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Antiinmigrante, el nuevo evangelio de los políticos cristianos
EU y Canadá; manotazo sobre la mesa
El camino de la reforma al poder judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador se empezó a llenar de piedras, que no serán fáciles de quitar, especialmente porqué se trata de la inconformidad, ni más ni menos, del descontento de nuestros principales socios comerciales: Estados Unidos y Canadá.
A través de los respectivos embajadores de esos dos países en México, las potencias de Norteamérica propinaron un manotazo sobre la mesa que, quiéranlo o no, cimbraron los muros del Palacio Nacional.
Si se hubiera tratado de un juego de naipes o de dominó entre tres jugadores, los dos más fortachones hubieran amenazado con retirarse de la mesa, ante la muestra de una carta o una ficha por parte del competidor más débil, que no les gustó.
Así es la relación económico-comercial-política entre México, Estados Unidos y Canadá. Una convivencia desigual, en la cual los países industrializados cuentan con mayor fuerza para presionar a nuestra nación, casi en el momento que les dé la gana.
Desde su residencia en la Ciudad de México, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se pronunció en contra de que los jueces y magistrados sean electos por voto directo, tal como plantea la reforma judicial impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Y el diplomático que siempre ha laborado en favor de la conciliación de intereses entre nuestro país y la Unión Americana, piso un cayo que seguro le dolió en extremo al presidente López Obrador, cuando aseguró que “la elección directa de jueces representa un riesgo para la democracia en México”.
López Obrador ha tratado de demostrar sin conseguirlo, más que a los militantes de Morena y sus fieles (que son muchos), que la democracia no se afecta con la reforma al poder judicial, que trata de imponer.
La declaración del embajador estadounidense le debió causar un fuete dolor de cabeza al mandatario que, si de algo se ufana, es de ser un demócrata del tamaño de Francisco I. Madero, aunque el llamado mártir de la democracia tenga una estatura histórica muy diferente a la del político nacido en Macuspana, Tabasco.
En conferencia de prensa, este jueves, Ken Salazar manifestó que las democracias no pueden funcionar sin un poder judicial fuerte, independiente y sin corrupción y para apoyar esta tesis, destacó que llevar la elección de jueces a las urnas puede resultar en una “política feroz” y aumentar la influencia del narcotráfico en el sistema judicial.
De un plumazo, el embajador desarticuló lo que ha tratado de defender a toda costa López Obrador: que los nuevos jueces y magistrados “electos por el pueblo”, serán blancas palomas ajenas a la corrupción.
La declaración de Ken Salazar fue demoledora: “las elecciones directas también podrán hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”.
Pero el mensaje de Salazar no quedó sólo en el ámbito político, sino que se deslizó hacia el aspecto económico, lo cual es sumamente preocupante. Para Ken Salazar, la elección en urnas, de jueces y magistrados, amenaza también la relación comercial entre ambos países y merma la confianza de los inversores.
Es precisamente esa desconfianza que surge entre los hombres del dinero lo que ha provocado que el dólar estadounidense se haya fijado ayer en 19.80 pesos, después de muchos meses de estabilidad, de la cual se ufanaba el presidente de la República.
La desconfianza de los inversionistas, ante la falta de certidumbre del rumbo de la economía nacional, está motivando que la estabilidad del dólar se vuelva a reactivar. Nadie que arriesgue su dinero en otro país puede tener una confianza a ciegas, cuando se desconoce cuáles serán las reglas del juego que regirán en el siguiente sexenio.
Graeme Clark, embajador de Canadá en México, presentó un tono de voz similar a Ken Salazar, al señalar que los inversionistas canadienses se mantienen en total incertidumbre ante la posible aprobación en el Congreso de la reforma al poder judicial.
“Vamos a tener unos cambios constitucionales, como embajador, es difícil para mí hablar públicamente sobre estos temas, pero lo que sí puedo decir es que mis inversionistas sí están preocupados, ellos quieren estabilidad, quieren un sistema judicial que funcione si hay problemas”, advirtió Graeme Clark.
A López Obrador se le olvida que Estados Unidos es el principal país que invierte directamente en México, con alrededor de 14 mil millones de dólares anuales, mientras que Canadá es la segunda nación con mayor inversión extranjera, con 3 mil 500 millones de dólares estadounidenses.
A lo anterior se le tiene que agregar que la Unión Americana, Canadá y México mantienen un tratado de comercio que se puede ver afectado también, pero todo eso parecer no tener importancia para un presidente en la necedad absoluta, que mantiene una reforma judicial que le blinde las espaldas, en caso de recibir demandas de corrupción, cuando él ya no tenga fuero, a partir del 1 de octubre. Esa es la realidad que ve el columnista.
En redes sociales, la presidente electa, Claudia Sheinbaum, manifestó que en Estados Unidos existe la elección de jueces por voto popular, una de las propuestas de la reforma al poder judicial en México. “Información muy relevante: en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular”, publicó ayer por la noche.
Lo que no dijo Sheinbaum es que se refirió sólo a las cortes locales, en donde los jueces estadounidenses deben mostrar las credenciales suficientes para poder ser candidateados a esos puestos y no se trata de abogados recién egresados de las facultades de derecho, como pretende López Obrador que se haga en México.
Hasta la medianoche del jueves, el Gobierno de México no había realizado comentario alguno respecto a los señalamientos de los embajadores estadounidense y canadiense. Calladito se ve más bonito, dijera la conseja popular.
Seguramente, la importancia de los personajes obliga al presidente Andrés Manuel López Obrador a pronunciarse respecto al tema, aunque seguramente no se tratará de una postura tronante como la que ha proferido contra los políticos de oposición, abogados, jueces, magistrados y trabajadores del poder judicial que se han manifestado en contra de la manera autoritaria en que actúa el poder ejecutivo y los legisladores de Morena para aprobar la reforma, sin quitarle una coma.