”.