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Teléfono rojo
Armas de EU que deja entrar México
A la periodista mexicana Miroslava Breach Velducea la asesinaron con una pistola calibre .38, fabricada en Estados Unidos que tenía grabadas en sus cachas el rostro del revolucionario Emiliano Zapata, con su famosa cita: “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado” y ella, aguerrida crítica de la delincuencia, falleció de pie.
El arma, con la cual mataron a la periodista chihuahuense el 23 de mayo de 2017, era parte de un pedido especial que hizo el Grupo Los Salazar, vinculado al Cartel de Sinaloa, a productores de Estados Unidos.
Y es que sigue sin freno el río de rifles y pistolas proveniente de la Unión Americana, que ha surtido siempre a los grupos armados delincuenciales o políticos.
Al periodista Javier Valdez, lo arrodillaron para propinarle 12 balazos, el 15 de mayo de 2017, en Culiacán, Sinaloa, con pistolas .9 milímetros y .38 super, producidas en Estados Unidos y parte del pago de ese homicidio, más 100 mil pesos adicionales, fue una pistola, propiedad de Los Dámasos, con incrustaciones de oro y diamantes.
Sin saberlo, Valdez firmó su sentencia de muerte cuando publicó en el medio Río Doce, fundado por él, que Dámaso López Serrano, alias el Mini Lic, quien disputaba el liderazgo del Cartel de Sinaloa a Alfredo e Iván Guzmán, hijos de Joaquín Guzmán Loera, era un “pistolero de utilería”.
El gobierno de México denunció también que las armas usadas en el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el 26 de junio de 2020, en la Ciudad de México, pudieron provenir de Estados Unidos.
El rifle Barrett calibre 50, usado en ese atentado, también conocido como Barrett M82A1, estandarizado por el ejército de Estados Unidos como el M107 y capaz de derribar helicópteros, explica el daño al vehículo del secretario con el blindaje número 7, que es el más alto utilizado en seguridad.
El 17 de octubre de 2019, elementos federales detuvieron a Ovidio Guzmán, hijo de EL Chapo, que después fue liberado por órdenes del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. El Gobierno Federal se dobló ante lo que llamó el riesgo de que hubieran fallecido al menos 200 personas civiles y familiares de militares. Ovidio sigue libre.
Para que Ovidio fuera dejado en libertad, sicarios del Cartel de Sinaloa atacaron a las fuerzas armadas con armas de alto poder fabricadas en Estados Unidos, ametralladoras Browning M2 calibre .50, rifles Barret calibre .50 y fusiles de asalto, capaces de perforar blindajes.
El narco mexicano cuenta con armas súper poderosas, como las usadas el 1 de mayo de 2015, cuando el Cartel de Jalisco Nueva Generación derribó un helicóptero de la Secretaría de Marina, con un lanza cohetes RPG-7 de la fabricante Bazalt, de origen ruso, pero que se estima entró por territorio estadounidense.
Las armas fabricadas en la Unión Americana ingresan a México sin ningún problema y ahora el gobierno de nuestro país pretende parar ese comercio ilícito con una demanda en contra de 11 empresas productoras y comercializadoras.
Como lo hizo público en esta semana el canciller Marcelo Ebrard, las compañías citadas en la demanda ante una corte de Boston, Massachusetts, son: Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta USA; Beretta Holding; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock, Inc.; Glock Ges.m.b.H.; Sturm, Ruger & Co., así como Witmer Public Safety Group e Interstate Arms, éstas dos últimas, como proveedores.
Cálculos del gobierno mexicano señalan que entre 70 y 90 por ciento de las armas que ingresan a nuestro país, proceden de Estados Unidos y han sido utilizadas en gran parte de los 36 mil homicidios dolosos registrados en el país anualmente.
Las fronteras de México son demasiado porosas, todo mundo lo sabe y de Estados Unidos pasan a nuestro país, drogas, personas, contrabando de diversas mercancías y, sobre todo, armas, que alimentan a los criminales en territorio nacional.
No se conoce con seguridad a cuanto ascienden los daños económicos, demandados por el gobierno mexicano a los productores y comercializadores de armas estadounidenses, por medio de la corte de Boston, pero se prevé que puede rondar 10 mil millones de dólares cifra estratosférica que puede compararse con el pago de intereses promedio por un año de nuestra deuda externa.
Será más que difícil es que el gobierno de la Cuarta Transformación pueda comprobar que las empresas de armas establecidas actuaron fuera de la ley al vender los productos que ingresaron a México y, por tanto, la ruta seguida por el canciller Ebrard es más que equivocada y seguramente se hará humo.
La demanda presentada suena más a una cortina distractora para poner los reflectores en el extranjero de que la violencia y los asesinatos cometidos por los delincuentes mexicanos obedecen a la avaricia del armamentismo de Estados Unidos.
Es sabido que uno de los métodos legales en la comercialización de armas es la venta de las empresas del ramo a comerciantes minoristas. Sin embargo, muchos de ellos se alían, entonces sí ilícitamente, con contrabandistas que emplean a ciudadanos estadounidenses con antecedentes “limpios” para que compren armas a los minoristas y las transporten ilegalmente a México.
La demanda del gobierno mexicano no pasará de ser un fuego de artificio, una jugada más para distraer y arrancar aplausos de quienes se envuelven en la bandera al son de un nacionalismo mal entendido, si la llamada Cuarta Transformación no hace nada para detener a los grupos de funcionarios mexicanos corruptos que dejan ingresar las armas.
El armamento de alto poder no entra al país por obra del espíritu santo. Existen en las aduanas, los puertos, las carreteras, las garitas y las terminales aéreas, funcionarios que por décadas se han enriquecido al permitir el paso ilegal de armas.
Ahora que las fuerzas armadas tienen mayores potestades de vigilancia, hay que exigir las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina que informen porque no han podido frenar este mortal contrabando, de que se queja el canciller Ebrard. Seguramente encontrarán muchos muertos en el closet, si actúan con honestidad. La culpa de ese contrabando no es de los malos estadounidenses, sino de muchos corruptos mexicanos.
El silencio respecto a las acciones que hará en nuestro país el Gobierno Federal para impedir que siga el contrabando de armas, habla mucho de su intención gatopardista, de que en este tema “cambie todo para que nada cambie”.