Historias Surrealistas

Huachicol: protección oficial

El huachicol es un delito imparable en el que están inmiscuidos bandas criminales y funcionarios públicos que se volvieron millonarios con dicho ilícito, por lo cual se mantendrá como una fuerte sangría para las finanzas públicas, porqué ese botín no lo dejarán ir.

Lo peor del caso es que no se ve una voluntad real del gobierno de la Cuarta Transformación por llegar al fondo para llevar ante la justicia a los “servidores públicos” de alto nivel involucrados, porqué forman parte de su mismo movimiento.

Hablando de manera llana, el huachicol y, sobre todo, el de modalidad fiscal, se convirtió en el gran negocio para quienes se saben protegidos por el poder, pues reparten parte de sus ganancias ilegales entre las mismas estructuras oficiales.

La información más reciente sobre la red de huachicol fiscal en México revela un escándalo de gran escala que involucra a altos mandos militares, exfuncionarios y fuertes acusaciones cruzadas entre figuras políticas de primer nivel.

El gobierno federal, en una rueda de prensa conjunta entre la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó el desmantelamiento de una red de contrabando tras el decomiso de 10 millones de litros de diésel procedentes de Estados Unidos, en Tampico, Tamaulipas.

Como resultado de un operativo, 14 personas fueron capturadas: La lista incluye a empresarios, exfuncionarios de aduanas y cinco marinos en activo, entre ellos un vicealmirante de la Semar, además de un marino retirado.

De acuerdo con las indagatorias de la FGR, la red permitía el ingreso ilegal de buques cargados de combustible cobrando sobornos de 1.7 millones de pesos por embarcación.

Se utilizaba documentación falsa (registrando el combustible como lubricantes o aditivos para evadir el IEPS) y revisiones aduanales simuladas. La investigación destapó depósitos millonarios, adquisición de bienes de lujo y operaciones financieras irregulares.

Este es sólo otro eslabón de la larga cadena en que se ha convertido el huachicol fiscal, delito que ha generado pérdidas al erario federal por 600 mil millones de pesos aproximadamente, 20 veces mayor al desfalco de Segalmex.

El huachicol fiscal escaló al terreno político con acusaciones severas de miembros de la oposición en el Senado, encabezados por el PAN, quienes exigieron formalmente investigar al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando que un fraude de tales dimensiones en la Marina no pudo ocurrir sin el conocimiento de los más altos niveles de su gobierno.

Y yo recuerdo aquella frase de las muchas que usaba López Obrador, cuando quería señalar a cualquier ex presidente de los delitos de alto impacto cometidos durante sus administraciones: “ningún delito fuerte se comete, si no se entera el presidente”.

Seguramente, y siguiendo su premisa, él estaba enterado del huachicol fiscal cometido por los sobrinos de quien era su secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, a quien, por cierto, se le ha exculpado, sin investigar a fondo, de su posible responsabilidad en este delito de grandes proporciones.

Pero en el huachicol no sólo se involucra a funcionarios ligados al gobierno de Morena, sino a personalidades de otros partidos, como sucede con la investigación realizada en contra del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.

¿A dónde ha parado tanto dinero evadido al fisco, aparte de las cuentas bancarias de los criminales y de los funcionarios corruptos implicados?

El ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó a gobiernos estatales actuales y grupos criminales de financiar campañas políticas mediante este esquema, mientras que legisladores de Morena mantienen denuncias en su contra por presuntamente legalizar operativos aduanales ilícitos en su administración mediante la creación del SAT local en 2020.

DETECTAN LA MAYOR CARGA

Y en esta cadena interminable, apenas ayer autoridades federales y estatales aseguraron más de 59 millones de litros de huachicol, compuesto por diésel y gasolinas, durante un operativo ejecutado en la comunidad de La Fragua, municipio de San José Iturbide, Guanajuato.  

En un operativo conjunto entre fuerzas federales, la FGR y la Secretaría de Seguridad del Estado de Guanajuato pudieron incautar bienes e inmuebles Incautados. Además del combustible almacenado, las autoridades aseguraron diversos implementos logísticos utilizados para la distribución del hidrocarburo:10 tanques de almacenamiento de gran capacidad y contenedores diversos de transporte.

Una vez más, las autoridades locales y las federales afirmaron que “se llegará hasta las últimas consecuencias”, pero el delito seguirá, porqué es protegido por funcionarios corruptos que lo protegen.