
Visión financiera
Posible móvil del doble homicidio
En un medio de comunicación se difundió la versión que explicaría el motivo del homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y en verdad es desconcertante.
De acuerdo con lo informado por Bertha Alcalde Luján, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, el ataque armado que cobró la vida de los funcionarios contaba con un grado importante de planeación.
La tesis de Alcalde Luján se corrobora con el video dado a conocer por el periodista Carlos Jiménez, que muestra a un individuo, vestido como motociclista, de negro, con chaleco verde y casco, merodear en el sitio exacto en donde fue el doble homicidio, una semana antes de que ocurriera. Es decir, el hombre sabía los movimientos de sus víctimas, los vigilaba.
En conferencia, la fiscal informó que hasta ahora se ha identificado a cuatro sujetos presuntamente relacionados con el ataque: el autor material y tres personas más que apoyaron en la conducción de los vehículos en los que huyeron.
Alcalde Luján dio a conocer que, sin embargo, “no se cuenta con una hipótesis concluyente sobre el móvil del ataque ni sobre los autores intelectuales”.
Y es en este contexto, en el cual surgió una nota periodística en la que se sostiene que Ximena Guzmán pudo ser victimada por la mafia que controla los penales en México.
La versión fue dada a conocer por el diario digital Los Ángeles Press, que asegura que el ex servidor público, adscrito a la Subdirección del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Jorge Enrique Terán Carrillo, sabía de entregas de droga a los penales, encargadas por Ximena Guzmán.
En la nota informativa, intitulada La mafia penitenciaria detrás del doble asesinato en Tlalpan, firmada por la periodista Guadalupe Lizárraga, se señala Terán Carrillo renunció a su cargo, debido a que recibió presiones para introducir droga, a bordo de una camioneta, a lo cual se negó.
La nota periodística ofrece detalles de las operaciones en las cuales él recibió órdenes de Ximena Guzmán y de las que fue testigo, de acuerdo con el dicho el propio Terán Carrillo.
La información de Los Ángeles Express es una versión periodística de un ex funcionario que se encuentra en el exilio, que, desde luego, no tiene validez legal. Sin embargo, ahora que se toman en cuenta todas las líneas de investigación, no estaría de más que la presentada por el diario sea tomada en cuenta.
CASO NIÑAS DE ZIMAPAN PUEDE DAR VUELCO
Familiares de dos menores presuntamente abusadas en Zimapán, Hidalgo, acusaron al médico José Alberto Yáñez Baños Vázquez, de fabricar pruebas y falsear un peritaje en el llamado Caso Zimapán. Acusan que las menores han sido revictimizadas a lo largo del proceso.
Además, señalaron que el médico, quien también es trabajador de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo, presuntamente fue protegido por esa misma institución, que incluso permitió el extravío del expediente penal en su contra, por mala praxis.
Con el proceso judicial aún abierto, se dio a conocer que en 2023 se inició la carpeta de investigación 12-2023-17981, en la cual se denunció al médico, al haber realizado una revisión a las menores sin ética profesional: no usó guantes y se encontraba en un lugar inadecuado.
Según los señalamientos, el médico habría actuado sin técnicas profesionales, realizando tocamientos indebidos, que causaron lesiones a las niñas, cuyos nombres se reservan.
José Alberto Baños, fue el único médico que en ese momento certificó lesiones en las menores. Sin embargo, la ginecóloga Alma Virgen, el 15 de junio de 2022, descartó la existencia de abuso o violación sexual. Un segundo peritaje, realizado por Aidé G.B., tampoco acreditó tales hechos.
A pesar de ello, Baños fue el único que aseguró haber detectado signos de abuso, aunque en su archivo fotográfico forense, según datos confirmados por la Fiscalía General de la República en 2022, no se observan lesiones ginecológicas ni proctológicas al momento de la revisión.
Con la reapertura del caso, los abogados del padre de las menores, Mario Alfredo Espinosa, acudieron a la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo, para conocer el estado de la carpeta de investigación contra el médico. No obstante, se informó que dicho expediente aún no ha sido localizado, lo que ha permitido la impunidad del médico.
Se señaló que la intervención de Baños Vázquez, ocurrió a solicitud de familiares de las menores, entre ellos la madre y la tía, quienes han llevado el caso, sin permitir acceso al padre de las niñas, Mario Alfredo Espinosa, quien ha reprochado el actuar de las autoridades.
LA UNAM NO LES PAGA
Por más de 10 meses, no han recibido pago alguno más de 300 colaboradores, proveedores de servicios, especialistas, conferencistas y tutores del programa de formación y actualización docente, a través de cursos e intervenciones formativas proporcionados por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los afectados laboraban bajo la responsabilidad de la Secretaria de Desarrollo Institucional (SDI), a cargo de Diana Tamara Martínez Ruiz, y el 25 de abril pasado le enviaron una carta al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, en la que le piden su intervención para que la institución pague los servicios prestados en el periodo de septiembre a diciembre de 2024.
De 2017 a 2024, los afectados fueron contratados para desarrollar proyectos de la SDI, mediante los cuales se capacitó a 180 mil docentes de educación básica, y en años anteriores. De 2017 a septiembre de 2024, los pagos correspondientes se realizaron oportunamente.
A pesar de haber presentado ante diferentes instancias universitarias su solicitud de pago, los afectados no han recibido respuesta. Concretamente, no tuvieron respuesta de la jefa de la Unidad Administrativa de SDI, Ana Gabriela Vargas Gómez, a quien entregaron toda la documentación solicitada.
Muchos afectados presentaron quejas a la Contraloría de la UNAM, cuya respuesta enfática fue que la entidad carece de funciones que le permitan atender la queja, por lo que no ha procedido.
Los afectados afirman haber realizado todas las actividades académicas y administrativas solicitadas, en tiempo y forma y con el mayor profesionalismo, pues saben del gran compromiso que implica su colaboración para mantener el prestigio de la UNAM.
Informan que colaboraron en impartir 55 cursos a 472 grupos, atendiendo a un total de 21 mil 687 docentes de educación básica de los estados de Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Nayarit, Tamaulipas, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas, en el marco de los proyectos ya referidos.