Historias Surrealistas/Javier Velázquez Flores

Siete años de infierno 

Después de siete años de permanecer presa, sin ningún motivo, a Mónica la dejaron en libertad en este año, cuando empezaba la pandemia sanitaria. Apenas le dio tiempo para ponerse a resguardo del Coronavirus en su casa. 

Actualmente, ella tiene 34 años de edad y cuando tenía 27 fue detenida de manera arbitraria, por autoridades que le fabricaron delitos. Fue sujeta a un proceso penal plagado de irregularidades que le destrozaron la vida, que ahora trata de recomponer. 

Mónica Elizabeth Esparza Castro fue detenida el 12 de febrero de 2013 por 4 hombres y 1 mujer que tripulaban una patrulla de la policía municipal de su natal Torreón, Coahuila, mientras viajaba, con su pareja y su hermano, a bordo de una camioneta propiedad de su padre. 

La policía los trasladó a un sitio cercano a la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, en donde los tres detenidos fueron introducidos a una bodega. Mónica fue amenazada por un oficial policiaco de que sería asesinada, al tiempo de que le colocó una prenda de vestir sobre la cara. 

En la bodega, Mónica pudo observar que tanto su hermano, como su pareja habían sido golpeados. En el lugar había hombres vestidos de militares y de policías municipales. 

Mónica, su pareja y su hermano fueron torturados de manera brutal y posteriormente fueron encerrados en uno de los baños de la propia la Dirección de Seguridad Pública de esa ciudad. 

Al lugar, acudió una persona que se identificó como actuario del Poder Judicial de la Federación; esta persona les dijo que la madre de Mónica había presentado una demanda de amparo, con el fin de que cesaran los actos de tortura e incomunicación y les dio a firmar el documento para no seguir en calidad de desaparecidos. El actuario se fue tan pronto recabó sus firmas.

Después de esto, Mónica fue torturada sexualmente y sus captores le informaron que en el lugar donde serían internados, los asesinarían por otras personas privadas de la libertad. 

Los tres detenidos fueron trasladados a instalaciones de la Procuraduría General de la República en Torreón. En el trayecto, la pareja de Mónica murió frente a ella a causa de la tortura infligida. Al llegar a la PGR, los policías se llevaron el cuerpo, sin que Mónica conozca, después de 7 años, qué hicieron con él. 

Sin decirle los cargos que pesaban sobre ellos, Mónica y su hermano fueron trasladados en avión a la Ciudad de México. En las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), un agente del Ministerio Público de la Federación amenazó con hacer matar a su madre y sus hijas, si no firmaba la hoja que le puso a la vista, por lo cual la mujer firmó lo que después supo era una confesión de delitos. 

Mónica fue procesada por los delitos de Secuestro y Posesión de Armas de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en el Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, Torreón. Ella fue recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social de Coatlán del Río (CEFERESO 16), Morelos. 

Todo su proceso penal está basado únicamente en pruebas derivadas de las graves violaciones de derechos humanos que sufrieron ella y su familia. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó el caso desde los primeros días en que sucedió y el 13 de abril de 2016 emitió la recomendación 15/2016 en la que destacó la existencia de retención ilegal, tortura y violencia sexual y ejecución arbitraria en contra de las víctimas.

El caso de Mónica está documentado en el informe “Sobrevivir a la Muerte, Tortura de Mujeres por Policías y Fuerzas Armadas en México”, publicado en 2016 por Amnistía Internacional, y en el informe “Mujeres con la Frente en Alto, Informe sobre la Tortura Sexual en México y la Respuesta del Estado”, publicado en 2018 por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. 

La lucha de Mónica por obtener su libertad se mantuvo durante siete años. Jamás se doblegó ante las presiones para que abandonara su batalla en un proceso inventado, plagado de inconsistencias, en el cual, los policías y militares que la detuvieron sólo querían encontrar un “culpable” para la integración de un caso, con el cual justificar su trabajo. 

El 12 de marzo de 2020, tras 7 años y un mes de estar presa injustamente, el juez federal Yuri Alí Ronquillo Vélez reconoció la inocencia de Mónica Esparza y ordenó su libertad. No hubo un “usted disculpe”.

Ahora la mujer restaña las heridas emocionales y físicas que le dejó su permanencia en la cárcel. Los militares y policías que la aprehendieron están libres, impunes, seguramente buscan a nuevas “Mónicas”, con las cuáles demostrar que trabajan para hacer cumplir la “ley”.

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