Historias Surrealistas/Javier Velázquez

El calvario de los indocumentados

En la ciudad estadounidense de Filadelfia, la señora mexicana María vende comida cocinada en un anafre. Instalada en un terreno, su puesto está rodeado de sillas y sus productos tienen mucha demanda, especialmente entre migrantes mexicanos y latinoamericanos que trabajan en esa ciudad de Estados Unidos. Ella es ilegal y tiene temor a ser deportada.

La mujer, que rebasa los cincuenta años de edad, vive con su esposo, también mexicano. Uno de sus hijos ya fue deportado. Ella aún no acaba de digerir ese hecho que afectó a toda la familia.

“No sabemos qué es lo que va a pasar con este nuevo presidente”, señala en referencia a Donald Trump. Ella vivió en Nueva York, pero decidió mudarse a Filadelfia para encontrar un mejor nivel de vida. Ahora no sabe cuál será su futuro.

Filadelfia fue una de las últimas urbes en convertirse en “ciudad santuario del migrante” en Estados Unidos, definidas como aquellas en las cuales el migrante, sin importar su procedencia, puede encontrar condiciones amigables de vida y en las que, incluso, las autoridades locales no comparten con las federales, datos de los migrantes que habitan en su jurisdicción.

Las historias de los ilegales en Estados Unidos son muy diversas, incluso quienes han tratado de legalizar su estancia en el país vecino han pasado por situaciones adversas y enfrentado la separación de sus familias.

En este último caso se encuentra Emma Sánchez, mexicana de nacimiento, pero quien vivió muchos años como ilegal en el estado de California. Actualmente, ella radica en la ciudad de Tijuana, mientras que sus tres hijos y su esposo se quedaron en Estados Unidos.

Emma se casó con Michael Paulsen, veterano de guerra estadounidense, mientras ella trabajaba de manera indocumentada en San Diego, California. La necesidad económica la hizo ir a Estados Unidos a buscar empleo, al igual que millones de mexicanos.

Michael y Emma procrearon tres hijos. Su vida era normal, confortable, sin sobresaltos. Hasta que a la pareja se le ocurrió que para evitarse problemas debían cumplir con la legislación estadounidense.

Emma se regresó a México y desde el consulado de Ciudad Juárez, Chihuahua, empezó su trámite migratorio. Ella no pensaba que habría problema, debido a que su esposo es estadounidense. Consideraron que sólo era un asunto de trámite.

Se toparon con un verdadero muro cuando las autoridades estadounidenses les notificaron que ella recibiría una sanción de 10 años de no poder ingresar a la Unión Americana, debido a que, cuando entró por primera vez, fue de manera totalmente ilegal.

En su casa, cercana a la ciudad de San Diego, California, se quedaron sus tres pequeños hijos y su esposo. Ella ya no pudo retornar, aún no recibe una respuesta a su petición de poder reunirse con su familia.

La pareja tomó la determinación de que ella viviera en Tijuana, Baja California, con el fin de que él y sus hijos pudieran viajar y reunirse con Emma y así ha sido desde hace varios años. Sus hijos y su esposo son ciudadanos estadounidenses no tienen problema para entrar y salir de California. Emma los ve, convive con ellos, los besa, los abraza, pero al final los tiene que dejar ir. No le queda de otra.

El impacto ha sido tremendo para todos. Emma considera, en ocasiones, que no ha compartido con sus hijos el tiempo necesario para apoyarlos en todo lo que requieren. Sus hijos Michael Alexander, Ryan y Brannon, tienen ahora 15, 13 y 10 años, de edad respectivamente. Viajan cada semana a México para visitar a su madre. En cada viaje desean que sea la última travesía y que ella se pueda retornar a Estados Unidos, pero eso queda sólo en sueño.

La situación de Emma fue denunciada por las organizaciones La Raza y Madres Soñadoras Internacional, organización a la que se adhirió la mexicana y que tiene como finalidad defender los derechos de mujeres migrantes que fueron deportadas de Estados Unidos. Su caso sigue en proceso de ser definido por las autoridades del vecino país.

Regresan 800 migrantes diariamente

Cifras de Red Migrante, revelan que actualmente un promedio de 800 migrantes regresan a México diariamente de Estados Unidos, la mayor parte de ellos deportados. La organización civil apunta que esta cifra se incrementará de manera importante, en la medida que empiecen a aplicarse las acciones de deportación masivas, anunciadas por el presidente estadounidense.

Sin embargo, no sólo han sido los trabajadores indocumentados mexicanos quienes han sufrido la ola de deportaciones registrada durante la administración del entonces presidente estadounidense Barack Obama, sino que dicha situación también ha perjudicado a personas de otras nacionalidades.

Datos del Colegio de la Frontera Norte (Colef), indican que ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador, también han sido deportados. La mayor parte de ellos tenían menos de un año de permanencia en el vecino país.

Las cifras del Colef revelan una mayor efectividad de los servicios de migración estadounidense, ya que mientras en el periodo 2009-2011, 40 por ciento de las deportaciones correspondían a personas con menos de un año de permanencia en Estados Unidos, en el lapso 2013 y 2016, dicho volumen ascendió a 87 por ciento.

Hay muchas respuestas que se mantienen en el aire ¿Una vez que el presidente Enrique Peña Nieto suspendió su visita a Estados Unidos, cuáles serán las medidas reales de protección a los ciudadanos de origen mexicano en ese país?

¿Cuáles son la acciones concretas para atender a la oleada de deportados mexicanos que se puede presentar, una vez que operen plenamente las acciones anti-inmigrantes de Trump?

¿Cómo satisfacer sus necesidades de empleo, capacitación, vivienda, educación, salud, en un país como México, que de por si no soluciona esos problemas a su población?

De cumplirse las amenazas de Trump, de deportar a por lo menos a 3 millones de ilegales, tendremos en puerta una crisis humanitaria a la que urgen soluciones rápidas y efectivas, no sólo discursos.

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