Historias Surrealistas/Javier Velázquez Flores

Un poder judicial a modo

Pocas veces en la historia del país se ha vivido una crisis tan profunda, como la que actualmente prevalece en materia constitucional, que puede derivar en una falta total al estado de derecho.

Andrés Manuel López Obrador dejó una reforma del poder judicial que sólo pretende lograr el control total de la impartición de justicia en manos de su partido.

Al ex presidente no le importó jamás que realmente se mejorara la impartición de justicia en el país. Con el control del poder ejecutivo, primero, y con el del poder legislativo, a partir de las elecciones de este año, el único reducto que le quedaba libre para tener un control total del país era el poder judicial y por eso su urgencia para apoderarse de él.

¿ Que era necesaria una reforma para obtener una justicia pronta y expedita?, por supuesto que sí.

¿Que es preciso acabar con los excesivos sueldos de magistrados y ministros?, claro que también.

¿Que es urgente combatir a jueces corruptos, que reciben cantidades millonarias de dinero a cambio de liberar a delincuentes?, es una demanda más que justa.

Sin embargo, esa es sólo el pretexto y la parafernalia usada por López Obrador para que sus electores, como siempre manipulados y poco informados, aplaudieran una reforma que realmente persigue objetivos más obscuros.

La realidad es que la reforma, ya en marcha, permitirá prácticamente que 66 por ciento de jueces, magistrados y ministros sean propuestos por los poderes ejecutivo y legislativo, o sea, por Morena.

Todos ellos le deberán su trabajo a ese partido y, obviamente, siempre darán fallos a favor de lo que mandate la presidenta, Claudia Sheinbaum, y su partido. En los próximos años viviremos de manera cruda el señalamiento que tanto le gustaba a López Obrador. “no me vengan con que la ley es la ley”.

Además de que se llegará al absurdo de que sean designados como jueces, abogados que apenas acaban de egresar de la universidad, nadie garantiza que estos imberbes sean inmunes a la corrupción.

Jueces, magistrados y ministros, así como los trabajadores del poder judicial, han dado una dura batalla para  que se frene la reforma en cuestión, pero finalmente serán vencidos por el aparato del Estado.

El pasado lunes 21, comenzaron las conferencias de prensa mañaneras del poder judicial. El magistrado Juan José Olivera, señaló que, aunque la presidenta y los legisladores de la 4T, tengan una postura legítima sobre la reforma judicial, sin embargo, «ellos no son los jueces, no les corresponde a ellos la última palabra».

Al explicar que hay contradicciones en la reforma al Poder Judicial de la Federación, detalló que en este momento los asuntos se encuentran en los tribunales, pues se ha iniciado el proceso de revisión, «es momento de los jueces», señaló.

El juzgador recordó que los legisladores cumplieron con su cometido de aprobar la reforma, no obstante, «como pasa con todos los actos de autoridad, ahí no se acaba todo el proceso para que, si los ciudadanos en general, impugnan estas decisiones, pasen al proceso de revisión de los diferentes mecanismos que el Estado de Derecho ofrece, entre estos, el juicio de amparo».

José Olivera enfatizó que cuando los que ahora están en el poder, cuando estaban en oposición, también presentaron este tipo de amparos, pero ahora los quieren invalidar con el artículo 61.

Recordó la postura del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, cuando estaba a favor de que los jueces sí pudieran revisar las reformas constitucionales.

Esto, lo señaló en contraste con que ahora el exministro trabaja para la presidenta Claudia Sheinbaum, y se unió al argumento oficial de que, porque la reforma judicial «en la votación se recogió la voluntad del pueblo, y por lo tanto ya no puede ser revisada con un juicio de amparo».

Según las propias palabras de Arturo Zaldívar, cuando era magistrado, era la obligación de los jueces interpretar la Constitución armónicamente, porque entonces si se aprobaban actos como la esclavitud, la tortura, la pena de muerte, los tratos inhumanos, tenían que intervenir.

Al preguntarle su opinión sobre la postura que han tomado tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, como el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sobre las polémicas sentencias que pueda dictar un juez, el magistrado Juan José Olvera consideró que no están bien informados y necesitan escuchar a sus asesores.

«Los jueces también somos autoridades, tomamos decisiones vinculantes, que benefician a unos y perjudican a otros, es parte de tomar decisiones, el que pierde un juicio o el que está en un juicio, a veces cree que el juez está cometiendo un delito, y me parece que tienen derecho a hacer uso de los mecanismos que el estado le da», expresó.

Señaló que Sheinbaum Pardo, suele tener información no correcta, “me parece que está mal informada, no tiene la obligación de conocer todos los casos, claro que no conoce y eso no está mal, me parece que lo que ocurre es que no está bien informada, lo que debería de ocurrir es que se informe bien, que escuche a todos sus asesores”, explicó. Falta que la presidenta lo quiera hacer, opino yo.

[email protected]