Guerrero, ejemplo de la violencia institucionalizada en México: IFDP

CIUDAD DE MÉXICO. 7 de junio de 2022.- En México persiste una violencia institucionalizada, estatal, no es azaroso que el principal lugar de desplazamiento interno sea Guerrero. En este estado, por décadas, caciques y generales fueron gobernadores que reprimían y generaban violencia contra la población, aseguró Netzaí Sandoval Ballesteros, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

En un comunicado de prensa, en alusión al conversatorio La documentación de la tortura y una defensa adecuada: reflexiones a propósito del caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, Sandoval Ballesteros señaló que el caso de los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, que en 1999 fueron detenidos arbitrariamente y torturados por elementos del Ejército, demuestra un origen de motivaciones políticas y económicas para continuar con el negocio de la tala de los bosques en detrimento de las comunidades.

“En Guerrero hay una situación violenta, no es aleatoria. Esta organización, que encabezaron Rodolfo y Teodoro, se oponía a la tala irregular de árboles por parte de una empresa trasnacional estadounidense que explotaba los recursos naturales de forma desmedida y veían a estos campesinos como unos opositores reales que impedían concretar sus negocios. La tortura, la desaparición forzada, son herramientas que se utilizan para reprimir y combatir a la disidencia local. Se convierten en personas incómodas que molestan a las autoridades públicas que están ligadas a intereses privados”.

El director general del IFDP destacó que durante su gestión se ha creado un equipo de ciencias forenses que marca un antes y después en la historia de la Defensoría pública, y que es fundamental para contar con peritajes tecnicamente robustos a la hora de litigar a favor de las víctimas de tortura.

“Los abogados necesitamos asumir que no todo se puede resolver a través de las leyes, debemos acercar a los tribunales evidencias y datos robustos para demostrar con pruebas la inocencia de las personas. El caso más reciente es el de la indígena guatemalteca Juana Alonzo, quien estuvo siete años privada de la libertad en Tamaulipas y que gracias a la oportuna intervención de nuestros peritos y abogados obtuvo su libertad”.

Detalló que el IFDP logró el precedente de impulsar el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), en el que la FGR fue omisa; crear fiscalías locales especializadas para combatir la tortura ante la omisión legislativa a un mandato constitucional y presentar más de cuatro mil denuncias de casos de tortura, no sólo de este sexenio sino de anteriores.

Por su parte, José Orvelín Montiel Cortés, abogado de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del IFDP e hijo de Rodolfo Montiel, reconoció la labor de la Defensoría para garantizar el acceso a la justicia a favor de las personas vulnerables. Recordó que los campesinos ecologistas estuvieron dos años privados de su libertad en Iguala, Guerrero, víctimas de tortura por defender el derecho al medio ambiente. 

“El IFDP ha hecho un gran esfuerzo por denunciar la ilegalidad de la prisión preventiva oficiosa, el uso excesivo del arraigo, como figuras obsoletas. A veces las personas no entienden las implicaciones que tienen los actos de tortura no sólo para las víctimas, sino también para las comunidades y familiares. Mi familia tuvo que salir de Guerrero, mi padre Rodolfo tuvo que pedir asilo político a Estados Unidos, hace 15 años que no veo a mi papá. Hay una desintegración familiar, no hay que ver este tipo de casos sólo en el plano legal”.

En tanto, Melissa Zamora Vieyra, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProDH) explicó que el caso fue presentado en el 2001 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en su sentencia de 2010, la Corte Interamericana ordenó al Estado Mexicano reparar las violaciones sufridas por los dos activistas.

“Existen avances pero aún persiste la impunidad a 23 años de los hechos y 12 a años de la sentencia internacional. Esperamos que las medidas ordenadas por parte de la Corte se cumplan y se de seguimiento a la investigación de la detención y tortura por parte de militares, una justicia eficaz dentro del fuero civil, y que los impartidores de justicia deben hacer los posible para que la sociedad conozca la verdad”.

Finalmente, Erick Acuña, abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que la sentencia de la Corte marcó un hito a nivel continental en el combate a la impunidad de los gobiernos, ya que tratan de escudarse en una omisión investigativa para decir que no hubo actos de tortura.

“A nivel interamericano, la Comisión y la Corte han establecido criterios sobre qué tipo de pruebas se toman en cuenta en posibles actos de tortura para que sea un proceso impacial y legal. Por ejemplo, muchos de los alegatos de la defensa de los estados es negar la veracidad o validez de los testimonios de la víctimas porque no son idénticas las declaraciones que se realizaron a nivel interno con las posteriores. Hay un cúmulo de elementos que se toman en cuenta para comprobar tratos crueles e inhumanos”. 

El IFDP seguirá garantizando una justicia de calidad en condiciones y continuará redoblando los esfuerzos para proteger los derechos humanos de las personas más vulnerables del país