Historias Surrealistas

Respuestas a la presidenta, sobre un PJ para servir a su gobierno y a AMLO

A varios días de las elecciones para “elegir” a quienes conformarán el Poder Judicial (PJ), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha desvivido en elogios a ese proceso que, de manera falsa, lo calificó como “exitoso”.

Y es que sus afirmaciones caen aplastadas por la realidad. Veamos por qué.

“Las elecciones fueron un éxito histórico”, afirmó triunfalista la mandataria, falseando la realidad, ya que el Instituto Nacional Electoral (INE), informó oficialmente que sólo sufragó alrededor de 13 por ciento del padrón. Es decir, se produjo un abstencionismo de 87 por ciento, lo que si marca una cifra récord de abstención en los comicios de cualquier país. Más que “histórico”, el resultado es vergonzoso.

“La votación transcurrió con transparencia y libertad. México es el país más democrático del mundo”, indicó Sheinbaum Pardo. Estas premisas resultan falsas, cuando fue documentado por los medios de comunicación y por los ciudadanos, mediante las redes sociales, que con días de antelación y en la misma fecha de los comicios se distribuyeron “acordeones” en los cuales, desde el poder, se daban instrucciones a los ciudadanos sobre quién votar.

Estamos muy alejados de ser la nación más democrática del orbe, simplemente porqué las elecciones que dieron origen al gobierno que hoy encabeza Claudia Sheinbaum fueron producto de un mega fraude electrónico de Estado y del acarreo, de acuerdo con las investigaciones realizadas por especialistas mexicanos y extranjeros.

No lo somos tampoco, porqué en las pasadas “elecciones” para candidatos a ocupar puestos en el Poder Judicial, lo que en realidad ocurrió fue una acción concertada y manipulada para que hubiera voto masivo en favor de quienes se señaló desde Palacio Nacional o desde Morena.

“Se avanza hacia un verdadero estado de derecho, en el que ni siquiera los más poderosos estén por encima de la ley”, afirmó la jefa del Ejecutivo, declaración contraria a la realidad, porque precisamente quienes ocuparán los cargos más importantes en el PJ tienen una relación estrecha con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, que quedará blindado en contra de cualquier acusación que se pretendiera levantar en su contra. Es un poderoso que quedará por encima de cualquier ley.

Vean si no. Las cinco aspirantes que se perfilan como nuevas ministras de la Corte serán: Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra, en tanto que los hombres para los mismos puestos son: Hugo Aguilar Ortíz, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García.

“La mitad de sus integrantes (del PJ anterior) habrían accedido a sus cargos por la vía del nepotismo, y no por méritos o trayectoria en la carrera judicial”, sostuvo la presidenta, pero resulta que ahora los puestos del PJ serán copados por propuestas de López Obrador con personajes incondicionales a él.

Vean quienes serán los próximos ministros de la SCJN.

Lenia Batres se convirtió en ministra de la Suprema Corte en 2023, propuesta por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para sustituir al ministro en retiro Arturo Zaldívar. Antes había sido diputada federal de Morena y es hermana de Martí Batres, director del ISSSTE.

Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Corte también nominada por López Obrador. Esquivel, acusada de plagiar su tesis de licenciatura, es esposa del empresario José María Riobóo, quien se hizo millonario construyendo los segundos pisos en la Ciudad de México, cuando López Obrador fue jefe de Gobierno de la CDMX.

Loretta Ortiz es ministra titular de la primera sala de la Suprema Corte, a la que llegó en 2021 también nominada por López Obrador, ex diputada federal y declarada a si misma como “soldado” del político tabasqueño.

María Ríos González ha sido cercana al expresidente López Obrador, en cuyo gobierno trabajó como consejera jurídica.

María Estela Ríos González es incondicional del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En 2021 sustituyó a Julio Scherer Ibarra en la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.

Hugo Aguilar Ortiz, quien se perfila como próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue coordinador de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), periodo en el que mostró afinidad al movimiento de la 4T.

En una relación de incondicionalidad similar se ubican: Sara Irene Herrerías Guerra, Hugo Aguilar Ortiz, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo Arístides Rodrigo Guerrero García. Todos ocupando puestos claves en el gobierno de López Obrador.

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que se encargará de investigar y sancionar a los juzgadores federales, también estará conformado por allegados al expresidente Andrés Manuel López Obrador quienes figuraban en los “acordeones” distribuidos para dirigir el voto.

Este cuerpo colegiado, integrado por cinco magistrados, será uno de los dos órganos que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y se enfocará en la vigilancia y disciplina de los jueces, magistrados e incluso ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se trata de Celia Maya García, Verónica de Gyves Zárate, Indira García Pérez, Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino H León Tovar.

Maya, de Gyves y Bátiz son los tres actuales consejeros de la Judicatura Federal que, junto con Sergio Javier Molina Martínez han conformado el bloque mayoritario que ordenó a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que iniciaron un paro de labores contra la reforma judicial, a regresar a trabajar bajo el amago de ser sancionados de no hacerlo y dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar procesos penales contra ellos.

Según las reglas de la reforma judicial, los tres tenían pase directo a la planilla electoral. Celia Maya, quien logró obtener el mayor número de votos, podría convertirse en la nueva presidenta del TDJ. Formó parte de las filas del PRD cuando López Obrador era jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Su nombre formó parte de las primeras dos ternas enviadas por López Obrador al Senado para designar ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pese a que ella aún era militante en Morena.

Verónica de Gyves llegó al CJF en el año 2019 designada también por el Senado de la República. Fue una de las propuestas del expresidente López Obrador para ser la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), puesto en el que finalmente fue designado Alejandro Gertz Manero.

Es esposa del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, quien se ha mantenido cercano a Claudia Sheinbaum desde que era jefa de Gobierno capitalina e incluso intentó postularse para ser ministro de la Corte en la pasada elección judicial.

Al igual que de Gyves, el consejero y futuro magistrado del TDJ, Bernardo Bátiz, fue propuesto por López Obrador para ser fiscal General de la República. Al no obtener el puesto, el propio exmandatario federal lo designó como integrante del CJF donde su periodo debía terminar el 30 de noviembre de 2024, pero con esta elección se prolongará hasta 2031. Fue procurador General de Justicia de la capital durante la administración de López Obrador.

Indira García fue auditora superior en el estado de Colima, ha participado como asesora y secretaria particular en gobiernos perredistas en dicha entidad, mientras que

Rufino León, es magistrado presidente de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, cargo al que fue designado directamente por el expresidente López Obrador.

“En 2024, fue un mandato popular las elecciones en el Poder Judicial”, reiteró la mandataria. Señalamiento totalmente falso. Los mexicanos votaron por ella y no por votar a jueces, magistrados y ministros. Por eso fue evidente el desinterés en los comicios del 1 de junio.

 “El número de votos en las elecciones del 1 de junio fue mayor a los votos obtenidos por la oposición en 2024”, afirmó la presidenta. Aquí destacó una mentira evidente, porqué si se suman los votos reales de los comicios pasados, que totalizaron 10 millones, quitando los 3.5 millones que fueron anulados, no superan los obtenidos por el PAN (9.6 millones); del PRI (5.7 millones) y de Movimiento Ciudadano (6.2 millones), que en total llegan a 21.5 millones de votos.

La presidenta aprovecha que la mayor parte de los mexicanos no conoce de memoria las cifras de votación obtenidas por la oposición en 2024 y de plano les quiere ver la cara haciendo un señalamiento erróneo.

Más que triunfalista, la presidenta debía estar preocupada, pues, aunque las elecciones de 2024 y las del pasado 1 de junio no son comparables, los 10 millones de votos de la elección del PJ contrastan mucho con los 35 millones de sufragios obtenidos por ella en los comicios del año pasado.

EXPORTACIÓN DE GNL, AMENAZA LATENTE PARA LA ECONOMÍA MEXICANA

El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA por sus siglas en inglés), advirtió que el riesgo más grade de la industria de Gas Natural Licuado es la volatilidad de los precios del gas y México no está exento, dijo, porque el 90 por ciento del gas que consume proviene de Estados Unidos.

De ahí que la exportación de gas amenaza la economía mexicana porque además de que el 60 por ciento de la electricidad en el país, proviene del gas, la exportación de GNL desde territorio nacional, abonará a la ocurrencia de cambios repentinos en los precios del gas.

 Lo que provocaría condiciones de inestabilidad tanto para consumidores domésticos como para la industria, se expuso durante la presentación del reporte sobre GNL que dio a conocer la IEEFA en el marco de un taller para medios de Conexiones Climáticas.

Estas condiciones de precios, explicaron, se han observado en EU y en otras regiones del mundo donde se ha optado por la exportación del gas.

La principal explicación de este fenómeno, mencionaron, es la posibilidad de mercado que abren las terminales de exportación, es

decir, los precios que ahora son regionales, empiezan a competir con nuevos mercados.

Otro riesgo relevante, añadió el informe del IEEFA, es la vulnerabilidad a eventos externos como conflictos comerciales y cambios en las políticas de Estados Unidos, dado que la fuente de abastecimiento de gas vendrá por

parte de empresas de ese país, los intereses y acomodos políticos pueden llegar a afectar

directamente en su suministro.

Recordaron que las señales que ha mandado la administración de Donald Trump acentúan el riesgo de una política energética dependiente de Estados Unidos.

Finalmente, de manera importante se proyectan impactos negativos a las economías locales en las que se instalan estas plantas. Las economías locales sufren los impactos de construcción, de contaminación por quema y manejo de combustibles fósiles y el desplazamiento o desaparición de actividades económicas que compiten por el espacio, por ejemplo, las pesquerías.

En este último respecto, Thomas Koole, pescador de camarón de Freeport, Texas, habló sobre el impacto devastador que tuvo la llegada de la planta de GNL a su comunidad, la cual pasó de ser uno de los puertos camaroneros más importantes de Estados Unidos a perder todas sus empresas.

Organizaciones nacionales concluyeron el taller virtual haciendo un llamado a las autoridades mexicanas, en especial a Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía (SENER), para que hagan uso de sus atribuciones y evite la construcción de proyectos como Saguaro en Puerto Libertad, AMIGO GNL en Guaymas y Vista Pacífico en Topolobampo, ya que todos estos abonarán a que las amenazas documentadas y compartidas en el taller, se conviertan en una realidad para México.

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