Historias Surrealistas/Javier Velázquez Flores

El duro rostro del general Cienfuegos

El 8 de febrero de 2018, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, dio un manotazo sobre su escritorio, que dejó callados a sus asistentes, quienes miraban como el rostro del secretario de la Defensa Nacional se tornaba aún más duro que de costumbre.

El militar se acababa de enterar que la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), había decidido retirar su invitación para entregarle un doctorado honoris causa por su “ejemplar carrera” en el servicio público.

Era el último año de gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto, y en ese entonces arreciaron las críticas en contra de los militares por varias razones: el fracaso en la guerra contra del narcotráfico, violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas armadas y el encubrimiento al paso de droga en la frontera norte.

En ese ambiente caldeado, miembros de organizaciones civiles se opusieron a la entrega del doctorado para Cienfuegos, porque, oficialmente, el homenajeado no contaba con méritos científicos ni tecnológicos para recibir tal distinción.

Sin embargo, la verdadera causa de que se cayera ese doctorado trascendió rápidamente. Los principales grupos académicos consideraban que “recibir al jefe de la guerra interna contra el pueblo en un campus universitario representaría una afrenta a estudiantes y académicos del país”. Los inconformes alegaban que había una creciente sospecha de que el general estaba implicado en el tráfico de drogas.

El mero día de la virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre de 2006, a menos de dos semanas de haber iniciado su gestión, el gobierno de Felipe Calderón anunció en Michoacán, que iniciaba una guerra en contra de los capos del narco para acabar con ellos.

La guerra que desataron Calderón y Peña fue inútil. No se pararon los secuestros, las extorsiones y asesinatos de los delincuentes en contra de la población civil y en el país siguieron las masacres, pero nada ha cambiado con un gobierno que se supone impulsaría la transformación del país.

Peor aún, cuando el presidente López Obrador muestra apatía hacia los capos, como lo demuestra al pretender que estos delincuentes sean tratados con abrazos y no balazos. ¿Temor a combatirlos?, se preguntan algunos. Cinismo y componendas, aseguran sus críticos, sobre todo cuando, por sus órdenes, se dejó en libertad a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, o por el trato tan familiar que le brindó a la madre de Joaquín, el jefe del cartel de Sinaloa.

La detención del único ex secretario de la Defensa Nacional mexicano que ha sido acusado de tener vínculos con el narcotráfico y de hacer posible que en el sexenio pasado pasaran toneladas de droga al principal mercado de estupefacientes en el mundo, que es Estados Unidos, sin duda, será perfectamente aprovechado por el presidente López Obrador para reiterar que en el sexenio pasado el narcotráfico contaba con la protección oficial.

La detención de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, en el sexenio de Felipe Calderón, cayó como “anillo al dedo” al gobierno de López Obrador para reiterar su tesis de que la administración del panista estaba rebosante de corrupción.

Ahora, la aprehensión de Salvador Cienfuegos por una orden decretada por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), debía confirmar una situación similar en la administración de Peña Nieto.

Lo que estará por verse es si López Obrador medirá mediáticamente ambos casos con la misma vara. Si la situación legal de estos dos ex funcionarios mexicanos, le servirán para hacer una crítica igual de fuerte a Calderón que a Peña. Yo no lo creo. Calderón critica a diario todas las acciones de López Obrador e insiste en participar en política, por medio de un partido, al cual el INE no le ha autorizado el registro, Peña simplemente está desaparecido.

Calderón se mantiene como una piedra en el zapato para el huésped del Palacio Nacional. Enrique Peña cumplió la que era una máxima de la política nacional al más puro estilo priista: el presidente que termina su administración, no debe jamás criticar al presidente en funciones.

Procesos penales bien llevados en las cortes estadounidenses deben descubrir la implicación de autoridades mexicanas en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y en México.  

Las autoridades de los dos países deben actuar en contra de funcionarios corruptos y de sus cómplices delincuentes en años pasados, pero igualmente deben ejercer acciones sobre funcionarios actuales que se encuentren implicados. El narcotráfico se mantiene en niveles elevados, sería iluso pensar que ya no hay servidores públicos involucrados.

El Gobierno Lópezobradorista debe castigar la corrupción actual, porque es su obligación legal. Creer que ya no hay corrupción, como afirma el presidente, cuando existen altos flujos entre las dos naciones, cuando subsisten las matanzas entre carteles, cuando siguen las desapariciones y las extorsiones, es ocultar la realidad.

El narcotráfico apoyado por funcionarios mexicanos sigue. No acabó con Calderón y Peña. Ojalá López Obrador sea responsable y combata sus causas y a quienes lo encubren, aunque se encuentren en su mismo gabinete.

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