Garantizar derechos de discapacitados, tarea del Estado: IECM 

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de octubre de 2022.- “La discapacidad es una construcción y un modo de opresión social, resultado de una sociedad que no considera, ni pretende considerar a las personas con esta condición”, señaló el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mauricio Huesca Rodríguez, durante el Ciclo de Conferencias Igualdad y no Discriminación, más allá de las Normas, un tema de Derechos Humanos.

El encuentro organizado de manera virtual por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Revista Voz y Voto, tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo en torno al tema de cómo entendemos a la discapacidad desde un enfoque social y de derechos, respondiendo a la pregunta: ¿es la discapacidad un fenómeno complejo?

Huesca Rodríguez señaló que las personas con discapacidad históricamente, por su propia diversidad y por ser minoría, se han enfrentado a mecanismos sociales que les han discriminado y excluido, pasando a ser poblaciones denominadas como grupos de condición en vulnerabilidad a grupos de atención prioritaria.

Indicó que catalogar a las personas con base en estas aparentes divergencias, resulta en lo que categorizamos como una personas dentro de la discapacidad, y por ende, como lo “otro” o “lo diferente”, y así les marginamos, les quitamos las posibilidades reales de desarrollar sus capacidades innatas y las que vayan adquiriendo durante el desarrollo de su vida. 

Expuso que el modelo social sobre la discapacidad refiere que este fenómeno no está causado por las limitaciones funcionales, físicas, psicométricas, psicológicas de las personas con aparentes insuficiencias, sino por el fracaso de nuestra propia sociedad, en suprimir las berreras y las restricciones sociales que incapacitan.

“Se trata de un  problema social, no se trata de un problema de discapacidad individual, el modelo social y de derechos humanos de la discapacidad nos permite analizar el fenómeno social de lo que se ha determinado como discapacidad, desde una posición distante de la patología de las personas, y coloca al entorno como factor que genera discapacidad y no a las características físicas”, puntualizó.

Refirió que el modelo social y el de derechos humanos han impactado a nivel internacional, al reconocer a las personas con discapacidad como titulares de derechos y no como simples objetos de tratamiento. Informó que ante la Organización de las Naciones Unidas, México impulsó la creación de instrumentos que reconocieran los derechos de las personas con discapacidad.

Asimismo, dijo que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad establece que las personas con discapacidad tienen derecho a participar en la vida política y en la vida pública, lo que incluye el derecho a tomar sus propias decisiones, elegir a sus gobernantes o a ser elegidas como cualquier otra persona, a ejercer cargos o desempeñar cualquier función pública. 

Para lograr lo anterior, consideró, “se deben implementar acciones y programas institucionales enfocados a lograr una política integral, trasversal, progresiva de igualdad, de trato, de goce y de ejercicio en los derechos político-electorales, así como promover entornos en donde las personas con discapacidad, puedan participar de manera efectiva en la dirección de asuntos políticos y públicos”.

En su ponencia, compartió algunas acciones implementadas por el Órgano Electoral capitalino para garantizar los derechos electorales de este sector, como el diseño de materiales electorales especiales para personas con discapacidad, la lupa fresnel, sello X, clip sujeta boletas, cancel modular y urnas con lenguaje braille. 

Y aseguró que las autoridades electorales y sociedad deben reconocer la dignidad y la diversidad. “Hay que dejar la idea de que existen individuos incompletos que deben corregirse para encajar en la sociedad. Se trata de rescatar y no acentuar las discapacidades”.

En el encuentro que estuvo moderado por el magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña y la directora de la Revista Voz y Voto, Gloria Alcocer Olmos, participaron también el Representante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, Rafael Arias Valverde y la catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, Pilar Marco Medina.