Historias Surrealistas

México tendrá una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y muchos jueces bajo sospecha.  

En cualquier país democrático del mundo (México dejó de serlo), las “elecciones” en el Poder Judicial hubiesen sido anuladas por la cantidad de anomalías registradas en el proceso, especialmente para definir a los ministros de la Corte.

El reparto de acordeones entre los votantes, orquestado en gran medida por operadores políticos de Morena, según consta en testimonios periodísticos, demuestra que desde el poder se ordenó quienes debían ganar las elecciones.

Esto quedó confirmado porqué los nombres que aparecieron en esos acordeones fueron exactamente los mismos de quienes ganaron los comicios, especialmente para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hace unos días el Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó imponer multas por  un total de 6.3 millones de pesos a 177 candidaturas ganadoras de la elección judicial, a nivel federal y local, debido a su aparición en los llamados “acordeones” físicos y digitales durante la jornada electoral.

 Las sanciones alcanzan hasta los 255 mil pesos, siendo la ministra de la SCJN, Loretta Ortiz, quien recibió la multa más alta.

Durante la sesión del Consejo General del INE, también se aprobó, con una votación dividida de seis votos a favor y cinco en contra, una amonestación pública para aquellas candidaturas que aparecieron en los acordeones pero no resultaron electas. Sin embargo, se rechazó imponerles una multa del 5% del tope de gastos de campaña.

Las sanciones impuestas a los ministros electos fueron calculadas con base en el 10% del tope de gastos de cada elección, tomando en cuenta también la capacidad económica individual de cada persona sancionada. En casos donde una persona acumule varias multas que superen su capacidad económica, podrá cubrirlas en pagos diferenciados, en plazos que definirá la Unidad Técnica de Fiscalización. De no pagarse, los adeudos serán turnados al SAT para su cobro.

En lo que respecta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos sus integrantes electos fueron sancionados con dos multas: una por aparecer en acordeones físicos y otra por presencia en medios digitales.

 Las multas más elevadas se aplicaron a los siguientes juzgadores:

Loretta Ortiz: 255 mil 017 pesos

Yasmín Esquivel: 190 mil 980 pesos

Irene Herrerías: 138 mil 030 pesos

María Estela Ríos: 125 mil 811 pesos

Giovanni Figueroa: 94 mil 358 pesos

Lenia Batres: 89 mil 380 pesos

Arístides Guerrero: 80 mil 555 pesos

Hugo Aguilar (próximo presidente de la Corte): 79 mil 424 pesos

Irving Espinosa Betanzo: 79 mil 198 pesos

La aplicación de las multas dividió a los miembros del INE. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, votó en contra del proyecto, argumentando que no existe sustento legal para calcular las sanciones basándose en los topes de campaña.

Se mostró más preocupada por el monto de las multas, que por la cloaca que afloró en la contienda, en la que se demostró que el poder impuso a los juzgadores.

Añadió que el Instituto puede ser objeto de críticas por las multas, o sea le preocupó más su imagen que la perversión del proceso electoral. Sin duda, ya no es el mismo INE, de prestigio internacional, que se terminó después de las elecciones presidenciales de 2018.

Fue más congruente el consejero Jaime Rivera, quien advirtió sobre la gravedad del uso de estos acordeones, ya que implica intervención de entes con poder, ya sean gobiernos, partidos políticos, gremios asociados a partidos o grupos delincuenciales, todos ellos con prohibiciones legales para intervenir en elecciones

Las limitaciones de tiempo también fueron señaladas como un obstáculo para una investigación más profunda. La consejera Claudia Zavala y el consejero Martín Faz coincidieron en que sólo se contó con mes y medio para investigar el origen de los acordeones, lo cual impidió una indagatoria exhaustiva.

Que incongruencia del INE, cuando aplicó multas a los juzgadores cuyos nombres aparecieron en los llamados acordeones, con lo cual reconoció la ilegalidad de la práctica, pero incongruentemente aplicó multas a periodistas y medios, porqué no proporcionaron las fuentes de información que aseguraban la existencia de esos acordeones, cuya existencia a final de cuentas reconoció el Instituto.

Existen muchas líneas de investigación por seguir, porque definitivamente las autoridades no deben quedarse cruzadas de brazos ante ese tamaño de ilegalidad.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE no pudo identificar el origen ni el costo de los acordeones, pero la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales podría continuar con la investigación. Urge, para que no quede impune esa cadena de delitos electorales que laceran la vida democrática.

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