Historias Surrealistas/Javier Velázquez

AMLO, abrazos y delincuencia

“¡¡Paren todo, ya me entregué!!”, gritó Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, a los militares que lo aprehendieron el 17 de octubre de 2019, en la capital de Sinaloa… y se paró todo, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que fuera dejado en libertad.

La última vez que fue visto, Ovidio vestía una camisa fina, de marca, de color azul celeste. Un escapulario colgaba de su pecho, un “detente”, que fue efectivo para que los soldados lo dejaran libre como el viento.

El operativo se ordenó para cumplimentar una petición de extradición de una corte estadounidense y no por una orden de aprehensión de autoridades mexicanas. ¿Cómo es posible esto, cuando se trata de un personaje con múltiples denuncias en su contra, presentadas en territorio nacional?

Conocido como “El Culiacanazo”, ese operativo fallido, que puso de rodillas al gobierno mexicano frente al principal cartel mexicano, como lo observan muchos, vuelve a extender sus sombras de sospecha.

El ofrecimiento del gobierno de Estados Unidos de pagar 5 millones de dólares a quien proporcione información que conduzca a la captura de cada uno de los hijos de Joaquín, El Chapo Guzmán, puso en entredicho nuevamente la postura de la administración de Andrés Manuel López Obrador, respecto a este cartel.

Como en el viejo Oeste, el gobierno de Estados Unidos puso precio a las cabezas de Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y de Joaquín Guzmán López, hijos del conocido narcotraficante.

Las respuestas del presidente sobre el tema no podían ser de otra manera. “Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos es a la autoridad nuestra, no se permite a ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia… Nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo”.

En su conferencia mañanera, sostuvo que para su gobierno se mantiene como un objetivo la captura de los hijos de Guzmán Loera, aunque la necia realidad ya desmintió esta supuesta meta.

“Si hicimos bien, si hicimos mal, ya la historia lo dirá. Yo fui el que tomé la decisión de parar el operativo”, reiteró, como lo dijo ese octubre de hace dos años.

Fue evidente que, en las redes sociales, los furibundos defensores a ultranza del presidente, en esta ocasión ya no tuvieron muchos argumentos, como lo han hecho cuando se trata de otros temas. Fuera de las evidentes granjas de bots, que en automático apuntalan todos los dichos del mandatario, los amlovers prácticamente permanecieron callados.

¿Qué decir cuando el presidente afirmó que él mismo dejó libre a Ovidio, para evitar que supuestamente se desatara una masacre?

¿Cómo creer que su gobierno tiene como objetivo prioritario la captura de los vástagos del líder del cartel de Sinaloa, cuando no existe una estrategia clara para su aprehensión y el propio presidente de la República trata con tanta familiaridad a la propia madre de Guzmán Loera? ¿Qué busca el presidente con todo ello?

Preguntas sin respuesta que, sin embargo, sólo hace despertar sospechas de millones de ciudadanos que, en su mayor parte, contrastan los dichos con los hechos.

Pero la actitud displicente del gobierno de México, en el caso del cartel de Sinaloa, no es única. En su conferencia del 26 de febrero pasado, AMLO dio instrucciones a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, para que recibiera en audiencia al rumano, Florian Tudor, alias El Tiburón, quien se quejaba de ser chantajeado por funcionarios a cambio de que no fuera perseguido.

Rodríguez Velázquez sostuvo una reunión con Tudor, presunto líder de la mafia rumana clonadora de tarjetas, como con “cualquier ciudadano”. La funcionaria sostuvo que recibió al presunto líder de la mafia rumana en México y se le dio garantía de audiencia con la Unidad de Inteligencia Financiera.

Aclaró que contra Tudor no existía una orden de aprehensión, por lo que escuchó sus “alegatos”. La secretaria afirmó que su caso lo llevaba la Fiscalía General de la República.

La Fiscalía anunció el 27 de mayo de este año la detención de Tudor, en cumplimiento de una solicitud de arresto con fines de extradición, formulada por el Gobierno de Rumania, por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio. Es decir, como en el caso de Ovidio, se actuaba por petición de un gobierno extranjero y no por una pesquisa de autoridades mexicanas.

Se investigaba a Tudor por encabezar a una banda delincuencial grande que clonaba tarjetas de crédito en Quintana Roo, Yucatán, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México. Aún así Rosa Icela recibió a Tudor.

El 28 de julio, Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, validó la detención de Tudor y ordenó su formal prisión por cuatro delitos: creación de un grupo delictivo organizado; instigación a chantaje; chantaje e instigación a la tentativa de homicidio agravado y el 23 de agosto decretó su formal prisión con fines de extradición.

Lamentablemente, la corrupción en este caso no paró. Fuentes policiacas indican que en Quintana Roo se mantiene la clonación de tarjetas por parte de delincuentes ligados a Adrián Ninel Enaschescu, hermanastro de Tudor. La UIF notificó que las cuentas bancarias de este individuo, ya fueron bloqueadas, pues está denunciado por lavado de dinero y delincuencia organizada.

En octubre de 2020, levantó ámpula la aprehensión en Estados Unidos, del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y su posterior liberación a petición de Andrés Manuel López Obrador.

La Operación Padrino”, como se conocía en los bajos fondos a Cienfuegos, iniciada por Estados Unidos para detenerlo, acusado por narcotráfico y posteriormente su traslado a México, no dejó resueltos todos los enigmas sobre la probable actuación del general en el tráfico de estupefacientes.

Hace casi un año, la Fiscalía General de la República exoneró a Cienfuegos de cualquier delito, determinación que fue avalada y respaldada por el Gobierno de México, “porque sostenemos que debe terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no puede haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos», dijo en su momento el presidente.

La máxima de abrazos y no balazos para los delincuentes, es incomprensible y se mantiene como una afrenta para millones de mexicanos, muchos de ellos víctimas del hampa.

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