Historias Surrealistas/Javier Velázquez Flores

Una vez que se avanza en la conclusión de los cómputos finales de la pasada elección, Morena ya anunció que va sobre el destazamiento de la Constitución.

El anuncio de Ignacio Mier, líder de Morena en la Cámara de Diputados, de que en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, que inicia en septiembre, se presentarán las reformas para desaparecer los órganos autónomos y modificar la composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, provocó el nerviosismo de los mercados financieros.

La oposición enfrentó una elección de Estado, definida por los siguientes factores: intromisión constante de Andrés Manuel López Obrador, que no actuó como presidente de todos los mexicanos, sino como promotor de su candidata y uso de los programas sociales para presionar y obtener el voto.

Otras acciones similares fueron: participación de funcionarios de todos los niveles y de los servidores de la nación en la promoción descarada en favor de candidatos del partido oficial y uso de recursos públicos para el acarreo y la compra de votos.

En cualquier país democrático, la injerencia del presidente de la República hubiera generado fuertes sanciones legales en contra del mandatario y de los servidores públicos que participaron en la promoción de sus candidatos, fundamentalmente la aspirante Claudia Sheinbaum Pardo, pero estamos en México, en donde la ley es letra muerta.

A la injerencia presidencial en las elecciones, se sumó la incapacidad de los opositores Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, de tener el tiempo suficiente para contrarrestar el posicionamiento de la imagen de Claudia Sheinbaum, quien prácticamente inició su campaña en búsqueda de la presidencia hace 3 años, con el uso de recursos públicos.

A todo lo anterior, se sumaron las inconsistencias y opacidades en el proceso electoral, desde robo de urnas, quema de votos, hasta divergencias entre los resultados de las “sábanas” colocadas afuera de las casillas y los del PREP, que denota la existencia de un fraude cibernético, aunque no masivo.

La abanderada de la alianza PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, mantiene su inconformidad sobre los resultados en 80 por ciento de las casillas, pero una vez computadas casi la totalidad de las mismas, ya no hay manera de retroceder las tendencias que favorecen a Claudia Sheinbaum Pardo.

En el contexto de crispación, prevaleciente a menos de una semana de las elecciones, vinieron las declaraciones de Ignacio Mier, en el sentido de que las reformas constitucionales propuestas por López Obrador se presentarán en el siguiente periodo de sesiones.

Los mercados financieros interpretaron este anuncio como una señal de que prevalecerían las acciones unilaterales, no consensadas con la sociedad, características del régimen de López Obrador, que pueden afectar la inversión y la estabilidad jurídica, lo cual provocó el deslizamiento del peso respecto al dólar de 17.50 a 18.00 unidades, en promedio.

Claudia Sheinbaum tuvo que meter el freno de mano a lo anunciado por Mier, e informó que las reformas constitucionales no están aún definidas y surgirán de un Parlamento Abierto, en el que se conozca el sentir de la sociedad. El senador morenista, Ricardo Monreal, también actuó como apaga fuegos, al señalar que los legisladores de su partido no se precipitarán sobre las reformas al Poder Judicial.

¿En que benefician o en que afectan a todos los mexicanos, que el legislativo, a petición del ejecutivo, desaparezca los organismos autónomos o controle la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Andrés Manuel López Obrador ha divulgado la teoría de que deben desaparecer los organismos autónomos, por lo menos 10 de ellos, porqué son sinónimo de corrupción y provocan un mayor gasto para el Estado, pero esto definitivamente está alejado de la realidad.

Por ejemplo, el mandatario muestra animadversión hacia el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual otorga información a los ciudadanos sobre las actividades del gobierno, investiga las solicitudes de información negadas y sanciona a los servidores públicos que no cumplen con la ley.

El presidente López Obrador ha señalado que el INAI ha servido para «ocultar información» y «legitimar robos» y propone que las tareas del INAI la hagan instituciones ya existentes, como la Fiscalía General de la República (FGR), que actualmente no muestra independencia, sino más bien sumisión a los dictados presidenciales. Acabar con el INAI sepultará para siempre las indagatorias sobre la corrupción en el círculo cercano a López Obrador, incluida su familia.

Los organismos autónomos han permitido una mayor especialización en la aplicación de medidas públicas en materia de energía y telecomunicaciones, entre otras, que ha permitido ser un contrapeso de medidas unilaterales y, en ocasiones, muchas veces abusivas, adoptadas por el Gobierno Federal, muy comunes hasta antes de la existencia las entidades autónomas.

Por otra parte, el control que pretende lograr López Obrador golpeando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, significaría, ni más ni menos, destruir al garante de la legalidad en México, así de grave. El sistema de “votación”, que pretende imponer en la elección de juzgadores, por parte del “pueblo bueno y sabio”, ocasionará la elección de magistrados impreparados y proclives a dictar sentencias en favor del gobierno y no de los ciudadanos.

Claudia Sheinbaum anunció que se reunirá la próxima semana con López Obrador para definir la orientación y la profundidad de las reformas que se presentarán en el siguiente periodo de sesiones del Congreso de la Unión.

Seguramente, Sheinbaum Pardo saldrá públicamente cuantas veces sea necesario para hacer pronunciamientos que calmen a los mercados financieros, en tanto no llegue el 1 de octubre próximo, cuando finalmente reciba la banda presidencial por parte de López Obrador.

Sin embargo, el momento crucial, en el que pueden surgir nuevamente las presiones y la incertidumbre en los mercados financieros, será el 1 de septiembre, cuando inicien los trabajos de la siguiente legislatura y se conozca el calado de las reformas salidas de la negociación entre el actual presidente y su sucesora, a lo que se sumarían los resultados del parlamento abierto, si este realmente se realiza y es tomado en cuenta.

Se observará de manera clara, si prevalece el autoritarismo de López Obrador, obstinado en destruir la mayor parte de los organismos autónomos o una mayor disposición de apertura y deseos para que la sociedad participe en la definición de esas reformas, en las cuales parece estar de acuerdo Sheinbaum Pardo. Veremos qué posición predomina.

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