CIUDAD DE MÉXICO, 22 de noviembre de 2018.- Senadores del PRI alzaron la voz en contra de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que se discute en sesión de este jueves en la cámara alta, concretamente en tres puntos: la intención de que medios públicos sean oficiales, otorgar al Ejecutivo facultades exclusivas del Congreso y la creación de los llamados ‘superdelegados’.

En el primer punto, el coordinador parlamentario del tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que hoy los medios públicos cuentan con autonomía editorial, financiera y de contenidos, sin embargo se busca que pasen a ser oficiales, operados por la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Esto viola el artículo 6 constitucional”, aseveró el ex titular de esa dependencia federal y actual senador de la República.

El priista agregó que organizaciones especializadas en la materia quienes han señalado que la propuesta contraviene los estándares internacionales sobre libertad de expresión, los cuales establecen que para favorecer el derecho ciudadano a la información los medios de comunicación deben de contar con independencia del poder político.

Darle a la instancia encargada de la política interior la facultad de intervenir y regular en la operación de los medios públicos, va en detrimento de la pluralidad de los contenidos en radio y televisión, así como de la libre expresión.

En el segundo punto, los priistas manifestaron su preocupación a la propuesta de reforma al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual consideran violenta la división de poderes, la Constitución y el Estado de derecho.

De acuerdo con la Carta Magna, Osorio Chong abundó que la Cámara de Diputados, responsable de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y con la facultad de fiscalización, misma que ahora se le quiere atribuir al Ejecutivo.

También es preocupante para el PRI que con esta Ley se quiera arrogar las potestades de la Fiscalía General dándole al Jefe de Estado la posibilidad de investigaciones a modo.

Acompañado de la senadora y presidenta nacional del partido, Claudia Ruiz Massieu Salinas y Manuel Añorve Baños, criticó que esta reforma se quiere aprobar sin haber dado espacio al debate, lo cual, como ha determinado la Suprema Corte, viola el proceso legislativo, lo que conlleva a causa de inconstitucionalidad.

Sobre el artículo 17 ter, explicó que establece la figura de coordinadores estatales tendrán bajo su responsabilidad programas sociales, pero inquieta al PRI que sean operadores electorales.

“Les faculta para nombrar delegados estatales, conocidos representantes de oficina, que se asimila más a un mini gabinete que a funcionarios encargados de la prestación de servicios públicos”, objetó sobre este apartado que además dijo que no impide contender a cargos de representación, lo que da la impresión de ser una fábrica de precandidatos.