Gobernar con la ley en México, un acto de riesgo: Ernesto Villanueva

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de noviembre de 2025.- El Dr. Ernesto Villanueva, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y autor de la obra “Seguridad, transparencia y Derechos Humanos” ha venido escribiendo en los últimos años sobre el peligro de no contar con una política que recupere la paz perdida para México. Por esa razón Quadratín decidió entrevistarlo para que nos de sus opiniones sobre este tema de gran pertinencia y coyuntural.

Entrevista especial

¿Qué mensaje envía al país y al extranjero la muerte de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan?

El asesinato de Carlos Manzo no fue un hecho aislado. Fue una advertencia dirigida al país entero. Muestra que gobernar conforme a la ley se ha vuelto un acto de riesgo y que el poder civil ya no cuenta con la protección del Estado que representa. Cada alcalde asesinado es un recordatorio de que el crimen no solo disputa territorios, sino legitimidades.

En el plano interno, revela un Estado fragmentado, incapaz de garantizar seguridad a sus propias autoridades. En el plano internacional, proyecta una imagen de vulnerabilidad institucional: un país donde el miedo es más efectivo que la ley. Eso impacta la inversión, la cooperación y la confianza exterior.

La muerte de un presidente municipal por ejercer su cargo es, en términos políticos, un asesinato de Estado indirecto: no porque lo ordene, sino porque lo permite.

El gabinete de seguridad federal declaró que “no descansará hasta encontrar a los culpables”. ¿Qué piensa de esa respuesta?

Es la declaración estándar de todos los gobiernos, pero ya no alcanza. Buscar culpables es necesario, pero prevenir debería ser la obligación prioritaria. La justicia reactiva no restituye la autoridad ni salva vidas.

Cada vez que un alcalde o un periodista es asesinado, escuchamos el mismo compromiso, y sin embargo, los crímenes se repiten. Eso significa que no hay un sistema de protección ni un protocolo de reacción institucional. No basta con perseguir homicidas: hay que impedir que los alcaldes sigan cayendo solos, sin respaldo federal, sin Guardia Nacional inmediata, sin inteligencia coordinada.

El crimen organizado entiende que matar a una autoridad tiene más impacto que matar a un rival. Por eso lo hace: porque el Estado responde con discursos, no con blindaje.

La presidenta Sheinbaum ha sido firme en la aplicación de la ley en materia fiscal —impuestos, derechos federales— pero negocia con grupos que bloquean carreteras o impiden el libre tránsito. ¿No hay una contradicción?

Sí, y esa contradicción erosiona la legitimidad del poder y además viola el principio 1º de la Constitución que ordena la igualdad ante la ley. No puede haber legalidad selectiva. No se puede exigir disciplina fiscal y, al mismo tiempo, tolerar que grupos actúen al margen de la ley porque tienen poder de presión.

La presidenta ha insistido en el cumplimiento estricto de las obligaciones económicas, lo cual es correcto. Pero esa misma firmeza debería aplicarse frente a quienes vulneran derechos constitucionales como el libre tránsito o la seguridad ciudadana.

Cuando el Estado aplica la ley al ciudadano común y la negocia con los grupos organizados, envía un mensaje peligroso: en México la ley se cumple solo cuando conviene. Esa asimetría entre el ciudadano que paga y el que bloquea no solo desmoraliza, sino que rompe el pacto de justicia básica que sostiene a cualquier República.

La presidenta Sheinbaum se ha negado una y otra vez a solicitar o pedir colaboración con tropas y equipo de las fuerzas armadas de Estados Unidos. ¿Eso, en efecto, afecta la soberanía nacional?

No. En realidad, la Constitución ya prevé una salida institucional para ese tipo de cooperación. El artículo 76, fracción III de la Constitución Federal establece que el Senado puede autorizar el paso de tropas extranjeras o la cooperación militar en territorio nacional, sin que ello implique violar la soberanía.

La Carta Magna contempló esa posibilidad precisamente para casos en que el país enfrente amenazas que superen su capacidad operativa. Negarse a usar ese instrumento no es defensa de la soberanía: es omisión del deber constitucional de proteger la vida.

Confundir cooperación con intervención es un prurito nacionalista que ha costado miles de vidas. La soberanía no se demuestra rechazando apoyo, sino estableciendo las reglas bajo las cuales ese apoyo se ejecuta. México puede y debe cooperar bajo su jurisdicción, con mando nacional, auditoría pública y transparencia.

Mientras se invoca la soberanía como argumento para no actuar, miles de mexicanos siguen muriendo sin protección efectiva. Defender la soberanía no significa aislarse, sino usar la ley para salvar vidas.

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La presidenta sostiene que están “resolviendo las causas” de la violencia, pero no ha ofrecido fechas ni resultados concretos para recuperar la paz. ¿Qué opina?

Es un discurso bien intencionado, pero insuficiente y extemporáneo. Atender las causas es necesario, pero los resultados sociales tardan años; mientras tanto, la gente muere.

No se puede esperar a que los programas sociales desmantelen al crimen organizado. Eso requiere Estado de derecho, justicia penal eficaz y presencia territorial. El país necesita resultados inmediatos, no promesas diferidas.

El problema es que la narrativa de las causas ha sustituido a la estrategia. Se gobierna con diagnósticos, no con acciones. Mientras se combate la desigualdad, el crimen consolida su economía, su ejército y su control territorial. La paz no se decreta: se construye con justicia visible y con Estado en el terreno.

¿Cómo evalúa la política pública de seguridad federal actual?

Es una política fragmentada, reactiva y sin coherencia institucional. La militarización de la seguridad pública no ha generado estabilidad; al contrario, ha evidenciado que la presencia del Ejército sin coordinación civil no garantiza control territorial.

La Guardia Nacional fue concebida como cuerpo mixto, pero terminó siendo una extensión militar con funciones policiales y sin dirección civil clara. Eso genera opacidad, confusión y falta de rendición de cuentas.

El modelo actual no previene, solo administra la violencia. La inteligencia está desarticulada, la coordinación con los municipios es mínima y las fiscalías siguen rebasadas. Mientras tanto, más del 90% de los delitos graves siguen impunes.

En síntesis: el país no tiene política de seguridad, sino una política de contención. Y un Estado que solo contiene, sin prevenir ni sancionar, termina cediendo su poder real.

¿Por qué el asesinato de un alcalde debería considerarse un asunto de seguridad nacional y no solo un delito local?

Porque cada alcalde asesinado equivale a una fractura en la soberanía interior del Estado mexicano. El municipio es la base de la República. Si sus autoridades son asesinadas o controladas por el crimen, el pacto federal pierde sentido.

Cada ataque a una autoridad local es un desafío directo al Estado. Por eso, el asesinato de un alcalde debería activar un protocolo nacional automático, con intervención federal inmediata, apoyo del Senado y protección a los sucesores.

No proteger a los alcaldes es, en términos institucionales, renunciar al principio mismo de la democracia representativa. La autoridad que gobierna con miedo no gobierna: sobrevive.

¿Qué opina de la recién aprobada Ley General contra la Extorsión, que incluso prevé penas de prisión para autoridades municipales que no alerten sobre estos casos?

Es una ley necesaria y oportuna, pero no será suficiente si no se implementa con recursos y coordinación real. La extorsión es el motor financiero del crimen organizado. Homologar su persecución en todo el país era indispensable.

El acierto es que obliga a las autoridades a denunciar y actuar ante la extorsión, rompiendo la cultura del silencio y la complicidad. Penalizar la omisión de servidores públicos es un avance, porque la impunidad muchas veces no proviene del delito, sino de la inacción.

Sin embargo, hay riesgos: si la ley se aplica sin fortalecer la protección a los municipios, los alcaldes pueden quedar doblemente vulnerables —por un lado amenazados por el crimen, y por otro perseguidos por omisión—. Se requiere un marco de protección institucional, presupuesto específico y acompañamiento federal para garantizar que los municipios no queden desamparados.

La ley tiene buena intención, pero si se aplica sin política pública de seguridad, será letra muerta o un instrumento simbólico.

Finalmente, doctor, ¿cuál sería su mensaje al gobierno federal?

Que la soberanía no se defiende con discursos, sino protegiendo la vida de los ciudadanos. México manda, Estados Unidos coopera, bajo la ley, bajo reloj y con rendición de cuentas. Esa no es subordinación, es Estado de derecho.

Mientras se siga confundiendo cooperación con intervención, la violencia seguirá siendo el idioma del poder. Y donde manda el miedo, el Estado deja de existir.