El presupuesto es un laberinto
Duarte no paga, pero hace donaciones
Al señor Juan Hernández, trabajador del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, prácticamente ya no le alcanza para vivir. A su esposa le redujo el gasto a la mitad desde hace dos meses y por más que su mujer le exige que le reintegre el monto que antes le daba, no hay para cuando lo pueda hacer.
Las discusiones entre la pareja por el tema económico son continuas. Cuando llegan las cuentas por pagar, don Juan lo único que hace es tirarse de los cabellos y no sabe cómo le hará para enfrentar esa situación.
Está en el peor de los mundos: tiene trabajo, pero no ha cobrado desde hace dos meses; sin embargo, tiene que cubrir todos los gastos de su familia, con el dinero que puede conseguir prestado. Tampoco ha podido conseguir otro empleo.
En el OPLE simplemente se limitan a informarle que el gobierno de Veracruz no ha canalizado a dicho organismo las partidas presupuestales necesarias que por ley debió entregar. Simplemente le dicen que, por el momento, no le pueden pagar.
Hace una semana, el Consejo General del OPLE presentó tres denuncias ante diversas instancias para reclamar el pago de nada menos que 178 millones de pesos, que adeuda el gobierno de Duarte desde hace tres años.
La suspensión en la entrega de ese presupuesto ha provocado que el instituto electoral veracruzano haya tenido que suspender el pago a trabajadores, como a don Juan, al tiempo que ha diferido la aportación de prerrogativas para los partidos políticos, lo cual, ha causado el descontento hasta en el mismo PRI local, partido del que es militante Duarte.
Las autoridades de la OPLE negociaron durante meses con el propio Duarte para que se cumpliera la entrega del presupuesto, pero no hubo una respuesta positiva por parte de su administración, por lo cual el instituto electoral presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un juicio electoral y nominado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y una denuncia ante la Fiscalía del Estado.
Pero no son sólo los trabajadores del OPLE, a quienes no se les paga de manera normal en esa entidad, sino también a muchos empleados de diversas dependencias estatales y ni que decir de los trabajadores de la Universidad Veracruzana (UV).
A mediados de este año, el adeudo del gobierno de Duarte de Ochoa con la UV superaba los 2 mil 300 millones de pesos, sin que haya habido hasta el momento una explicación cuerda de parte del político priista de la razón por esta suspensión en la entrega de tales recursos.
Esta situación no sólo ha afectado la aplicación de programas educativos y culturales de la UV, sino las tareas de investigación y, en buena medida, el pago a académicos y trabajadores, quienes en varias ocasiones han ganado las calles para manifestar su repudio al mandatario estatal, quien permanece impasible ante las críticas.
REGALA TERRENOS A LA FISCALÍA
En otra de sus acciones polémicas, Duarte envió recientemente al Congreso del Estado dos
solicitudes de autorización para entregarle bienes muebles y terrenos a título gratuito a la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de su amigo Luis Ángel Bravo Contreras, entre los que se encuentran, dos helicópteros.
En dicha solicitud se define que se enajenaría de manera gratuita dos terrenos, propiedad del gobierno estatal, el más grande de ellos tiene una superficie de 3 mil metros cuadrados, en donde se establecería la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Unidad Especializada Contra el Secuestro.
En el caso de los helicópteros, se trata de una aeronave marca Bell 407, con matrícula XC-CTZ, y otro, marca Eurocopter, modelo AS365N3, identificado con las siglas XC-GEW, del gobierno de Veracruz, que en algunos círculos políticos es visto como la intención de Duarte de obstaculizar los traslados del panista Miguel Ángel Yunes, gobernador electo de la entidad.
OPACIDAD MAYÚSCULA
¿En dónde están los recursos que Duarte no ha entregado a instituciones de todos los ámbitos? ¿Qué justificación ha dado a su comportamiento, más cercano a un saqueador rapaz que a un gobernante que rinda cuentas claras?
Con Duarte los recursos estatales se han desaparecido por todos lados, no sólo no han cobrado de manera normal trabajadores, sino empresas que durante su mandato han prestado servicios o vendido productos a su gobierno.
¿Y qué decir de la lista de por lo menos 32 empresas, muchas de la cuales no tienen una existencia demostrada, pero que han recibido pagos por 645 millones de pesos sin proporcionar servicio? ¿Quiénes son los propietarios de estas compañías “fantasma”, algunos de los cuales reportaron al SAT ingresos en ceros?
¿Qué pretende Duarte al “donar” terrenos a la Fiscalía Anticorrupción, a pocos meses de que termine su gestión? ¿Blindarse contra acciones en su contra?, ¿Obtener favores?
El tiempo ofrecerá respuestas. Sin duda, Duarte tiene guardadas otras sorpresas, veremos si son igual de burdas.