Historias Surrealistas

Rocha: la falsa defensa de la soberanía

El señalamiento del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, nacido en Badiraguato, la misma tierra de “El Chapo” Guzmán, por medio de la red social X, es contundente y define bien el cataclismo: “Este ataque no es únicamente a mi persona, sino al Movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”.

Es la falsa defensa de la soberanía nacional que siempre esgrime la izquierda, la que ahora levantan Morena y sus partidos satélites, desde el menor de sus diputados, hasta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para aventarla como bola de humo para tratar de desvirtuar el recurso jurídico que presentó el gobierno de Estados Unidos.

Debía la Dra. Sheinbaum actuar como presidenta de todos los mexicanos y no como dirigente de un partido, que no lo es en estos momentos. Debía centrarse en el reclamo jurídico y no en una proclama política que distorsiona el recurso legal en contra de Rocha Moya.

La solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa y de 9 funcionarios ligados a él, es el inicio de las acciones de la justicia de la Unión Americana para tratar de desmantelar el poder político mexicano en torno a los carteles, considerados como grupos terroristas y, sin duda, marcará la relación que tenga México con el país vecino, en adelante.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, acusaron  formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros 9 funcionarios y exfuncionarios mexicanos de delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los señalados habrían colaborado directamente con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de "Los Chapitos".

Se presentaron cinco cargos graves que podrían derivar en penas de cadena perpetua o un mínimo de 40 años de prisión, como son conspiración para enviar narcóticos (fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina) hacia Estados Unidos; asociación delictuosa, participación en una red de protección política para facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y apoyo electoral; posesión de armas de uso militar; secuestro y asesinato.

Además del gobernador Rocha Moya, la lista de acusados incluye a:Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena; Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal General del Estado; Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; Marco Antonio Almanza Avilés, director de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras Núñez,  Comisario de la Policía Estatal y a los ex funcionarios José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán.

SHEINBAUM Y ROCHA, DE UN MISMO LADO

Al negar las acusaciones en su contra, Rocha Moya pretende que se trata de un ataque a la soberanía nacional, como si él fuera la soberanía nacional y no un funcionario involucrado en una investigación. Vaya caradura. Si no teme nada, que renuncie al cargo y se ponga en disposición de ser investigado, pero no lo hará, porqué el fuero es su coraza que lo protege.

Para Rocha Moya se dañará a los liderazgos de la 4 T si se le investiga ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué la imagen de este gobierno de izquierda se dañará o que puede haber otros funcionarios que pueden ser indagados?

La presidenta se colocó automáticamente del lado del inculpado. Señaló que no hay pruebas suficientes para cumplir una solicitud de extradición y tiene razón, por el momento, porqué apenas comenzará ese proceso.

Si bien el tratado de extradición entre México y Estados Unidos indica que se deberán presentar pruebas suficientes para actuar en contra de un posible responsable, también menciona que en caso de razón extraordinaria (posibilidad de una fuga, por ejemplo), puede procederse a una detención inmediata, como puede suceder, porqué las autoridades del vecino país ya solicitaron al nuestro, se giren órdenes de aprehensión.

Si así ocurriera, Rocha Moya y quienes, por su cargo de elección popular, detentan fuero, deberán ser sujetos a un juicio de procedencia para retirarles la protección jurídica otorgada a sus cargos, lo cual es un proceso tardado.

Generalmente, se requieren elementos de prueba suficientes para fundamentar la solicitud formal de extradición, pero en casos de detención provisional por urgencia, el tratado puede no obligar a presentar pruebas inicialmente.

La presidenta declaró que esperará al análisis que realiza la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, funcionaria leal a la 4 T (fiscal carnal, le llama el vulgo), para determinar si existen pruebas para que el gobierno mexicano inicie una investigación en contra de Rocha Moya y sus allegados. Yo aquí le adelanto, que eso no sucederá. La justicia mexicana no es imparcial y no actuará en contra de ningún político de la 4T de alto nivel, acusado de narcotráfico.

La mandataria no debía escudarse en la mal entendida soberanía nacional, sino ir a fondo en el combate al narcotráfico que tanto mal causa a todos los mexicanos, sin impedir que para ello se juzgue a políticos inmiscuidos, aunque sean de su partido.

POLÍTICOS EXTRADITADOS A EU

La presidenta y toda la autollamada Cuarta Transformación prendieron las alarmas, porqué uno de los suyos es acusado de cargos muy graves. En el pasado aplaudieron las extradiciones de políticos de otros partidos o ligados a ellos, que fueron llevados a las cortes estadounidenses, acusados de diversos delitos.

Entre los políticos y ex gobernadores priistas extraditados ligados el narco, se ubican: Tomás Yarrington (Tamaulipas): Extraditado desde Italia en 2018 y sentenciado en Estados Unidos en 2023 por lavado de dinero. Mario Villanueva Madrid (Quintana Roo): El primer exgobernador mexicano en ser extraditado (2010), cumplió sentencia por narcotráfico y regresó a México en 2017.Eugenio Hernández (Tamaulipas): Aunque fue detenido con fines de extradición, el proceso ha enfrentado diversas etapas legales en México.

 Y ni qué decir de Genaro García Luna: Exsecretario de Seguridad Pública, con Felipe Calderón, detenido en Estados Unidos (no extraditado) y sentenciado en 2024 a más de 38 años de prisión por nexos con el Cártel de Sinaloa.

En esa lista negra, también se ubica Salvador Cienfuegos: Exsecretario de la Defensa; detenido en Los Ángeles en 2020, pero con cargos retirados tras presión diplomática, impulsada por Andrés Manuel López Obrador, para que fuera investigado en México, y finalmente exonerado.

PONGAN SUS BARBAS A REMOJAR

Había señales claras de que la Casa Blanca emprendería acciones legales en contra de Rocha Moya. Sólo era cuestión de saber cuando ocurriría. La solicitud de extradición ya está sobre el escritorio del bisoño canciller, Roberto Velasco, convertida en una verdadera bomba que amenaza en estallar y causar daños por todos lados de la relación con el vecino país.

La petición del gobierno estadounidense es el primer paso para ir en contra de los políticos, que protegen a los carteles del narco. Las estructuras de Morena son las que tiemblan en estos momentos, porqué muchos de sus políticos han sido acusados de tener nexos con el crimen organizado. Trasciende incluso que el hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, se encuentra en la mira de la Casa Blanca y se especula incluso con el nombre de Manuel Bartlett Díaz, a quien se le acusa desde hace años de estar inmiscuido en la ejecución del agente de la DEA, Alfredo “El Kiki” Camarena y de nexos con el Cartel de Guadalajara.

En el rancho La Chingada, de Palenque, Chiapas, en donde pretendidamente vive el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien mandaba abrazos a los capos, en lugar de llevarlos ante la justicia, hay preocupación. La oposición política lo acusa de haber mantenido vínculos con el narco. Que era probada su amistad con El Chapo Guzmán, a quien se refería como “Don Joaquín”, y con la madre de este eran evidentes, producto de lo cual hizo personalmente trámites ante las autoridades estadounidenses para que el capo fuera bien tratado en la cárcel de Nueva York en la cual se encuentra. Un presidente de la República convertido en personero de un narco, vaya.

Se recuerda, como llegó al extremo de afirmar que su gobierno defendía a los líderes delincuenciales, porqué también “son seres humanos”. Nunca se reunió con familiares de desaparecidos. Con la familia de “El Chapo”, sí. Hoy esos hechos, reviven en la actual etapa en la que Estados Unidos empezó una cacería legal sobre el primer funcionario morenista acusado de proteger a los narcotraficantes.

Veremos hasta donde llega todo.

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