Libros de ayer y hoy/Teresa Gil
Los abusos de Ulises Lara
No sólo es el escándalo de su título de licenciado en Derecho al vapor otorgado por una “universidad” desconocida, con lo que pudo justificar malamente su permanencia como encargado de despacho en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo que llama la atención, sino también la larga lista de abusos de Ulises Lara.
Entre 2015 y 2016, el entonces jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, nombró a Lara como director del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), en donde fue acusado de proteger a 150 “aviadores” que cobraban sin trabajar en esa dependencia y de cambiar la estructura del personal por banda externa.
Las cosas no quedaron ahí, sino que Lara fue acusado de usar los recursos del IEMS para fines personales y un ejemplo de ello, subrayaron los quejosos, fue la utilización de vehículos de la institución por parte de su familia. Nada menos.
En los últimos días se ha dado a conocer un nuevo abuso de Ulises Lara, tardó muy poco tiempo en hacer uso de su nuevo cargo para dirimir un conflicto familiar, situación que llama la atención y demuestra que la fiscalía capitalina es un instrumento de venganzas personales.
Desde el año pasado, Hilda Lara, media hermana de Ulises, lo acusó de abuso de poder, al inculparla injustamente de despojo agravado en contra del padre de ambos. La denuncia fue dada a conocer por primera vez por la columnista de El Financiero, Lourdes Mendoza.
Resulta que ahora, con todo el poder de la fiscalía en sus manos, faltaba más, Lara volvió a revivir el expediente en contra de su media hermana y de su esposo extranjero, Godefroid Pakabomba, para despojarlos de su casa habitación, ubicada en la colonia Acueducto de Guadalupe, de la capital de la República.
De acuerdo con los documentos dados a conocer por Lourdes Mendoza, el inmueble fue adquirido mediante un crédito del Infonavit, pero ha sido asegurado y la familia enfrenta la anulación de las escrituras en un proceso judicial irregular.
Resulta que Ulises convenció a su padre, Carlos León Lara Corona, de librar una batalla legal por esa casa y en septiembre de 2021 denunció al esposo de Hilda por los supuestos delitos de fraude y falsificación de documentos en el trámite de la compra de la propiedad.
Carlos León Lara imputa a su propia hija y al esposo de esta, los delitos de fraude, falsificación y despojo, de acuerdo con la denuncia en la que contó con el apoyo de su también hijo, Ulises, ahora flamante encargado de despacho de la Fiscalía de justicia capitalina.
El proceso se atoró varias veces, debido a que no fueron acreditadas pruebas documentales y testimoniales y, por consejo de Ulises, Carlos Lara agregó el delito de despojo agravado, que fue fabricado de acuerdo con lo señalado por Hilda.
La media hermana del fiscal de facto presentó en su defensa, una denuncia en contra de Ulises, quien, desde su punto de vista, ha influido en la continuidad del caso, a pesar de las pruebas presentadas.
De acuerdo con un extenso reportaje de The New York Times, publicado en noviembre de 2023, mediante la revisión de 14 expedientes, la fiscalía capitalina espió a políticos de oposición y del partido en el poder de México.
Como se recordará, en dichos expedientes se comprobó que la fiscalía pidió a Telcel la entrega de registros de llamadas y mensajes de texto, así como los datos de localización de funcionarios y políticos nacionales destacados, incluidos del partido gobernante, Morena.
Los datos solicitados abarcaban desde 2021 hasta 2023. De acuerdo con lo informado por Telcel, la autoridad judicial estaba interesada en integrar carpetas de investigación nada menos que relacionadas con delitos graves, como secuestros y desapariciones.
Lo extraño del asunto es que en esos supuestos delitos se involucraría a políticos de oposición, como Santiago Taboada, en ese momento, alcalde en Benito Juárez, y actual candidato de la alianza opositora a jefe de Gobierno de la CDMX.
Alertado por un amigo, que pudo enterarse de la investigación, Taboada presentó una demanda en contra de la fiscalía y de Telcel, para exigir que se aclarara la situación. La empresa telefónica reconoció que había presentado los registros telefónicos, en respuesta a 14 requerimientos vinculados a secuestros, solicitados por la fiscalía de justifica de Colima.
Resulta que la autoridad judicial colimense, en un proceso por demás turbio, alegó que una persona anónima proporcionó el número celular de Taboada y de otros usuarios, en conexión con un caso local de secuestro. Así sin indagar nada, las autoridades colimenses hicieron caso a una denuncia totalmente irregular.
Fue precisamente Ulises Lara, como vocero de Ernestina Godoy, al frente de la Fiscalía, quien negó haber solicitado registros telefónicos y afirmó que esa institución no espía a nadie. La realidad desnudada por el diario estadounidense demostró que, por el contrario, la Fiscalía capitalina se usó para hostigar a opositores, como Taboada.
Ulises Lara repite continuamente una frase copiada a Andrés Manuel López Obrador: “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Con los hechos concretos que revelan la falta de probidad del encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, ese lema suena en él más hueco que su flamante título de abogado.
¿En manos de quien está ahora la procuración de justicia en la capital del país?