Historias Surrealistas

·         City Energy denuncia corrupción del INVEA

·         Juez deshonesto en caso Arturo Zárate

Muy grave es la acusación que lanzó la empresa City Energy acerca de que el Instituto de Verificación Administrativa del Gobierno de la Ciudad de México (INVEA), dirigido por Jorge Salvador Esquinca Montaño, los extorsiona con 250 mil pesos para permitir que opere una electrolinera en Coyoacán.

Si este señalamiento es verdadero, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, deberá iniciar una investigación para determinar si en realidad hay un caso abierto de corrupción y fincar responsabilidades a los funcionarios involucrados en este entramado.

Durante la semana que concluye, la empresa colocó mantas en las instalaciones de la electrolinera, ubicadas en Anillo de Circunvalación, número 37, colonia Atlántida, alcaldía Coyoacán, y en calles aledañas, en las cuales se lee la siguiente leyenda para conocimiento del público: “El INVEA nos solicita $250,000 para poder dejarnos operar. Tenemos todos los permisos en orden”.

Sin embargo, precisamente fue el INVEA, entidad del Gobierno de la Ciudad de México, la que clausuró la empresa mencionada, porqué no cumplió con las autorizaciones necesarias para operar.

La compañía estableció un punto de carga para autos y vehículos eléctricos, en la vialidad mencionada, aun cuando no cuenta con el uso de suelo autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX (Seduví), a cargo de Inti Muñoz, porqué sólo se permite en esa zona la categoría de habitacional, de baja densidad, con dos niveles con 40 por ciento áreas libres.

El INVEA colocó los sellos de clausura en las rejas de entrada de la electrolinera y el descaro de la empresa fue tal que, tapando parte de los sellos, pusieron las mantas en las que denuncian una supuesta extorsión por parte del mismo instituto.

Pero la denuncia no quedó sólo en la colocación de mantas, sino que City Energy generó una campaña de tuits en redes sociales para denunciar la supuesta corrupción del INVEA e invitaron a sus clientes a participar en acciones para exigir que la electrolinera sea reabierta.

Los propietarios de autos eléctricos no brindaron su apoyo y la empresa tuvo que recurrir a su personal y a gente pagada, de acuerdo con los vecinos, para bloquear el lunes, con tráileres, Anillo de Circunvalación, desde Tlalpan hasta avenida División del Norte y, este jueves, sobre avenida Río Churubusco, esquina Canarias, para presionar a las autoridades y que la estación de carga sea abierta, aún sin contar con uso de suelo.

Pero no es sólo el INVEA, el que ha clausurado la empresa, sino que también las autoridades de la alcaldía de Coyoacán y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), han colocado sellos. Esta última entidad los puso por violar los decibeles permitidos en una zona habitacional.

La PAOT colocó sellos de suspensión de actividades el 6 de junio pasado, mismos que fueron quebrantados el día 7 de ese mes, por personal del centro que trabajó como si nada hubiera ocurrido. Los empleados también violentaron los sellos de la alcaldía de Coyoacán.

En junio, los empleados de City Energy siguieron prestando su servicio al público y el colmo de las cosas sucedió el 10 de julio, porqué ese día ejecutivos y trabajadores de la electrolinera realizaron una fiesta de “inauguración”, con el uso de fuegos pirotécnicos que pusieron en riesgo a vecinos, porqué la empresa contaba con tanques de combustible para generar electricidad, que aun no les surtía la CFE.

Las estaciones de carga de energía para autos eléctricos carecen de una  regulación adecuada y la empresa se aprovecha de eso para operar un giro considerado de alto impacto, porqué trabaja 24 horas, con todo el ruido que genera, clasificación inexistente en el área de giros mercantiles de la alcaldía de Coyoacán.  

Los vecinos informan que City Energy también desató una campaña difamatoria sobre los colonos que denunciaron las irregularidades de la empresa y los afectados seguramente presentarán medidas legales en contra de la electrolinera.

CASO ARTURO ZÁRATE VITE

Uno de los casos emblemáticos de injusticia cometidos en contra de un periodista, es el que afecta desde hace años a Arturo Zárate Vite, acusado supuestamente de acoso y abuso sexual, delitos no demostrados, cuando se desempeñaba como vocero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En 2012 el juez Eduardo Torres Carrillo violó el artículo 19 de la Constitución al no resolver la situación jurídica de periodista Arturo Zárate Vite en el plazo de las 72 horas establecido por la ley y fue perdonado por el Consejo de la Judicatura Federal que entonces presidía el ahora ministro en retiro Luis María Aguilar.

Ya como magistrado, compitió en las elecciones de 1 de junio pasado para mantenerse con el cargo en el cuarto tribunal colegiado en materia de trabajo con sede en Monterrey. Ganó, pero, el Consejo General del INE descubrió en una primera revisión de sus estudios académicos que no tenía promedio mínimo de 8 en licenciatura ni el promedio de 9 en las materias relacionadas con su especialidad.

Lo salvó el hecho de que estuviera en funciones como magistrado porque la reforma judicial estableció que, para estos casos, el pase era automático para participar en la elección, sin necesidad de examinarse en el respectivo comité de evaluación de ninguno de los distintos poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Por lo tanto, de no suceder nada extraordinario, a partir del 1 de septiembre, una vez que rinda protesta ante el Senado, como lo harán los candidatos y candidatas que obtuvieron su constancia de mayoría, seguirá laborando en Monterrey en el cuarto tribunal colegiado.

De cualquier manera, Torres Carrillo, por sus antecedentes, estaría en la mira del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que reemplazará al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en la vigilancia del desempeño de todos los juzgadores.

Si bien el CJF lo exoneró de haber violado la Constitución, la Recomendación 27/2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que es un documento público, exhibe su incumplimiento.

Textualmente la Recomendación dice: “es de señalarse, que, de la información y las constancias recabadas, se advirtió que hubo un exceso del término de las 72 horas para que las autoridades judiciales resolvieran la situación jurídica del detenido, por lo cual, se dará vista respectiva ante el Consejo de la Judicatura Federal a fin de que en el ámbito de su competencia determine lo procedente”.

Lo que el consejo determinó es que dicho juez no era culpable, con el argumento de que físicamente estaba impedido para cumplir con la ley. El juzgador estaba en la ciudad de México y el periodista detenido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano en el estado de México, a 90 kilómetros de la CDMX.

En otras palabras, en tres días no pudo realizar su trabajo en un sitio que estaba a menos de una hora (transportación por carretera) de su juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales.

La situación tuvo un agravante más porque en ese lapso (cinco días en penal de máxima seguridad) Zárate Vite fue torturado como consta en la misma Recomendación de la CNDH.

Además, hasta la fecha todavía no se explica por qué el periodista y defensor de los derechos humanos, acusado de un delito menor fue llevado a la prisión que se supone es exclusiva para delincuentes de alta peligrosidad.

Luego, al desarrollarse el juicio, el juez Eduardo Torres Carrillo sólo participó en dos de un total de 22 audiencias. Quien hizo prácticamente todo el trabajo, de escuchar a las partes involucradas y a los testigos fue el secretario Alejandro Martínez Moraza. Con ese conocimiento, el secretario elaboró un proyecto de sentencia absolutoria, nada más que el juez le ordenó, por consigna, que tenía que ser condenatoria.

Esta es la historia del juez deshonesto, de acuerdo con las evidencias recabadas, que está a punto de prolongar su estancia en el colegiado de Monterrey.

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