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CIUDAD DE MÉXICO, 10 de marzo de 2024.- El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) advirtió que cuatro de cada diez ataques contra periodistas o personal de medios de comunicación en México probablemente fueron perpetrados por funcionarios públicos.
Jesús Rey Fierro Hernández, presidente del GIDH, señaló que, «esta preocupante cifra subraya la urgente necesidad de reformar y fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el país».
Fierro Hernández, doctor en derecho reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, explicó que, entre octubre de 2012 y hasta noviembre de 2023, el Mecanismo de Protección registró un total de 834 ataques en contra de defensores y periodistas en el país.
“De estos, 356 (43 por ciento) se atribuyen probablemente a funcionarios públicos y 276 (33 por ciento) a actores no estatales, como grupos de la delincuencia organizada, según se desprende de la información oficial”, señaló el también abogado litigante.
«La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) solo logró 37 sentencias condenatorias por delitos contra periodistas entre 2012 y diciembre de 2023, incluidos amenazas, robos, tortura y homicidios, con penas que van desde dos días hasta 50 años de prisión. Sin embargo, sólo se obtuvieron ocho condenas por asesinatos de periodistas en este periodo», explicó.
Respecto a los homicidios de periodistas, agregó el defensor del pueblo, «las cifras varían entre las autoridades federales. La Feadle registró 86 asesinatos desde 2012 hasta diciembre de 2023, de los cuales consideró que 30 estaban relacionados con el ejercicio periodístico.
Sin embargo, agregó el doctor en derecho Jesús Rey, la Secretaría de Gobernación registró 166 asesinatos, sin especificar cuántos estaban vinculados al trabajo de las víctimas, hasta octubre de 2022″.
Por este motivo, Fierro Hernández instó al gobierno mexicano a tomar medidas urgentes para fortalecer el Mecanismo de Protección, incluida la asignación de recursos adecuados y la implementación de un sistema de monitoreo, evaluación efectiva y protección eficaz para garantizar la integridad de los informadores profesionales.
El presidente del GIDH recordó que entre los casos más relevantes se ubica la agresión en contra de Rubén Pat Cauich, periodista que murió a consecuencia de las heridas mortales por disparos con arma de fuego en Playa del Carmen, Quintana Roo, el 24 de julio de 2018, apenas dos meses después de inscribirse en el Mecanismo.
Otro de los casos emblemáticos es el de Gustavo Sánchez, periodista que solicitó su inscripción en el Mecanismo 13 meses antes de morir asesinado a consecuencia de los disparos de arma de fuego cerca de su domicilio en Morro de Mazatán, Oaxaca, el 17 de junio de 2021. Sin embargo, el Mecanismo se demoró más de ocho meses en aprobar su solicitud.
En otro caso, el Mecanismo de protección decidió, en agosto de 2023, que Alberto Amaro Jordán, periodista de Tlaxcala, ya no estaba en peligro, pese a que ha sido golpeado, amenazado, detenido por agentes de policía e intimidado por presuntos integrantes de un grupo delictivo.