GPPRD, en contra de adelantar liberación de precio de gasolinas y diésel

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de septiembre de 2016.- El diputado Carlos Hernández Mirón advirtió que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) se opone a la pretensión planteada en el artículo 12 transitorio de la iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo federal, para adelantar la liberalización del precio de las gasolinas y diésel a partir del 2017 y mucho menos, en delegar tal determinación en la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión de Competencia Económica.

Durante una reunión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), según un comunicado, el legislador subrayó que dichas disposiciones generarían enormes efectos negativos en los bolsillos de los mexicanos, tomando en consideración que varias proyecciones adelantan que los precios de ambos combustibles podrían continuar aumentando, por lo que exigió a Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria de Hacienda, hacer públicos los cálculos de dicha dependencia sobre los precios para los próximos dos años de ambos productos.

Además, el secretario de la Comisión de Hacienda en San Lázaro solicitó que dicha secretaría se comprometa a detener el aumento en los precios de los combustibles y criticó que persista una clara tendencia a subestimar los ingresos públicos, pues tan solo este año, dicha cifra alcanzó 2.6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, 498 mil millones de pesos en ingresos presupuestarios.

Hernández Mirón denunció que la SHCP pretende violar la ley y distorsionar el registro de endeudamiento, al buscar que no se contabilicen las inversiones realizadas por Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque son obligaciones de pago del sector público. “¿Ustedes están de acuerdo con que el gobierno legalice otra vez un endeudamiento que no se registra, pero que sí se paga?”, cuestionó el legislador.

El diputado Óscar Ferrer Abalos subrayó que las opiniones de las calificadoras Standard & Poor’s y Fitch, claramente señalan que las reformas estructurales impulsadas por el gobierno federal han tenido un crecimiento decepcionante.

“La debilidad en la gobernabilidad que se refleja en la aplicación de la ley y en la percepción de corrupción, limitan los beneficios de estas reformas, especialmente en la inversión, pero también la falta de dinamismo económico y que no mejora la seguridad en nuestro país. Queda muy claro, en la opinión de estas calificadoras, que la deuda del gobierno va a aumentar cuatro por ciento del PIB anualmente en los próximos tres años”, dijo el legislador del sol azteca.

También denunció que, en el afán de concretar licitaciones cuando el precio del crudo no favorece las inversiones, se están impulsando importantes concesiones a favor de las petroleras privadas; por ejemplo, reconociéndoles el 125% de los costos exploratorios, un subsidio ni siquiera imaginable para Pemex.

El diputado Fidel Calderón Torreblanca sostuvo que este año la subestimación de los ingresos tributarios no petroleros ha sido de 182 mil millones de pesos; es decir, uno por ciento del PIB que el Ejecutivo “usa libremente sin respetar la atribución constitucional de aprobar el gasto que corresponde a los diputados”.

Criticó que la SHCP insista en decir que los recortes planteados no afectarán a las entidades federativas ni a los municipios, a pesar de que un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados –en materia de gasto federalizado– indica que habrá una disminución en el Ramo 33, de aportaciones federales, que afectará a por lo menos 22 entidades federativas.

“Según el mismo Centro de Estudios de Finanzas Públicas de esta Cámara, para el estado que represento, Michoacán, el gasto federal se reducirá en 59.5 por ciento. En 2016, el gasto aprobado fue de siete mil 542 millones –cerrando cifras– y para el 2017 están proyectados tres mil 154 millones. Hay una reducción de cuatro mil 387 millones, equivalente al 59.5 por ciento”, apuntó el legislador.

Por si fuera poco, el recorte de 72 por ciento al Programa Proagua, afectará a todos los estados.

“¿En realidad están convencidos de que su política fiscal está pensada para satisfacer las necesidades humanas de los mexicanos?”, cuestionó el legislador a los funcionarios federales.