Guardería ABC, una tragedia que no debió pasar

Francisco Medina / Especial Quadratín México

CIUDAD DE MÈXICO, 5 de junio (Quadratín México).- Jueves 5 de junio de 2009, los padres de familia llevaron a sus hijos –todos ellos menores de 5 años– a la guardería ABC en la colonia Y, al sur de Hermosillo, Sonora. Nadie sabía que ese día se viviría una de las tragedias más dolorosas de la historia de nuestro país. Fue alrededor de las tres de la tarde cuando la estancia infantil ABC se convirtió en escena de pánico.

A un lado de las instalaciones de la guardería estaban las bodegas donde se archivaban documentos de la Secretaría de Hacienda del estado. El sobrecalentamiento fundió el aluminio del motor del sistema de calefacción, lo que provocó que fragmentos en llamas cayeran sobre lo archivado. El incendio se generalizó en la bodega y se propagó a la estancia infantil, en la que se encontraban 150 niños resguardados y aproximadamente 50 empleados. Las llamas fundieron el poliestireno aislante del techo de la guardería, y el fuego, así como vapores tóxicos, invadieron el área.

Las maestras no se daban abasto para sacar a los cerca de 150 niños todos menores de cinco años que se encontraban en el interior, algunos durmiendo la siesta. Los vecinos aledaños al edificio entraron para dar auxilio rompiendo paredes para rescatar a los menos y ponerlos a salvo en sus propios hogares.

Algunos de ellos, como el señor Francisco Manuel López, estrelló su camioneta contra los muros de la guardería para poder abrir tres boquetes por donde los elementos del cuerpo de bomberos, rescatistas y vecinos entraban para sacar a los menores. Había quienes trataban de sacar hasta tres o cuatro niños en un sólo intento.

La falta de detectores de humo, extintores y salidas de emergencia adecuadas, así como la rapidez del incendio por los materiales inflamables con la que se construyó la bodega, provocaron los fallecimientos de los infantes, la mayoría por asfixia.

Gente llorando, gritando, haciendo llamadas telefónicas, implorando a los policías para que les dieran informes de sus niños. Esa era la constante alrededor de la guardería. Era poca la información que se daba y muchas las preguntas que se hacían.

Los policías solo informaban a los padres desesperados que los infantes eran trasladados al hospital infantil del estado. Las ambulancias eran insuficientes y muchos de los menores fueron trasladados en automóviles particulares y algunos con quemaduras de menor grado, atendidos en el mismo lugar por los paramédicos.

El saldo final, 49 niños muertos. Los gobiernos municipal, estatal y federal a través del IMSS, como “Pilatos”, de un plumazo, simple y llanamente se lavaron las manos.

Resulta que todo estaba en regla, según el alcalde Gándara; el entonces gobernador Bours también se deslindó de lo sucedido. Juan Molinar Horcasitas, quien era el director del IMSS, sostuvo que la guardería “cumplía” los lineamientos del caso. Luego cambió y antepuso el “aparentemente cumplía”. Hoy tendrá que reconocer los elevados niveles de corrupción que existen en el IMSS.

Lo cierto es que, según testimonios de vecinos y personas que ante la emergencia se convirtieron en rescatistas durante los primeros 15 minutos de la tragedia, la guardería ABC no tenía salidas de emergencia desde que se inauguró en 2001, los techos y paredes eran de material altamente flamable; no había tanques de espuma para apagar el fuego, además del hacinamiento de los casi 150 niños atendidos en un lugar insalubre, en constante riesgo por localizarse entre un depósito de automóviles decomisados —de riesgo explosivo— y una llantera, muy inflamable…

Lo más grave, sin embargo, es que según los mismos reportes no era la primera ocasión en que la llantera era la fuente de un incendio, y que los sistemas de Protección Civil tanto del municipio como del Estado —porque los poderes estatales están en Hermosillo— resultan totalmente obsoletos.

La guardería ABC pertenecía al sistema de estancias infantiles concesionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y apoyadas económicamente por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Como otras estancias infantiles, la guardería ABC incumplía con las normas y lineamientos de operación establecidos por el IMSS, pero contaba con autorización para funcionar.

Esto es posible porque el IMSS subroga (o sea, deja que escuelas particulares —cuando menos así está estipulado— le vendan el servicio al IMSS) el servicio de guardería, una de las cinco ramas de la seguridad social, a los particulares por asignación directa o discrecionalmente y no mediante licitación o concurso. Días después del incendio, se dio a conocer que familiares del gobernador sonorense son propietarias de por lo menos 13 guarderías subrogadas del IMSS.

A cuatro años de la tragedia sigue la impunidad

A cuatro años de la tragedia en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, por la que murieron 49 bebés y otros 70 quedaron lesionados, los padres de las víctimas sólo cuentan con un posible respaldo de organismos internacionales, pues en el país han agotado las instancias de justicia; no obstante, insisten en una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto.

Actualmente, la mayoría de los familiares de los 49 niños fallecidos se agrupan en dos organizaciones: el Movimiento 5 de junio y Manos Unidas por Nuestros Niños.

Desde el 5 de junio de 2009, tras el entierro de sus pequeños, los padres no han dejado de exigir justicia y han llevado el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien dio un fallo que no los dejó satisfechos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación integró una comisión investigadora de los hechos.

En un primer dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, se establecía que en el sistema de guarderías subrogadas del IMSS impera el desorden, de igual forma se señala la violación grave de garantías individuales por parte de 14 funcionarios, entre ellos se encontraban Juan Molinar Horcasitas, director del IMSS en la fecha del incendio y Eduardo Bours, entonces gobernador de Sonora.

Sin embargo, la mayoría de los ministros no admitió, en 2010, establecer responsabilidades de mandos del IMSS -dependiente del gobierno federal- ni del gobierno de Sonora.

En 2011, un juicio presidido por activistas, intelectuales y académicos, determinó que el Estado omitió su responsabilidad en el incendio de Sonora.

En aquel entonces, la Presidencia de la República, el poder legislativo y el judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fueron declarados culpables en el juicio presidido por Emilio Álvarez Icaza, ex titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

A las dependencias y al gobierno se les acusó por la negación de acceso a la justicia a las víctimas y la omisión de legislar para proteger a la infancia, así como negligencia y desatención a las víctimas de la Guardería ABC.

El 21 de abril pasado, padres de familia enviaron una carta a Christof Heyns, relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas, para pedir que el organismo internacional se involucre en el caso.

“Le solicitamos su intervención… para que a través de su oficina, directamente intervenga en el caso del incendio de la Guardería ABC, tanto para que las instancias internacionales a las que hemos acudido atiendan nuestras peticiones y la propia ACNUHD realice las gestiones que le son propias”, expone la misiva firmada por José Francisco García Quintana, titular del M5J, y el secretario de la asociación civil, Manuel Alfredo Rodríguez Amaya.

Los padres de familia cuentan con asesoría de abogados y expertos en derechos humanos del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

Hasta ahora, está pendiente la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

QMX/fm