Las lecciones vivas del mtro. Jesús Silva Herzog
La caída de Samuel García
A inicios de este año, el 18 de enero para mayores señas, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se mostraba triunfalista, al dar a conocer en sus redes sociales los resultados de una encuesta en la que obtuvo 66.8 % de respaldo ciudadano para que sea candidato presidencial en 2030. Ahora le cambió por completo la vida.
A Samuel ya se le cayeron las alas para pretender ser el aspirante a la silla grande por Movimiento Ciudadano. El escándalo del presunto desvío de más de 1,696 millones de pesos al despacho de su padre, le cerró cualquier posibilidad.
Al movimiento naranja no le conviene tener a un aspirante tan emproblemado y con una imagen cada vez más deteriorada. Ante ese panorama, se fortalece la figura de Luis Donaldo Colosio Riojas, como el abanderado de MC para la contienda de la primera magistratura.
El periodo constitucional de Samuel García como gobernador de Nuevo León concluye el 3 de octubre de 2027 y es posible que hasta ahí llegue la carrera del mediático político “fosfo-fosfo”.
Tras desistir de su precandidatura presidencial en diciembre de 2023 por conflictos políticos con el Congreso local en torno a la designación de un gobernador interino, Samuel García anunció en ese mismo mes que competiría por la Presidencia de la República en las elecciones de 2030 y mantuvo esa intención hasta que el panorama cambió radicalmente.
El descrédito lo agobia ahora que investigaciones periodísticas, con base en información de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASE), revelan una presunta triangulación de más de 1,696 millones de pesos de proveedores del gobierno estatal hacia el despacho jurídico de Samuel Orlando García Mascorro, padre del mandatario neoleonés.
De acuerdo con los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2025 presentados en noviembre de 2026, el caso involucra tanto a dependencias estatales que otorgaron jugosos contratos públicos a contratistas privados.
Y el caso no es para menos. De acuerdo con el informe de la ASE presentado por el auditor Alejandro Reynoso Gil, se detectaron 786 transferencias bancarias por 1,696.6 millones de pesos hacia la Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyFA), despacho fundado y operado por el padre del mandatario.
Al sumar 418.8 millones de pesos en rendimientos financieros generados por ese capital, el monto total bajo investigación asciende a 2,115.4 millones de pesos.
Las investigaciones del órgano fiscalizador rastrearon el dinero desde contratistas de obra pública, empresas comercializadoras y firmas de consultoría que recibieron contratos del Gobierno de Nuevo León y posteriormente transfirieron recursos a la firma familiar.
Es decir, si las cosas son como parecen, el gobernador Samuel García estuvo entregando contratos de obras públicas y el despacho de su papá fue quien recibió el dinero de esos beneficios, lo que representaría, en caso de comprobarse un escandaloso caso de corrupción.
Las auditorías también señalan operaciones vinculadas al DIF Nuevo León (donde 23.2 millones de pesos pasaron por empresas filiales antes de llegar al despacho jurídico), así como compras de medicamentos oncológicos en el Isssteleón y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR) también mantienen abiertas indagatorias por presuntas triangulaciones y operaciones con empresas fantasma.
LA OPOSICIÓN ESTALLA Y SAMUEL SE DEFIENDE
Los partidos de oposición en Nuevo León —Morena, PAN y PRI— han utilizado los hallazgos periodísticos y de la ASE para exigir sanciones penales y políticas contra la administración estatal.
La dirigencia estatal de Morena en Nuevo León, encabezada por Anabel Alcocer Cruz, acudió a la Fiscalía General de la República para exigir que se investigue a Samuel García y a su entorno familiar por presunta delincuencia organizada, lavado de dinero y desvío de recursos públicos.
Diputados de oposición en el Congreso de Nuevo León impulsaron la reactivación e inicio de procesos de juicio político contra el mandatario, argumentando que las pruebas documentadas por la auditoría estatal confirman un conflicto de interés y un esquema sistemático de apropiamiento de dinero del erario.
Legisladores locales han señalado la gravedad de que parte de los fondos rastreados provengan de rubros destinados a asistencia social (DIF) y salud pública lo que resulta alarmante, por tratarse de rubros sensibles para la ciudadanía.
En tanto, Samuel García ha rechazado de manera categórica las acusaciones provenientes tanto de la prensa como de los órganos de fiscalización y de los partidos opositores.
El mandatario sostiene que los recursos captados por el despacho de su padre corresponden estrictamente a servicios profesionales entre particulares y dinero privado, negando que provengan del presupuesto público.
García ha calificado los señalamientos de Morena, PAN y PRI como "refritos y politiquería". Sostiene que se trata de una ofensiva mediática y fiscal orquestada por sus adversarios políticos de cara al proceso electoral para la gubernatura de Nuevo León en 2027.
Samuel afirma que "no tiene nada que esconder", asegura que las cuentas y operaciones ya fueron auditadas y solventadas en ejercicios anteriores, y sostiene que la ASE local actúa bajo consigna política de la oposición en el Congreso estatal.
El tema resulta por demás escandaloso y tendrá que realizarse una investigación a fondo y pulcra para determinar si se trata de una difamación en contra del mandatario 0 si, por el contrario, es un caso de corrupción que debe ser castigado, sin importar que se trate de un familiar del actual mandatario estatal, caso en el cual él mismo se vería involucrado. Veremos que pasa.




