Historias Surrealistas/Javier Velázquez

El año de los gobernadores canallas

Durante los últimos seis años han vivido en la opulencia, con un nivel económico que no puede justificarse, con gastos personales elevados y una fortuna difícil de explicar sólo por el salario que perciben. No se trata de dictadores de algún “país bananero”, no. Son los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua y se irán impunes a su casa, cuando acabe su mandato.

Como el año de los gobernadores canallas debía ser bautizado 2016. Así debía quedar grabado en las efemérides de la vida política de México, como una fecha de ignominia. Cómo sucedió en 1968, que tuvo su culminación aquel nefasto 2 de octubre, este año que se encuentra justo en la mitad tendrá que recordarse como un periodo de ignominia, porque además estos gobernadores pillastres ya tienen cubiertas las espaldas por una coraza de “legalidad” construida por ellos mismos.

Javier Duarte de Ochoa, Roberto Borge Angulo y César Duarte Jáquez, gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, respectivamente, actuaron con el mismo talante de cinismo legaloide para nombrar a supuestos fiscales anticorrupción, salidos de su propio equipo, de su camada, de su misma guarida.

Este jueves se frenó de manera momentánea la votación en el Congreso del Estado de Veracruz para que se eligiera a Francisco Portilla Bonilla, empleado de Duarte, como nuevo fiscal anticorrupción. Los priistas ya no estaban seguros de ganar la votación, después de que la presidenta nacional del PRI, Carolina Monroy, lanzara señales de que el CEN de ese partido no veía con buenos ojos el descarado blindaje de Duarte.

“No es correcto desde el punto de vista ético”, señaló Monroy, en alusión de la descarada maniobra de Javier Duarte.

Sin embargo, al fin viejo zorro, Duarte logró que el Congreso de Veracruz aprobara una sala anticorrupción en el poder judicial veracruzano, con magistrados que durarán 10 años en el cargo (el tiempo suficiente para cubrir las espaldas del obeso gobernador saliente), ya que serán aprobados por el mismo congreso a propuesta del mandatario jarocho.

¿Así o más evidente la maniobra?

A Duarte le importa poco que desde el centro, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI lo cuestione. Su estrategia estará completa cuando, por presiones, imponga con la ayuda de los diputados locales que son mayoría, a su empleado Portilla Bonilla.

Así como poco le importó utilizar al Movimiento Nacional de los 400 pueblos, que encabeza César del Ángel, para tender una celada al líder del PAN, Ricardo Anaya, y al gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, y que la camioneta en la que viajaban fuera apedreada apenas el pasado miércoles afuera del congreso veracruzano.

Anaya y Yunes acababan de dar una conferencia de prensa en el congreso para exigir que Portilla Bonilla no fuera electo como fiscal anticorrupción en Veracruz. Cómo en México todo sucede al revés, César del Ángel y su hijo, el diputado priista, Marco Antonio del Ángel, acusaron a los panistas de ser los responsables de ser agredidos, es decir, como es común en nuestro país, la víctima es la culpable de que se cometa un delito en contra de ella.

¡Caray, para que se atrevieron Anaya y Yunes de pasar enfrente de los señores de los 400 pueblos! ¡Qué no ven que ellos tienen el derecho de agredir a quien ose siquiera a mirarlos de reojo en una de sus manifestaciones! ¿Qué acaso no saben los panistas que en México cualquier grupo de manifestantes tiene el derecho de golpear y destruir todo lo que encuentre a su paso? Faltaba más.

El deslinde del PRI nacional sobre la actuación de Duarte es una luz muy tenue de la falta de apoyo de su partido, porque el político estará resguardado legalmente.

Quedará en el aire la investigación por el desvío de recursos públicos de entre 50 mil millones y 35 mil millones de pesos de que se acusa a Duarte. La Auditoría Superior de la Federación puede actuar en su contra, la PGR puede fincarle cargos, el SAT puede investigarlo a fondo, pero a nivel estatal, en donde existe el mayor ámbito legal para fincarle responsabilidades por tratarse de recursos de Veracruz, estará más que protegido.

Con una agravante, además, Duarte propuso al Congreso Estatal procedimientos para que se retire el fuero a los gobernadores de Veracruz, demanda que durante muchos años exigió la oposición. De manera tramposa, esto sucederá con el gobernador que le siga a él en el cargo, es decir a Yunes Linares. Una venganza que se ve venir desde ahora.

Javier Duarte es acusado de crear empresas fantasmas, por lo menos se investiga a 26 de ellas, que pudieron haber utilizado recursos públicos para realizar servicios supuestos que nunca se efectuaron. Duarte llegó al extremo de suspender los recursos a la Universidad Veracruzana y a varios hospitales de la entidad, sin que se explicara el motivo de esta cancelación del presupuesto ni el destino de esos dineros.

CÉSAR DUARTE, EL BANQUERO

En las tropelías en el manejo de los dineros públicos no se quedó atrás su tocayo de apellido, César Duarte, actual gobernador de Chihuahua, quien, como no queriendo, de acuerdo a las denuncias de organizaciones civiles, de político se fue convirtiendo en banquero.

Para muchos analistas políticos, este caso aún muestra mayor descaro que el de su colega veracruzano por la manera en que se fraguó.

Aun cuando César Duarte ha repetido que ha utilizado dinero de su familia para invertir en un organismo financiero, simplemente las cuentas no salen para que de su propio sueldo de gobernador y como diputado, entre otros cargos públicos que ha ostentado, hubiese reunido el capital suficiente para convertirse en propietario de un banco.

Duarte, el chihuahuense, por medio de un fideicomiso, creado por él y su esposa, dio instrucciones para la compra de acciones de Banco Unión Progreso, de tal suerte que el mandatario estatal quedó como dueño de 15% de los títulos de esa entidad financiera, con lo cual se convirtió en su principal accionista. Aquí lo que debe dilucidarse es el origen de los fondos con que se compraron las acciones.

Este es sólo uno de los puntos de que se acusa a Duarte, quien al igual que su correligionario y tocayo de apellido, ya prepara el camino para designar como fiscal anticorrupción en su estado a un funcionario afin sus causas.

ROBERTO BORGE, EL DESARROLLADOR INMOBILIARIO

El caso de opacidad de Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo, no es muy diferente que el de sus compañeros de partido.

Acusado de corrupción y de intolerancia, se jacta públicamente de que Quintana Roo es el único estado de la República en donde las marchas están perfectamente reguladas y no se permiten si no cuentan con la aprobación de las autoridades. Desde luego que no se realizan manifestaciones en su contra, porque corren el riesgo de ser disueltas de manera violenta, lo que le ha dado una bien ganada fama de represor entre grupos sociales quintanarroenses.

Sus detractores acusan que la fuente de riqueza e ilegalidad de Borge Angulo se encuentra en la apropiación de predios de manera opaca. Como sucedió con la devastación de 57 hectáreas del manglar Tajamar, destruidas a principios de 2016 en Cancún por constructoras privadas con el visto bueno del gobernador.

También está el caso del despojo de terrenos del boulevard de Bacalar, de que es acusado por propietarios de esos mismos lotes, que de manera ilegal les fueron arrebatados.

Ya en la recta final de su mandato, de una dinastía política diferente (la encabezada por su tío Miguel Borge Martí, quien también fue gobernador de la entidad), nunca apoyó a Carlos Joaquín González, medio hermano de Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, para que fuera el candidato de priismo a la gubernatura.

Jamás imaginó que Joaquín González buscara el apoyo del PAN y el PRD y que ganara, con lo que se convirtió en el primer gobernador priista en perder Quintana Roo, al igual que Javier Duarte en Veracruz.

Por ello, también se blindó, y logró que Carlos Arturo Álvarez Escalera y Javier Félix Zetina González, fueron designados como fiscal anticorrupción y auditor superior del estado, respectivamente, ambos hombres de sus confianzas.

Zetina González es primo del antecesor de Borge Angulo y su amigo, el también ex gobernador Félix González Canto, quien también teme ser sometido a proceso por el gobernador electo Carlos Joaquín González.

Esta es la historia de los gobernadores canallas, según los llaman sus detractores, acusados de desvíos de recursos para su peculio personal, de reprimir las acciones de inconformidad en su contra, de elevar el monto de la deuda pública de sus estados.

Sobre este último punto, baste mencionar que la deuda pública de Veracruz se elevó de 3.8% en relación al Producto Interno Bruto (PIB) en 2011 a 4.7% en 2015, mientras que la de Quintana Roo varió de 6.4% en 2011 a 8.1% en 2016 y la de Chihuahua, de 4.% en 2011 a 8.3% en 2015 y los beneficios que supuestamente deben generar no los acaba de comprender el pueblo.

Estas son historias de canalladas, de la que ya no deben saber los mexicanos y que, sin embargo, se repiten con la más completa impunidad.

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