Dormían en micro, por tirar dinero de pasajes mata a hijo y lo abandona

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de octubre de 2017.- Tras el hallazgo del pasado 23 de septiembre, del cuerpo sin vida de un menor, de cuatro años de edad, en la colonia Santa Catarina, delegación Tláhuac, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina cumplimentó las ordenes de aprehensión en contra de los progenitores del niño, por su probable participación en los hechos delictivos.

En conferencia de prensa, añadió PGJ en un comunicado, el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Marco Enrique Reyes Peña, informó que tras ejecutarse las órdenes de captura, los imputados fueron ingresados al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y al Reclusorio Preventivo Varonil Norte y se busca su vinculación a proceso por un Juez de Control, por el delito de homicidio calificado en relación de parentesco.

De acuerdo con los actos de investigación efectuados por la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, a las 14:30 horas del 23 de septiembre, policías preventivos fueron alertados por un transeúnte sobre el hallazgo del cuerpo.

Los uniformados acudieron al sitio señalado y localizaron al menor, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, no tenía signos vitales y presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo, explicó el funcionario.

Destacó que, al tomar conocimiento del ilícito, el agente del Ministerio Público dio intervención a agentes investigadores, así como a peritos en fotografía y criminalística, para realizar las primeras diligencias y trasladar el cuerpo al anfiteatro.

Del protocolo de necropsia, y de los estudios criminalísticos y de patología, apuntó, la causa de muerte del pequeño fue traumatismo cráneo encefálico y torácico, con un intervalo postmortem de 15 a 25 horas de la intervención.

Como parte de las indagaciones desarrollas por la PGJ, se giró la cédula de identidad con la media filiación del niño, la cual, también contenía las características de la ropa que vestía y las prendas que lo envolvían.

Derivado de los trabajos de campo y gabinete desarrollados por la Policía de Investigación (PDI), se localizó los abuelos del menor, quienes acudieron al Instituto de Ciencias Forenses e identificaron plenamente a la víctima, proporcionando datos de los padres, así como del domicilio donde habitaban.

Reyes Peña explicó que, durante las entrevistas recabadas por la PDI y el agente del Ministerio Público, los testigos refirieron que en diversas ocasiones se percataron de que el niño presentaba lesiones en el cuerpo; sin embargo, los papás manifestaban que éstas eran consecuencia de caídas.

Además, los agentes investigadores acudieron a la vivienda que habitaba el menor con sus padres y dos hermanos, en la delegación Tláhuac; no obstante, los probables participantes habían sacado sus pertenencias y abandonado el lugar.

En el sitio –siguió–, se obtuvieron entrevistas de los vecinos, quienes manifestaron que al observar la violencia que ejercían los padres contra el menor, intervinieron y los enfrentaron en varias ocasiones para que dejaran de maltratarlo.

Con los datos de prueba recabados e integrados en la carpeta de investigación, el representante social solicitó a un Juez de Control la orden de aprehensión contra los implicados.

Los padres imputados manifestaron que, desde la noche del 20 de septiembre pasado, el menor fue golpeado por el papá, a bordo del microbús del cual era chofer y que utilizaba junto con su esposa e hijos como lugar para dormir.

Horas después, durante la madrugada siguiente, la víctima tiró el dinero obtenido por el pago de los pasajes, situación que molestó al padre, quien lo golpeó hasta privarlo de la vida.

Cometido el ilícito, los imputados se dispusieron a trabajar como de costumbre en la ruta y durante el transcurso del día acordaron abandonar el cuerpo, por lo que, durante la madrugada del 22 de septiembre, lo envolvieron en cobijas y lo dejaron en el lugar y en la situación en que fue hallado.

Se obtuvo el testimonio del propietario del microbús, quien refirió que ese mismo día localizó la unidad desvalijada.

La PGJ precisó que de encontrarse penalmente responsables del hecho que se les acusa, los probables participantes podrían alcanzar una sentencia de hasta 50 años de prisión cada uno.