Gastaría Gobierno 90% de presupuesto de Feadle en espiar: #GobiernoEspía

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de junio de 2017.- De comprobarse el supuesto espionaje del Gobierno contra activistas y periodistas, podría estar gastando casi lo mismo en espiarlos que en protegerlos.

Según el propio informe #GobiernoEspía, la afectación de cada persona tendría más o menos un costo de 77 mil dólares. En este documento se da cuenta de 12 casos, lo que da un total aproximado de 16 millones 632 mil pesos.

De acuerdo a lo expuesto por el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el senador del bloque PT-Morena, Zoé Robledo, dicha cantidad representa el 90.2 por ciento del presupuesto anual asignado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

Para este año, este órgano adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó 18 millones 433 mil 763 pesos, siete millones 648 mil 566 pesos menos a lo asignado para el ejercicio fiscal del 2016; es decir, 29.32 por ciento menor al aprobado al año pasado que fue de 26 millones 82 mil 329 pesos.

Durante la presente administración del presidente Enrique Peña Nieto, el presupuesto de la Feadle se ha reducido del 2014 a la fecha; en aquél año se ha autorizado un gasto por 39 millones 13 mil 777 pesos; para 2013 fue de 38 millones 84 mil 788 pesos.

Sólo por ese hecho, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado consideró que vale la pena escuchar la exposición del informe en voz de Luis Fernando García, director Ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, así como Alexandra Zapata, de IMCO; Paulina Gutiérrez, de Artículo 19.

Ratificó el compromiso del Senado para acompañar a los afectados, que no haya impunidad ni juicios anticipados.

Zoé Robledo consideró que el Poder Legislativo no puede ser omiso de un caso tan grave que ha ocurrido a personas en distintos momentos y por distintas razones, desde su actividad profesional, ya sea en el periodismo o desde la sociedad civil.

“Creemos que esto no puede minimizarse, simplemente tiene que investigarse, creemos que la sola posibilidad de que el Gobierno haya usado recursos públicos para espiar a particulares sin autorización judicial correspondiente amerita sin duda una investigación imparcial, autónoma, exhaustiva, sobre las causas y los responsables de estos actos que vulneran la confianza institucional”, recalcó.