Historias Surrealistas

La voz de los periodistas frente a los abusos del poder no será callada, por fuertes que sean las acciones en su contra.

El Gobierno de la auto denominada Cuarta Transformación acrecentó la arremetida para que ciudadanos y comunicadores no se atrevan a señalar los errores y la corrupción de los malos servidores públicos del morenismo ni con el pétalo de una línea, tuit, artículo de opinión o nota informativa.

La izquierda no quiere a una prensa libre, independiente y crítica, sólo tolera a quienes escriben y difunden lisonjas, a quienes agachan la cabeza, a quienes informan sobre un México inexistente, en el que todo está bien.

Es producto de un dogmatismo ideológico y, por ello, la izquierda pretende tener la verdad absoluta y castiga ya con diversas penas a los mexicanos que expresan comentarios que sencillamente no les agradan a los gobiernos de cuarta.

México retrocedió casi 60 años, a las épocas de Gustavo Díaz Ordaz, tan repudiado por la izquierda (quien lo fuera a decir), cuando la libertad de expresión fue motivo de encarcelamiento para miles de mexicanos.

El miércoles, día 25 de junio, diversas agrupaciones de periodistas y comunicadores se pararon frente al Senado para repudiar la pretendida reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La Cámara Alta fue testigo mudo y sordo del clamor de los comunicadores.

Adentro, la gran mayoría de los legisladores de Morena y sus aliados mantuvieron oídos sordos a la exigencia de cesar la represión en contra de los periodistas, mediante la ley que censura y restringe la libertad de expresión.

Organizaciones como Reporteros 2025, liderado por el periodista Rafael Flores Martínez, hicieron público un manifiesto en el que repudiaron la reforma mencionada, que otorga todo el poder a una agencia de “transformación” digital, encabezada por José Antonio Peña Merino, bajo el mando directo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y le daría facultades para bajar transmisiones, censurar  y cerrar plataformas digitales, cancelar concesiones de medios electrónicos y hasta crear un padrón de aparatos celulares para ubicar a ciudadanos en tiempo real.

Los periodistas advirtieron los arteros golpes en Campeche, en donde la gobernadora Layda Sansores, arremetió contra el periodista Jorge Luis González; en Puebla, en donde el gobernador Alejandro Armenta, aplica un decreto que censura todo, y en Tamaulipas, entidad en la cual el mandatario Américo Villarreal empleó medidas facciosas en contra del periodista Héctor de Mauleón.

En su manifiesto, los periodistas también denunciaron los casos de censura y persecución en contra de los colegas Lourdes Mendoza, Laisha Wilkins, Carlos Loret de Mola y Salvador García Soto, además de la ciudadana Karla Estrella.

Los periodistas trabajan en deplorables condiciones. Salen a la calle para ejercer una de las actividades más riesgosas, sin saber si serán amenazados, agredidos o hasta asesinados, porqué la única arma con la que cuentan, es una pluma, un celular, un micrófono, una cámara, frente a embestidas de todo tipo.

Hoy en día, los periodistas son objeto de toda clase de agresiones. México está considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

Si avanza el autoritarismo con la Ley Censura, después no habrá medios, pero lo más grave, ni redes sociales, para señalar todas las cosas que están mal en México y que deben cambiarse.

En su escrito, los periodistas exigieron a los senadores, respeto a los artículos sexto de la Constitución (que preserva el derecho a la información y a la libertad de expresión), y séptimo (que define el respeto a la libertad de prensa).

No se permitió a una comisión ingresar al Senado a entregar el manifiesto. Sólo se dio una copia a un representante del PRI que avisó que “afuera había unos periodistas”. Ellos esperan que su propuesta sea subida al pleno senatorial cuanto antes para que su protesta sea tomada en cuenta por los legisladores.

En tanto, permanecen otra vez los oídos sordos, otra vez, la persecución y la censura como en tiempos de Díaz Ordaz. En materia de comunicación, este gobierno se quiere parecer mucho al que había hace casi 60 años.

ENTRAMPADO, EL CASO ZIMAPÁN

A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado que intervendrá en la solución del caso Zimapán, Hidalgo, este continúa sin solucionarse y las víctimas siguen sin encontrar justicia.

Mario Alfredo Espinosa Bernardini, padre de dos niñas, después de tres años, sigue sin encontrar a sus pequeñas, luego de regresar de Estados Unidos, en donde se encontraba laborando: Las niñas estaban al cuidado de su madre, Jacqueline Trejo Leal y de Saúl Camargo, alias “El Chino”, padrastro de las menores.

En torno a las niñas, cuyos nombres se omiten por razones obvias, se tejió una red de corrupción en la que participó su madre, así como la hermana de esta, Aylén Trejo y su esposo Romualdo Lora Ibarra, quienes, apoyados por políticos locales, urdieron una estrategia para alejar a las pequeñas de su padre.

La causa es una cuantiosa fortuna familiar que heredaron las hijas de Mario Alfredo, a quien ahora se le quiere quitar, por la vía legal, incluso el derecho a verlas.

De acuerdo a lo señalado por el progenitor de las niñas, incluso se llegó a inventar un falso expediente por el supuesto abuso sexual de sus hijas, expedido mediante un peritaje falso del médico Jorge Alberto Baños, quien labora en la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo, y quien estaría coludido por las hermanas Trejo, con el fin de quitarle la patria potestad de las menores.

Sin embargo, lamentablemente, de acuerdo con el señalamiento del padre de las niñas, estas si habrían sido abusadas por su padrastro, Saúl Camargo, a partir de lo cual se abrieron nuevas líneas de investigación.

La agresividad ha sido una constante en la familia Trejo Leal, ya que incluso las hermanas Jacqueline y Aylén han presentado denuncias en contra de su consanguíneo Arturo Williams de los mismos apellidos, ex candidato a la alcaldía de Zimapán por Morena.

Desde el 13 de febrero de este año, en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, se revivió el tema. La mandataria prometió que el caso sería analizado por la Fiscalía General de la República, sin que hasta el momento se haya resuelto nada.

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