Historias Surrealistas

Marina del Pilar: la sombra de la sospecha

El escándalo de los audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en donde establece un pacto con supuestos intermediarios del FBI para proporcionarles información sobre medidas de seguridad pública en esa entidad, refleja el grado de corrupción prevaleciente en las más altas esferas del poder de nuestro país.

Por donde sea que se quiera ver, las grabaciones, que la mandataria ya reconoció como verídicas, la dejan mal parada, ya sea como una política inexperta que se dejó engatusar por sus interlocutores que, según dice ella, ni siquiera demostraron pertenecer al FBI o, en el peor, de los casos, como una gobernadora que colabora con entidades de un gobierno extranjero.

Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum, aplica un doble rasero, como lo ha hecho varias veces en su administración, pues instrumenta una investigación en contra de la gobernadora  de Chihuahua, Maru Campos, acusada de permitir el ingreso de agentes estadounidenses para destruir un narco laboratorio, y no la baja de “vende patrias”, mientras exculpa a la militante de Morena, Marina del Pilar, de cualquier responsabilidad por entregar información  a miembros de una corporación de Estados Unidos, como es el FBI.

La presidenta aplica directamente, ni más ni menos, la frase atribuida a Porfirio Díaz: “Para mis amigos, gracia y justicia; para mis enemigos, todo el peso de la ley”.

Para quien no sepa, el periodista Héctor de Mauleón difundió una serie de grabaciones clandestinas en las que se escucha a la gobernadora conversar con personas que se identificaron como intermediarios de agencias estadounidenses, presumiblemente del FBI.

En los audios, Ávila Olmeda muestra una profunda preocupación por la posibilidad de enfrentar acusaciones legales o una extradición por lavado de dinero, derivado de las tensiones con Washington tras la revocación de su visa estadounidense y la de su esposo.

Según los reportes, la gobernadora consultó escenarios jurídicos a través de su abogado estadounidense, Michael Nadler, y abrió la puerta a colaborar ofreciendo información recabada en las mesas de seguridad locales.

La mandataria estatal reconoció la autenticidad de la plática, pero argumentó que "fue una trampa" tendida por el ex gobernador Jaime Bonilla. Afirmó que los interlocutores nunca se acreditaron formalmente como funcionarios del gobierno de Estados Unidos y negó rotundamente haber pactado acuerdos ilegales "en lo oscurito" o haber vulnerado la soberanía nacional.

Los partidos de oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) arremetieron fuertemente contra el gobierno estatal y la llamada Cuarta Transformación.

Señalaron que ofrecer información de seguridad nacional a agencias extranjeras constituye una abierta "traición a la patria", por lo cual exigieron formalmente la separación inmediata de su cargo para que sea investigada penalmente y removida de las mesas de seguridad pública.

Reportes periodísticos previos ubicaban a la gobernadora en supuestas listas de investigación del Departamento de Estado de la Unión Americana por presuntos nexos con fracciones del crimen organizado y es por ello que toma fuerza la versión de que la mandataria está preocupada de que pueda avanzar una indagatoria en su contra.

La presidenta de México, junto con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, salieron en defensa de la gobernadora para contener la crisis.

Sheinbaum descartó abrir una investigación en su contra, argumentando que las aclaraciones públicas de Marina del Pilar son suficientes y alegó que no hay pruebas de que los interlocutores fueran realmente funcionarios de Estados Unidos ni de que se hubiera comprometido información de seguridad nacional sensible, mientras que en el caso de Maru Campos arremete con toda la fuerza de su gobierno.

Harfuch reiteró que en las grabaciones no se infiere la entrega de datos confidenciales. No obstante, críticos y opositores han calificado este respaldo como un blindaje político, comparándolo de forma negativa con otros casos estatales donde la colaboración con agencias de Estados Unidos es duramente castigada por la presidenta Sheinbaum.

LA GUERRA CON BONILLA

Marina del Pilar señala que el encuentro con los supuestos representantes del FBI ocurrió a finales de 2025 bajo engaños. Afirmó que Bonilla le ofreció intermediarios en Estados Unidos para resolver la cancelación de su visa de turista, pero que todo se trató de una "emboscada política" grabada ilícitamente para desacreditarla. Dicho coloquialmente, Bonilla “la chamaqueó”.

El ex gobernador desmintió categóricamente haber operado dicha reunión y aseguró que la gobernadora padece "crisis de pánico", debido a las investigaciones reales que pesan sobre ella en el extranjero.

El conflicto entre ambos políticos se remonta a 2021, cuando Marina del Pilar asumió la gubernatura y no integró a ningún miembro del equipo cercano de Bonilla a su administración.

Esta exclusión dejó al exmandatario sin influencia directa sobre las decisiones del estado y ante el creciente distanciamiento, Bonilla abandonó Morena y tomó el control político del Partido del Trabajo (PT) en Baja California, convirtiéndose en el principal opositor de la mandataria desde la misma coalición federal.

Es decir, en Baja California, la Cuarta Transformación se encontraba ya con el enemigo en casa, como la serpiente que se muerde la cola.

El gobierno de Marina del Pilar impulsó investigaciones contra la gestión anterior e interpuso una denuncia penal por los presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y desvío de recursos.

Acusó a la administración de Bonilla de comprometer las finanzas estatales mediante un contrato ilegal para construir una planta fotovoltaica en Mexicali que nunca se ejecutó, generando un daño proyectado millonario. Bonilla permanece vinculado a proceso por este expediente.

En el escándalo de Baja California hay muchas cosas que aclarar. Lo grave del tema es que la misma mandataria ya reconoció que sí son ciertas las grabaciones. Si es cierta la supuesta “trampa” que le tendió Bonilla, deberán determinarse las consecuencias legales de ese acto para los dos. Una gobernadora no puede ser tan bisoña como para dejarse engañar por alguien que es un declarado enemigo político.

Si la conversación fue con conocimiento de la mandataria de lo que estaba haciendo, las consecuencias son altísimas, porqué estaríamos hablando de una gobernadora que comparte información sobre acciones de seguridad que debían ser confidenciales por su evidente importancia.

Como se vea, Marina del Pilar tiene encima de ella la sombra de la sospecha.

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