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Francisco Medina / Especial Quadratín México
VILLAHERMOSA, TABASCO, 23 de mayo (Quadratín México).- Luego de que fueran decomisados más de 88.5 millones de pesos de dudosa procedencia, en una propiedad que se presume pertenece al ex secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Tabasco, José Saiz Pineda, la Procuraduría General de Justicia de Tabasco (PGJ) citará a comparecer al ex gobernador Andrés Rafael Granier Melo.
El procurador Fernando Valenzuela Pernas notificó que por este decomiso millonario, la PGJ también llamará a cuentas al propio ex tesorero, así como al ex subsecretario de Egresos, Miguel Ángel Contreras.
Cabe recordar que el 17 de enero pasado, el gobernador de Tabasco, Arturo Nuñez, señaló que el problema financiero que afronta Tabasco es por mucho más grave de lo que la anterior administración informó oficialmente, de allí que la Federación haya tenido que adelantar recursos al estado con cargo a sus participaciones fiscales para garantizar la prestación de servicios básicos a la población y el pago de salarios a los trabajadores.
Sin adelantar cifras, el mandatario estatal señaló ese día que aún se integra el informe del estado en que se encuentran las finanzas de la entidad, por lo que una vez que se conozca el tamaño real del endeudamiento lo hará saber a la ciudadanía.
“Como lo sospechábamos, la deuda es mucho mayor de lo que se nos dijo oficialmente. No quiero adelantar cifras hasta que hayamos concluido la revisión completa y sepamos el tamaño del problema financiero, pero es mucho más que 10 mil millones de pesos”, expuso.
Al día siguiente, el 18 de enero informó que la Secretaría de Planeación y Finanzas avanza en la investigación sobre el destino y uso que la administración saliente dio a las aportaciones federales etiquetadas no sólo para el ramo de salud, sino también para educación y seguridad pública.
Tras la notificación de la Secretaría de Salud federal de que alrededor de mil millones de pesos aportados al sector en Tabasco “no aterrizaron directamente” a los programas establecidos, el mandatario estatal pidió esperar la conclusión de los análisis financieros para presentar un informe preciso de la situación.
El 19 de enero Núñez Jiménez confirmó que tras 19 días de revisiones al proceso de entrega-recepción, su gobierno ha encontrado huellas del saqueo del que fue objeto Tabasco en el anterior régimen, por lo que, adelantó, procederá penal y administrativamente contra funcionarios de la administración pasada que resulten responsables.
Anunció que una vez que se cumpla el plazo de 30 días establecido en la norma para hacer observaciones a los informes de la saliente administración, pondrá en marcha las auditorías correspondientes a fin de construir los casos que darán origen a las denuncias sobre responsabilidades.
“Lo que sí puedo adelantarles es que hay elementos para hacerlo, lo grave es que no los hubiese no obstante que todo Tabasco sabe que ha habido un saqueo; a veces (este tema) se reduce en la conversación cotidiana al dicho de la gente de que se les acusa de pillos, no de tontos, y que no dejaron huella. Éstos sí dejaron huella y vamos a proceder”, enfatizó.
El mandatario tabasqueño aseveró que las irregularidades encontradas hasta el momento en el manejo de recursos públicos, le permitirá entablar procedimientos legales “contra ellos en los ámbitos de responsabilidades que procedan”.
Para el 21 de febrero el gobernador Arturo Núñez Jiménez informó que el monto real de los pasivos heredados por el régimen anterior supera, al momento, los 17 mil 737 millones de pesos, y enunció las primeras acciones legales por las irregularidades detectadas, las cuales, aseveró, por su magnitud y temporalidad “no pudieron haber sido cometidas sin el conocimiento de quien estuvo al mando del Poder Ejecutivo”.
Precisó que las anomalías van desde pasivos no reportados, hasta faltantes de recursos en cuentas de programas federales, adeudos a proveedores y otros acreedores, robo de documentos oficiales, la manipulación de sistemas informáticos, y una mala estructura del gasto público en el decreto de Presupuesto General de Egresos para el ejercicio fiscal 2013.
Detalló que la pasada Secretaría de Administración y Finanzas no reportó en la entrega-recepción un faltante de recursos en cuentas de programas federales de hasta mil 918 millones de pesos; mil 226 millones corresponden a salud; 60 millones 600 mil pesos a educación; 84 millones a justicia, seguridad pública y protección civil, y 547 millones 997 mil 977 pesos de otros rubros
Para el 8 de marzo, Arturo Núñez aseguró que su antecesor Andrés Granier miente al señalar que dejó documentación protocolizada ante notario público sobre la situación que guardaban las finanzas de Tabasco y el ejercicio presupuestal de su administración, tal como apareció publicado en un desplegado periodístico.
Dijo que si bien a Andrés Granier no se le cita en las denuncias, se establece que hay huellas de responsabilidad que habrán de resultar de las averiguaciones judiciales, y deberá ser llamado e incluso buscado como lo aseguró el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam.
Arturo Núñez precisó que en el caso del ex gobernador, en la denuncia se establece que hay evidencias de su injerencia en el manejo y desvío de recursos, y aseveró que de la averiguación previa sí habrá otros que resulten responsables.
El 25 de abril, en Comalcalco, Núñez Jiménez aseguró que su administración trabaja para garantizarles que los culpables del saqueo de la entidad sean castigados. “No nos quedaremos con chivos expiatorios de niveles bajos, iremos por los principales responsables del saqueo indiscriminado que hicieron de Tabasco”, puntualizó.
El 18 de mayo el procurador General de Justicia (PGJ) de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, dio a conocer que el ex secretario de Administración y Finanzas José Sáiz Pineda será llamado a comparecer antes de 15 días a las instalaciones PGJ.
Precisó que el ex servidor público promovió un amparo, que le fue concedido, pero la dependencia trabaja en un método por medio del cual solicitará que funcionarios de alta jerarquía, involucrados en las denuncias presentadas ante la PGJ, por presuntas irregularidades financieras de la pasada administración, se presenten a declarar.
El 21 de mayo el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, aseguró que hay plena coordinación entre la dependencia federal y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) en las investigaciones que se realizan para castigar a quienes presuntamente desviaron recursos del erario durante la administración estatal pasada.
“Estamos haciendo una investigación a fondo, sin ver ni colores ni intereses en Tabasco, como se hace en todas las entidades federativas, porque la preocupación de la Procuraduría es determinar si se cometen delitos o no. Primero se analizan los hechos y después se castiga al culpable con evidencia suficiente”, puntualizó el procurador junto al secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong.
En este mismo sentido, el gobernador Arturo Núñez Jiménez afirmó que en el gobierno de la República ha encontrado plena colaboración, apoyo y disposición de ir hasta las últimas consecuencias en el asunto del desfalco de las finanzas tabasqueñas durante el sexenio pasado.
“He dicho que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República han mostrado su disposición de ir hasta las últimas consecuencias en este asunto”, enfatizó el mandatario.
QMX/fm