Historias Surrealistas

El linchamiento contra jueces independientes

En agosto de 2024, la entonces jueza de Distrito, Martha Eugenia Magaña López, concedió una suspensión de oficio para frenar temporalmente la discusión parlamentaria de la reforma judicial que en aquel momento se discutía en la Cámara de Diputados. Actuó conforme a derecho en el uso de sus facultades, pero su determinación le salió cara.

El presidente Andrés Manuel López Obrador montó en cólera. Como se atrevía una jueza a obstaculizar su propuesta para que los integrantes del Poder Judicial fueran votados, como si se tratara de un puesto de elección popular cualquiera.

En los últimos dos años hemos visto la consecuencia de la medida populista: arribaron personajes ignorantes, sin carrera en el Poder Judicial y, lo que es peor, sin conocimientos necesarios para ser jueces, magistrados o ministros, pero eso sí plegados a lo que dicte el Poder Ejecutivo.

Por órdenes presidenciales, en 2024 la Secretaría de Gobernación, a cargo de Luisa María Alcalde Luján, actuó en contra de Martha Eugenia, con el argumento de que la juzgadora contravino la Ley de Amparo y desacató criterios de la Suprema Corte, con lo cual enfrentaría sanciones que contemplaban la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La embestida del poder presidencial en contra de la jueza era clara. Su persecución tenía objetivo intimidar a todos los integrantes del Poder Judicial que se atrevieran a mover un dedo en contra de la controvertida reforma.

La defensa de la jueza Magaña y organizaciones que la apoyaron, como la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJAC) sostienen que el caso era parte de una represalia política y selectiva.

Ante un panorama tan adverso, la jueza Magaña decidió renunciar a su cargo e irse a vivir a España; sin embargo, el proceso en su contra continúa y ayer se preveía su comparecencia en audiencia ante el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), órgano nacido de esa reforma, encargado de vigilar, investigar, evaluar y sancionar el desempeño de los integrantes del Poder Judicial, sustituyendo las tareas disciplinarias que antes correspondían al Consejo de la Judicatura.

En entrevista con el medio La Silla Rota, Martha Magaña acusó persecución política y un mensaje para amordazar a los jueces y saber qué les puede pasar si sus resoluciones van en contra de los intereses del Ejecutivo.

El Tribunal de Disciplina Judicial puede inhabilitar a Magaña para ocupar un nuevo cargo en el ámbito que se desempeñaba, pero a ella no le preocupa, porqué no aspira ya a tener algún nuevo puesto.

Lo insólito del caso es que a Magaña la está juzgando un organismo que no existía en tiempos que ella dictó un laudo, lo que es a todas luces violatorio al marco de derecho y lo doblemente insólito es que, por ley, ningún recurso es procedente contra las determinaciones del Tribunal, y eso deja indefensos a los acusados, de acuerdo a los propios dichos de la jueza.

Es decir, los jueces, magistrados y ministros están en manos de un Tribunal que puede actuar en su contra, sin que ellos puedan literalmente defenderse. Sólo en las peores dictaduras sucede esto. Ese es el tamaño de la monstruosidad del Poder Judicial construido por López Obrador.

Toda proporción guardada, es similar a las investigaciones del Santo Oficio en tiempos de la colonia, en las que el acusado no tenía posibilidad alguna de defensa y se iba directito a la hoguera.

JUECES PERSEGUIDOS

Una investigación reciente del diario El Universal revela que, a un año de establecido, el Tribunal de Disciplina Judicial abrió 248 expedientes en contra de jueces, magistrados, secretarios y personal administrativo.

De ese total, hay 95 sanciones firmes y resoluciones concluidas que han afectado de forma directa a 75 servidores públicos. Se mantienen 173 investigaciones formales y hay 173 investigaciones en curso. El total de integrantes del Poder Judicial sancionados o bajo indagatoria es de 248.

Sin duda, esas medidas, lejos de generar una mejor impartición de justicia y de sancionar a los miembros del Poder Judicial que incurran en malas praxis, representan un mecanismo de intimidación que debilita las garantías ciudadanas y la división de poderes.

Magaña y otros afectados consideran que las investigaciones en su contra buscan “amordazar" a los juzgadores en funciones y enviar un mensaje de castigo para evitar resoluciones independientes que resulten incómodas al Poder Ejecutivo.

Como en los peores tiempos de Venezuela, de Nicaragua, como en los peores tiempos del PRI autoritario, que controlaba a los tres poderes de la Unión, son los tiempos que ahora se viven en la justicia, con jueces que trabajan bajo consigna y magistrados a modo del mandato que emana desde Palacio Nacional.