GPPRD, en contra de modificaciones a Ley Orgánica del Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de noviembre de 2016.- El diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) Guadalupe Acosta Naranjo presentó una moción suspensiva para detener la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados del dictamen de la Comisión de Justicia con el que se pretende reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por considerarla inconstitucional y por el desaseo en el proceso de su discusión en el Senado.

El GPPRD señaló, en un comunicado, que el Senado de la República eligió hace unos días a siete magistrados para cumplir los periodos que, de acuerdo con la ley y la convocatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fueron concursados –dos para tres años; dos para seis años y tres para nueve años– mismos que ya rindieron protesta; sin embargo, hubo inconformidad de varios grupos parlamentarios, por lo que propusieron modificar el artículo 4 transitorio de la citada ley, mismo que acaban de tener efecto y por ende, dejó de tener vigencia.

“Lo aprobaron, lo mandaron aquí, en un muy desaseado procedimiento en el Senado. Hoy reúnen a la Comisión de Justicia y sin haber circulado el dictamen previamente, lo votan y nos lo traen aquí, en este momento, brincando todos los procedimientos ordinarios”, reclamó el legislador del sol azteca.

Desde tribuna, el también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales resaltó que, curiosamente y contrario a lo que se dispone en otros artículos transitorios, se pretende que hoy mismo se publique la modificación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entre inmediatamente en vigor, la disposición reformada, por lo que el Senado de la República, deberá convocar nuevamente a cuatro de los magistrados –que hace 15 días rindieron protesta- para tomarles protesta por el nuevo periodo para el que serán designados.

“Este es el ultra más rápido fast track legislativo sobre uno de los órganos constitucionales, que es el Tribunal Electoral, parte del Poder Judicial, que yo he visto en la historia legislativa. Es el desaseo más grande, es una vergüenza. De verdad, por salud de nosotros mismos, deberíamos de votar a favor de la moción suspensiva”, dijo el legislador; sin embargo, por mayoría, el pleno decidió desecharla.

Previamente, durante la décima Reunión Extraordinaria de la Comisión de Justicia, diputados del GPPRD adelantaron su voto en contra del dictamen de la minuta.

El diputado Daniel Ordóñez Hernández sostuvo que la minuta del Senado viola el artículo 14 de la Constitución en materia de retroactividad de la ley, ya que el artículo 4 transitorio –mismo que se pretende modificar– perdió vigencia una vez que rindieron protesta los magistrados electos para integrarse al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que sería inconstitucional reformar un artículo que dejó de ser vigente.

“Segunda violación constitucional: es una ley privativa y viola el artículo 13 constitucional, porque la norma va dirigida específicamente a siete individuos, a siete magistrados con nombre y apellido, lo que está prohibido en la Constitución. No permitamos en la Cámara de Diputados que este asunto se concrete. No nos salva ni Dios padre de estas dos violaciones”, argumentó el legislador.

En la misma reunión, el diputado Arturo Santana Alfaro subrayó que el voto del GPPRD en contra de la minuta se debe al desaseo con el que se trató y trabajó el tema desde el Senado de la República, así como por la violación a la Constitución de nuestro país.

Ya en la discusión del dictamen en el Pleno de San Lázaro, el también secretario de la Comisión de Justicia, sostuvo: “el PRD no está cuestionando, de ninguna manera, la honorabilidad ni la capacidad de los siete magistrados electorales del Poder Judicial de la Federación que fueron electos y que tomaron protesta en días pasados ante el Senado de la República. Lo que el Partido de la Revolución Democrática está argumentando, es que hubo un total desaseo, debido a que se violentaron varios preceptos constitucionales: el 14 y el 16, de inicio, pero también el artículo 94 y el 99 constitucionales que establecen las reglas básicas del funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, detalló el perredista.

Santana Alfaro criticó que durante la reunión de la Comisión de Justicia, sus homólogos no hayan tenido la capacidad de rebatir su exposición respecto a la inconstitucionalidad de la modificación y que en cambio, hayan votado a favor del dictamen.

“Con lo que está a punto de suceder en el Pleno de la Cámara de Diputados, no estamos sino dando un retroceso y cuestionando, incluso poniendo en riesgo, la legitimidad del proceso de selección de estos siete magistrados electorales. Por ello, a diferencia de todos aquellos que no ven en este tema un grave problema a futuro, proponemos que la minuta se regrese al Senado de la República. No podemos convalidar ni ser partícipes de este albazo legislativo”, sostuvo el diputado.

Ordóñez Hernández acusó a los senadores de pretender retorcer la ley y actuar de mala fe al impulsar reformas a la citada normatividad e invitó a sus homólogos a no votar a favor de estas, sino dejar que se exhiban ellos como quienes quieren violentar la Constitución Política.

“Si los senadores querían hacer su chanchullo, debieron meter una iniciativa y no reformar un artículo que ya no existe, que ya no tiene vigencia. Perdió vigencia al momento en que les tomaron protesta a los magistrados. Los artículos transitorios son eso, un trance, son temporales. Cuando se cumple la temporalidad, pierden vigencia”, explicó.

El legislador destacó que de ser aprobada la modificación, los magistrados asumirán sus nuevas responsabilidades como impartidores de justicia, sumamente cuestionados y producto de la violación de tres preceptos constitucionales.

Al volver a tomar la palabra, el diputado Guadalupe Acosta Naranjo sostuvo que al pretender modificar el tiempo que los magistrados ocuparán un lugar en el Tribunal, la Cámara de Diputados interfiere en las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, restándole certeza al procedimiento del Poder Judicial.

“Lo que estamos poniendo en riesgo, es la credibilidad del órgano que va a calificar la elección presidencial. El Poder Judicial debe ser respetado en su plena autonomía e independencia, no puede ser que los partidos políticos estemos luchando para que el que me cae bien tenga más tiempo”, dijo el legislador.

Tras ser cuestionado sobre los motivos que podrían haber dado origen a la propuesta del Senado, Acosta Naranjo evitó hacer especulaciones, pero recordó que –de acuerdo a algunas notas periodísticas– un partido político no se vio satisfecho porque en las ternas de candidatos que se mantendrían por nueve años en el cargo, no estaba representado.

Minutos después, el diputado Jesús Valencia Guzmán, informó que al término del proceso legislativo de esta reforma, el GPPRD presentará una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, pues con la modificación que se pretende hacer, se busca violar el procedimiento de designación establecido en la Carta Magna, además de violar el principio de separación de poderes.

“No podemos aprobar una reforma que es incorrecta. La ciudadanía se encuentra manifestando su rechazo total a este cambio. Lo que menos necesita la nueva integración de la Sala Superior, es una reforma que refuerce la narrativa de que los senadores operaron bajo una lógica de cuotas y de cuates”, sostuvo el legislador.

En tanto, Omar Ortega Álvarez criticó que se discuta “sobre la nada jurídica”, pues subrayó que el artículo transitorio que se pretende modificar dejó de tener efecto cuando los magistrados rindieron protesta.

“Están haciendo magistrados que, de cierta manera, están viciados de origen. El órgano superior, el último que va a determinar o quien podrá incidir en quién será el próximo presidente de la República, está viciado de origen y políticamente, es incorrecto que este órgano no tenga la legitimidad ni la validez”, dijo el legislador y propuso que no haya modificación alguna a un artículo transitorio que dejó de existir al ser un acto consumado.