Historias Surrealistas/Javier Velázquez Flores

Javier Corral Jurado, ex gobernador de Chihuahua, se convirtió en la manzana de la discordia entre la mandataria de esa entidad, la panista Maru Campos, y la Cuarta Transformación. Su situación debe esclarecerse conforme a derecho, pero en un país como México, en donde la ley no es la ley, todo se perfila como un caso más de impunidad. En dos semanas Corral será senador, tendrá fuero y cualquier investigación en torno a él será archivada.

Sin argumento legal alguno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dictaminó, desde el púlpito de su conferencia mañanera, que se trata de una venganza política de la mandataria de Chihuahua, pero pasa por alto que la justicia de la entidad lo investiga por el delito de peculado por 98.6 millones de pesos.

En una transmisión en vivo, el miércoles pasado, en los noticieros esterales de televisión se dio a conocer el momento exacto en el cual personal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua trató de aprehender a Corral Jurado en un restaurante de la colonia Roma, de la capital, sin lograr su cometido.

El ex mandatario, quien se perfila como senador plurinominal por Morena, hizo una llamada telefónica, como tiene derecho toda persona que es aprehendida y habló con Ulises Lara, encargado de despecho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que fuera en su ayuda.

En cuestión de minutos, Lara estaba en el restaurante, al frente de 100 miembros de su dependencia, que portaban armas largas, y entre empellones sacó a Corral para subirlo a un vehículo en el que que huyeron con rumbo desconocido.

En la transmisión, se observó claramente afirmar a Lara que la dependencia que encabeza no colaboraría con las autoridades de Chihuahua, aunque había de por medio la orden de aprehensión de un juez, sin que esto le importara, a pesar de tratarse de un recurso del poder judicial.

Lara alegó que el oficio con el que agentes de Investigación de Chihuahua pretendían detener a Corral era un documento interno, que no acreditaba formalmente una cooperación de la Fiscalía de la CDMX en la diligencia. En palabras de Abelardo Valenzuela, el documento tiene las mismas características que otros mandamientos previamente cumplimentados en la capital del país.

De acuerdo con Valenzuela, Corral habría participado en el desvío de 98.6 millones de pesos en el cual incurrió el entonces gobernador a través de la simulación de un contrato con una empresa que presuntamente se encargaría de dar asesoría para con ello poder reestructurar la deuda pública del estado, pero de la operación no se han presentado comprobantes, lo que configura los delitos de corrupción y peculado.

Esos ilícitos se suman a los dados a conocer el pasado 5 de julio por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), dependencias que cuentan con investigaciones abiertas en contra del hoy imputado por enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal al no haber declarado un terreno cuyo valor oscila en los 4 millones de pesos y el cual habría sido adquirido en el periodo en que se desempeñó como mandatario estatal.

Javier Corral aseguró que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, es quien ha orquestado una persecución política en su contra y la acusa de tener un sistema de ‘Maru Duartismo’, en referencia a que ella actúa de común acuerdo con César Duarte, ex gobernador de la entidad, a quien Corral llevó a proceso por corrupción.

Además de solicitar un amparo, Corral presentó una denuncia en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, del titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal, Luis Abelardo Valenzuela Holguín y/o quién o quienes resulten responsables por haber ordenado y ejecutado conductas posiblemente constitutivas de los delitos de abuso de autoridad, privación Ilegal de la libertad en grado de tentativa y lo que resulte.

Ulises Lara rechazó que haya asistido a “rescatar” a Corral. “Cumplimos estrictamente la ley como nos fue conferido. La aprehensión de una persona, sin agotar las formalidades esenciales del procedimiento, constituye la violación de la libertad, acto constitutivo de delito y que además violenta el debido proceso, lo que hubiera resultado en una declaratoria de ilegal detención y una probable acción penal en contra de los agentes ministeriales del Estado de Chihuahua”, alegó.

En una entrevista con la periodista Azucena Uresti, Gabriel Regino, abogado penalista, opinó que sí se configura un delito por la actuación del encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, al haber impedido la ejecución de una orden de aprehensión obsequiada por un juez.

Las órdenes de aprehensión tienen que cumplirse. El hecho de que exista un convenio entre fiscalías, recalca que esa colaboración debe ser inmediata y sólo basta con el oficio de colaboración que habían entregado los agentes de la fiscalía de Chihuahua a la de la Ciudad de México para llevar a cabo el cumplimento material del arresto de la persona buscada, comentó.

El oficio entregado en la fiscalía capitalina bastaba para que se ejerciera la aprehensión de Corral y su traslado hacia la entidad federativa que lo reclama. Cuando llega Ulises Lara y se opone e impide el cumplimiento del mandato del juez se configura un hecho delictivo denominado negación del servicio público, en caso de comprobarse, porque tenía la obligación de prestar su colaboración fundamentada, porqué existe un mandato judicial para ello.

Regino opinó que el delito de negación del servicio público, equiparable a obstrucción de la justicia, amerita pena de cárcel de dos a ocho años, en caso de recibir sentencia, pero generaría una paradoja, ya que la fiscalía de Chihuahua  tendría que presentar la denuncia en la fiscalía capitalina, lo que implicaría una paradoja, porqué Ulises Lara tendría que iniciar proceso en contra de sí mismo.

El señalamiento de Regino no deja lugar a dudas: la actuación de Ulises Lara es una intervención de carácter político. disfrazada con el eufemismo de que no se había mandado el oficio a un agente del ministerio público de la Ciudad de México, lo cual no es una condición para la detención.

El experto en derecho apunta que no existe posibilidad legal de negarse a una colaboración, porqué eso es un delito. Es grave, preocupante y sienta un precedente gravísimo para el tema de la República y de la coordinación entre fiscalías.

Si en una ocasión anterior, con el propio Ulises Lara como colaborador fueron a Morelos a detener al fiscal de ese estado, ahora nada les va a impedir que vayan a detener al fiscal anti corrupción y por que no hasta a la gobernadora. Para efectos de la Ciudad de México, ya lo hicieron con el fiscal de Morelos, a quien primero detuvieron y luego entregaron el oficio de colaboración.

En mi opinión, es notable la celeridad (no más de 15 minutos) con la cual Ulises Lara y sus elementos, fuertemente armados, se movilizaron para sí rescatar a Javier Corral, quien renegó el partido en el que militó por cuatro décadas (el PAN), para subirse al barco de Morena. Ya veía él venir que su corrupción no iba a ser permitida en Chihuahua y se apresuró para obtener fuero mediante una senaduría plurinominal del partido guinda.

La colaboración de Ulises Lara con la Fiscalía Anti Corrupción de Chihuahua, ya se había dado sin contratiempos en otros casos y ahora simplemente la fiscalía capitalina actuó como un dique para impedir la aprehensión de Corral, quien cuenta con el escudo protector del presidente López Obrador y de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con quien colaborará paradójicamente en el tema de combate a la corrupción.

Es lamentable constatar que en México la ley no es la ley, como señala el presidente, porque no toca a los políticos privilegiados, a quienes están del lado del poder en turno. Muy lamentable.

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