Historias Surrealistas

Romero da luz verde a invasores de casas

A Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, se le ladeó la nave con sus declaraciones implícitas de que se solaparán las invasiones de departamentos de ese Instituto, porqué forzaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a declarar que su gobierno preservará la propiedad privada. El riesgo de que esta deje de ser protegida con la 4 T es un temor de muchos mexicanos y ella lo sabe.

Definitivamente, el anuncio reciente del funcionario de que no serán desalojados quienes invadieron inmuebles del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, sino que podrán permanecer en esas propiedades, aunque no sean sus dueños, representa una puñalada al esquema de propiedad privada.

El Infonavit calcula que hay 843 mil viviendas con diversos problemas, ya sea “abandonadas o vandalizadas”, producto de la “irresponsabilidad o de la corrupción de administraciones anteriores al presidente López Obrador”, de acuerdo al dicho de Romero, aunque en realidad ese problema fue grave en el sexenio de AMLO.

Hasta el momento, el Instituto ha censado 168 mil viviendas, de las que 23 mil están deshabitadas y 145 mil están habitadas, algunas por quienes no pagaron su crédito o por gente que, no teniendo vivienda, las vio desocupadas, y las está ocupando de manera irregular.

Romero Oropeza informó que no habrá desalojos de personas que ocupan una vivienda del Infonavit de manera irregular, como se decretó desde el sexenio pasado.

De manera, contradictoria, Romero Oropeza dijo que es instrucción de la presidenta hablar con cada uno de quienes están dentro de las viviendas irregularmente para buscar una solución. Se les dejará en la vivienda, pero se les advertirá que, si no se regularizan, nunca van a ser dueños del inmueble.

Es decir, de manera descarada, el Infonavit estará permitiendo la ocupación ilegal de viviendas. A los invasores muy poco les va a importar ser o no ser dueños del departamento o casa que habitan de hecho. La ocupan y eso les basta, aunque no tengan escrituras y, si se les antoja, incluso podrán vender los inmuebles o rentarlos a otras personas, sin tener derecho a ello.

Con el anuncio de Romero se acrecentarán las invasiones de viviendas del Infonavit, incluso aún de aquellas que están habitadas actualmente, porqué este pésimo gobierno ya permitirá que nadie que invada sea desalojado.

El temor de muchos mexicanos de ser afectados en sus propiedades no es infundado, si se toma en cuenta que la izquierda ha promovido un gran número de invasiones de terrenos y casas, con la finalidad de construir en esos terrenos unidades habitacionales de interés social para entregarlos a familias precaristas, que votan por la 4 T.

Ese fue el modus operandi que desde los años ochentas del siglo pasado hizo fuertes a personajes como Dolores Padierna y su esposo René Bejarano, que escudados en su organización Nueva Tenochtitlán, auspiciaron la reclamación, nada transparente, de terrenos, para familias afectadas por los terremotos de 1985, de acuerdo a información periodística acumulada a través de los años.

Ni que decir de otros políticos de la izquierda, como el diputado de Morena, Gerardo Villanueva Albarrán, cabeza visible de la Unión Popular Benita Galeana, a quien se le ha acusado en diversas ocasiones de invadir predios en litigio, para presionar a los propietarios a vender forzosamente y a “precios accesibles” a los solicitantes de vivienda de ese organismo, que constituyen su clientela electoral.

De nada sirve que la presidenta sostenga que su gobierno preserva la propiedad privada, cuando ella misma está permitiendo que quien invada un departamento del Infonavit sea “apapachado” por su administración. La delincuencia organizada se está frotando las manos, ante el botín que se puso en sus narices desde Palacio Nacional, pensando que se favorece sólo a los desprotegidos y no dejarán pasar esta oportunidad.

EL CASO ZIMAPÁN, VINCULADO A LA SUCESIÓN EN HIDALGO

La historia de una infamia en Hidalgo comienza a esclarecerse. Nuevas pruebas apuntan a una operación política orquestada para fabricar delitos de abuso sexual con fines de venganza personal y desestabilización electoral. En el centro de esta trama están la señora Aylén Trejo Leal, el Sindicato del Cemento y presuntos vínculos en la Secretaría de Gobernación federal.

Aylén Trejo Leal es hermana de Jacqueline de los mismos apellidos y cuñada de Mario Alfredo Espinosa Bernardini. Las dos consanguíneas se confabularon para inventar delitos y esconder a dos pequeñas hijas de Mario y Jacqueline, ya que las menores son herederas de una cuantiosa fortuna familiar.

Mario regresó de Estados Unidos, en donde trabajaba, al enterarse de que sus dos hijas, habían sido objeto de abusos sexuales, situación que fue falsamente presentada por su madre Jacqueline y por su hermana Aylén, con el fin de alejar a toda persona de las menores, debido a la enorme herencia que recibirán.

Fuentes de alto nivel dentro de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía estatal confirman que Aylén Trejo Leal ha manipulado testimonios de menores de edad, falsificado documentos y firmas. Su objetivo no sólo es la persecución personal contra su propio hermano, Arturo Williams Trejo Leal, sino crear un escándalo mediático que incida en el proceso de sucesión del gobernador Julio Menchaca.

Pero el caso va más allá del ámbito familiar. Aylén Trejo Leal ha sido vista recientemente en Zimapán con líderes del Sindicato del Cemento, conocido por sus tácticas violentas y su historial de bloqueos que incluso han paralizado Pachuca. Esta organización sindical, con fuertes nexos en la región, estaría operando para desestabilizar políticamente al estado.

El vínculo con el poder federal también se ha evidenciado. En una reciente conferencia matutina de la presidenta, el reportero Juan Ricardo Montoya fue captado con su teléfono exhibiendo mensajes de WhatsApp con José Neri Ortega, dirigente del sindicato mencionado y la propia Aylén Trejo Leal. En las conversaciones se confirma el montaje de acusaciones falsas y se da por hecho que habrá vinculación a proceso contra Arturo Trejo Leal, como parte de una estrategia política de presión y desgaste institucional.

Las revelaciones son graves y exigen una respuesta inmediata. La utilización de menores de edad para fabricar delitos, la manipulación de medios federales y el uso faccioso de las instituciones de justicia y seguridad, no pueden permitirse en un Estado de derecho.

Zimapán se convierte hoy en el epicentro de una red de complicidades que deben investigarse a fondo. La sociedad merece justicia, no montajes.

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