Historias Surrealistas

La ONU coloca reflectores sobre desaparecidos

La crisis humanitaria desatada por la desaparición forzada de personas en México ya no puede ser maquillada ni contenida en nuestro país y se agravó como un escándalo internacional, que nada gusta al gobierno de la 4 T.

La tragedia nacional alcanzó el foro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde la comunidad internacional pudo constatar que la desaparición de mexicanos se mantiene como un grave problema que no se puede frenar, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por tratar de convencer que se ha avanzado de manera importante en su solución.

El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), el jurista ecuatoriano, Juan Pablo Albán, presentó recientemente el caso de México ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, encargada de asuntos sociales, humanitarios y de derechos humanos.

La decisión marcó un hecho inédito, pues es la primera vez que el organismo utiliza el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas para ser aplicado en nuestro país.

La postura del Comité provocó fricciones directas con el Gobierno mexicano, pues la presidenta Claudia Sheinbaum, calificó el informe del organismo internacional de "sesgado y tendencioso", argumentando que las desapariciones están ligadas al crimen organizado y no a una política de Estado.

Juan Pablo Albán defendió enérgicamente la autonomía de su gestión con una consigna clara: “Nosotros no estamos allí para ser amigos, nosotros estamos ahí para velar por los intereses de las víctimas”, señaló de manera tajante y contundente.

El procedimiento busca que la comunidad internacional examine qué tipo de apoyo puede ofrecer a México para enfrentar la crisis, que incluye labores de búsqueda, investigación, identificación forense y protección a familiares de las víctimas.

El CED activó el mecanismo tras analizar información presentada por organizaciones civiles y documentar indicios de desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada o sistemática, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Entre los casos revisados por organizaciones defensoras de derechos humanos se encuentran situaciones documentadas en Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, así como señalamientos sobre la participación de agentes estatales o de grupos que habrían actuado con apoyo, autorización o consentimiento de autoridades.

El Comité ya había advertido sobre la gravedad del problema en México. En 2022 señaló la persistencia de desapariciones, los altos niveles de impunidad y las dificultades estructurales para buscar a las personas e investigar los casos.

La controversia también se relaciona con la forma en que el Gobierno contabiliza los casos. En marzo de 2026, las autoridades presentaron una nueva interpretación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, cambios que generaron críticas de colectivos de búsqueda por la metodología y la falta de transparencia.

Albán aclaró ante la Asamblea General de la ONU que el traslado del caso a los foros de Nueva York no busca sancionar ni descalificar políticamente al Gobierno de México. El propósito central es movilizar recursos, transferencia de conocimientos y tecnología avanzada (como laboratorios genéticos y uso de drones) que auxilien al país a resolver un problema que ha desbordado sus capacidades institucionales.

El Comité reconoció de forma oficial los esfuerzos recientes del Estado mexicano, extendiendo una felicitación por la implementación de estrategias que permitieron la localización de 16 mil personas en el último año. Sin embargo, Albán precisó que estos logros institucionales no reducen la gravedad de la situación actual, situación que no agrada a Claudia Sheinbaum.

Claro que la crisis de personas no localizadas se mantiene como un problema grave, en nuestro país, pues pese a los mexicanos ubicados, aún permanecen alrededor de 120 mil mexicanos desaparecidos en el registro nacional.

Y lo que es preocupante, el Comité de la ONU activó su procedimiento, tras observar que, entre noviembre de 2021 y abril de 2025, la lista de desaparecidos sumó más de 36 mil nuevos casos. Dicho de manera clara, las desapariciones en lugar de frenarse, se mantienen.

Y lo que es más grave, muchos desaparecidos son asesinados, a tal grado que los restos humanos sin identificar en posesión de los servicios forenses se elevaron de 52 mil a 72 mil cuerpos en el periodo mencionado en el párrafo anterior.

Para rematar su análisis sobre lo profundo del fenómeno de los homicidios en México, el jurista alertó que los índices de impunidad frente a este delito continúan rebasando el 98 por ciento.

La presentación ante la Asamblea General abre distintas posibilidades. Entre ellas, que los países miembros soliciten al Gobierno mexicano aceptar o ampliar la cooperación internacional, ofrecer asistencia técnica y financiera, o compartir herramientas y experiencias para fortalecer las investigaciones.

También existe la posibilidad de que el asunto sea remitido al Consejo de Derechos Humanos para examinar otras medidas, como la creación de un mecanismo especializado. Sin embargo, estas opciones no son decisiones automáticas y dependerán de lo que determinen los órganos de la ONU.

El propio Albán ha señalado que el procedimiento no constituye una declaración de responsabilidad internacional contra México ni sustituye a las autoridades nacionales. Tampoco impone sanciones por sí mismo

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado la decisión del Comité al considerar que realizó una interpretación jurídica incorrecta de la situación mexicana.

La administración federal sostiene que México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero rechaza las conclusiones del CED sobre los indicios de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas.

Dicho de manera directa, a Claudia Sheinbaum no le gusta que la ONU ponga los reflectores sobre la tragedia (no se le puede llamar de otra manera) de las desapariciones. No quiere que se comente ni se analice nada. Pretende tapar el sol con un dedo, como si las noticias diarias de desaparecidos sólo existieran en los medios de comunicación y no en la realidad. Así de extraviada es la postura del gobierno mexicano.

Si 120 mil mexicanos desaparecidos no habla de una práctica sistemática ¿Cuántas personas deben desaparecer para que Sheinbaum lo considere como un problema grave?