Historias surrealistas

Padre de menores violentadas, exige justicia al Gobierno de Sheinbaum

Mario Alfredo Espinoza Bernardini, padre de dos niñas violentadas en Zimapán, Hidalgo, exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum justicia para sus hijas que han sido revictimizadas, una y otra vez, con la anuencia de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), por un conflicto económico intrafamiliar que ha violentado los derechos humanos de las menores.

“Quiero ver a mis hijas desde hace tres años y no sé dónde las esconde su tía Aylén Trejo, autora de la sobreexposición que se ha hecho de ellas, lo cual  transgrede su seguridad y su derecho a una vida libre de violencia”, denunció el padre y solicitó a la presidenta revisar la actuación de las autoridades ministeriales en Hidalgo que permitieron se diera validez a un médico que, sin experiencia y con un peritaje fabricado, se prestó a perjudicar los derechos de sus hijas.

El médico que habría hecho un falso peritaje de que las menores sufrieron abuso es identificado como Jorge Alberto Baños Vázquez y ya es investigado bajo la causa penal NUC 12-2023-17981. Actualmente trabaja en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Espinoza Bernardini acusó a la exdiputada Carmen Lozano de incurrir en el delito de tráfico de influencias, junto con Aylén Trejo, para convertir en un tema político, un asunto de la presunta violación de dos menores. Dijo que sus hijas deben quedar al margen de riñas familiares, ocasionadas por una herencia que recibieron.

“Pido a las autoridades me ayudan a cumplir la ley, quiero ver a mis hijas y saber cómo están. Sólo he visto lo publicado en medios y ahora, que regresé de Estados Unidos, pedí a las autoridades verlas y tener contacto con ellas, cosa que no se me ha permitido”, sostuvo el padre.

Dijo que una búsqueda en la SEP y en las dependencias de educación estatales, arroja que “mis hijas están siendo privadas de su derecho a estudiar, ya que no existe registro de inscripción en ninguna escuela, ni sistema educativo, público privado en el que estén inscritas”.

Acusó a la tía de las menores, Aylén Trejo, con apoyo de autoridades ministeriales y de la exdiputada Carmen Lozano, de llevar a las menores de albergue en albergue para que no pueda localizarlas. Incluso dijo, las había ubicado en un refugio en Querétaro y cuando fue a buscarlas, “la tía ya las había vuelto a sacar”.

“No estoy de acuerdo con la manera en la que se han ventilado en los medios, fotos y supuestos dictámenes, así como dar a conocer supuestas cirugías reconstructivas, porque no son verdad (eso no está asentado en ningunas de las audiencias, ni se ha presentado a ningún juez) sólo en los medios de comunicación. Esto viola los derechos de mis hijas”, reclamó.

CRONOLOGÍA DE UNA MENTIRA

En junio de 2022, Jaqueline Trejo Leal denunció a su hermano Arturo Williams Trejo y a la esposa de este, Eva Medina, por amenazas y violencia familiar. A esa denuncia se sumó otra consanguínea, Aylén Trejo. Los tres hermanos tenían rencillas.

En una ampliación de la denuncia se sumó la supuesta violación de las dos menores, hijas de Jacqueline, ocurrida en casa de ella, en la calle de Melchor Ocampo, de Zimapán.

En el expediente, se informa que Aylén, con ayuda de Carmen Lozano, ex diputada del Partido Verde, fueron cambiando declaraciones e involucrando a más personas en el caso de las menores, por lo que a finales de 2023 se libraron dos órdenes de aprehensión en contra de Arturo Williams Trejo y de su esposa Eva.

La defensa de la pareja acusada señaló a Carmen Lozano de tráfico de influencias y de convertir en un tema político un asunto tan grave como la presunta violación de dos menores, al usar la tribuna del Congreso local para manipular a sus propias compañeras legisladoras y de mentir para sacar ventaja política.

En el proceso, la tía de las menores, Aylén Trejo, insistió en que la médica particular Alma Virgen Pineda descubrió el abuso a las menores, situación que después la doctora desmintió.

Las peritas en medicina de la Procuraduría de Hidalgo, Aracely Martínez y Aidé Gutiérrez, revisaron a las menores entre el 18 y el 21 de junio de 2022 y concluyeron que no tenían lesiones de carácter sexual. La doctora Martínez presentó una denuncia, porqué Aylén y Jacqueline intentaron sobornarla para que en sus dictámenes corroborara el supuesto delito, lo que derivó en una carpeta de investigación en contra de ellas.

En septiembre de 2023 intervinieron peritos de la FGR y encontraron lesiones en las niñas derivadas de otro estudio aplicado por un médico inexperto, Jorge Alberto Baños, quien no cuidó los protocolos ni de exploración, ni de identidad de las niñas, y con tocamientos indebidos.

Por separado, peritajes de la Procuraduría de Hidalgo determinaron que las supuestas agresiones a las niñas, narradas por la madre, en realidad ocurrieron cuando estaba al cuidado de ella, de su pareja, padrastro de las menores, identificado como Saúl Camargo, “El Chino”, y de Aylén Trejo.

En diciembre de 2023 la juez de la causa determinó que se debían abrir nuevas líneas de investigación en contra de personas diversas, al tiempo que negó la vinculación a proceso de Arturo Williams Trejo y de su esposa Eva Medina.

En el caso existen siete carpetas de investigación relacionadas con la familia Trejo Leal, en las cuales señalan conflictos por la posesión de bienes, amenazas, un pagaré falso de 2.2 millones de pesos y la acusación en contra de la exdiputada local Carmen Lozano.

GIMNASTAS EXIGEN SOLUCIÓN EN BENITO JUÁREZ

Desde diciembre de 2024, cuando se incendió el Deportivo Benito Juárez, más de 1,000 niños y jóvenes gimnastas abandonaron su entrenamiento y otros 300 o 400 tuvieron que emigrar a otros lugares para poder continuar con sus actividades.

Es por ello que los padres de los menores afectados piden la intervención a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y del alcalde en Benito Juárez, Luis Mendoza, que se solucione el problema que les afecta y se adopten medidas contra riesgos, como los siniestros, porqué se requieren acciones, no promesas.

Informan que, desde el incendio, las autoridades del deportivo y de la alcaldía no han dado la cara a los deportistas y a las familias de la comunidad. “En enero y febrero, no se nos dio ningún informe y algunos entrenadores de equipos de competencia se dieron a la tarea de buscar lugares para poder llevar a cabo el entrenamiento y competir para no perder el lugar que tenían los equipos”, indicaron.

Anahí Sánchez, la coordinadora, buscó asistencia para poder entrenar en el gimnasio Juan de la Barrera, pero desafortunadamente no se cuenta con el equipo ni los espacios requeridos y mucho menos acercamiento entre las propias autoridades de la delegación Benito Juárez para poder hacer un trabajo en equipo y buscar la sinergia de ambas partes en pro de los niños deportistas.

Los padres son quienes sustentan la disciplina de la gimnasia. Deben pagar una mensualidad de mil 840 pesos mensuales, comprar uniformes de competencia, insumos, pagar la afiliación a la Federación de ese deporte, cubrir gastos de todas las competencias y sólo reciben respuestas decepcionantes. En marzo, tuvieron que pagar sin haber recibido servicio en enero y febrero.

Denunciaron que, desde abril, Zoé Hernández Peña, Juez de Unidad Departamental de Desarrollo del Deporte, actuó como “una pieza destructora de lo poco que queda en la estructura de los equipos, sobre todo con los profesores”.

Destacan que en los últimos dos meses esa persona “los ha acosado y agredido verbalmente e incluso ha utilizado palabras soeces, denigrando todo el profesionalismo que tiene cada uno de los entrenadores”.

De esta situación, informaron a la coordinadora Anahí Berthely Sánchez, la cual no ha podido hacer nada al respecto. Las autoridades en Benito Juárez no han tomado cartas en el asunto y, al parecer, no es un tema que les importe, de acuerdo con lo señalado por los padres de familia, quienes indican que Zoé Hernández Peña, se dice protegida y por lo tanto “a ella no se le hace nada”.

En consecuencia, alrededor de 30 familias deberán emigrar, con el equipo de competencia varonil a otro gimnasio que les queda entre 30 minutos y una hora más lejos.

Los padres de familia aseguran que apoyan a sus hijos, para seguir generando un compromiso de ellos hacia el deporte, pero se preguntan:

“¿Qué hacen nuestras autoridades por ellos?, ¿Dónde está el cambio que nos ofrecen los políticos? ¿A quién recurrimos como responsable?

“¿Por qué los centros deportivos no están a cargo de la Comisión Nacional del Deporte? ¿Dónde están quienes deberían dar recursos para tener mejores instalaciones y no que los padres paguen colegiaturas nada baratas?”.

Preguntas que están sin respuesta, hasta el momento.