Historias Surrealistas/Javier Velázquez Flores

Miguel Ángel Mancera y Santa Anna

Quiénes tienen acceso a la oficina del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, relatan que esta semana el político estaba más que enojado. Las cosas no le salieron del todo bien. Los canales de comunicación con los legisladores locales del PRD de plano llegaron a un nivel de altos decibeles.

En 1858, los mexicanos de ese entonces tuvieron que aguantar que el presidente de la República, “su alteza serenísima”, Antonio López de Santa Anna, aplicara un impuesto absurdo a puertas y ventanas de las viviendas, a fin de obtener recursos a toda costa. En las redes sociales, en los últimos días, a Mancera se le llegó a comparar con tan infausto personaje, cuando los capitalinos detectaron que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México proponía un cobro a la plusvalía de los inmuebles en la capital que quedará inscrito en la primera Constitución capitalina.

En los tiempos de Santa Anna, el impuesto fijado a las puertas era mayor que el determinado a las ventanas, de tal manera que los mexicanos decidían usar su ventana también como puerta para pagar menos.

El gravamen de Santa Anna era totalmente irracional e injusto. La posibilidad de que los capitalinos paguen un impuesto o contribución por la plusvalía que generen sus inmuebles le ganó a Mancera una comparación con cualquier gobernante de país comunista o con el cojo Santa Anna. ¡Oh, atroz comparación la que recibió don Miguel!

La historia de este suceso inició cuando Miguel Ángel Mancera presentó ante la asamblea que creará la Constitución Política de la Ciudad de México un artículo, por medio del cual el gobierno capitalino pueda captar beneficios que generan los grandes desarrollos inmobiliarios para favorecer a los sectores sociales más empobrecidos.

La idea no parecía inadecuada, pero la manera en que se redactó (siempre la “maldita” redacción de las leyes),  proponía en el artículo 21, inciso “C”, numeral 7, que  los derechos de edificación fueran administrados por el gobierno de la ciudad, para distribuir las cargas y beneficios que imponga el ordenamiento territorial, “incluyendo la recuperación de las plusvalías generadas”, que deberán aplicarse en pro de los sectores de bajos ingresos.

La posibilidad de que se aplicara un impuesto sobre la plusvalía de los inmuebles desató tal condena de la sociedad, que Mancera reculó y determinó el retiro de su propuesta, pero ¡oh sorpresa!, en la nueva Ley de Vivienda de la Ciudad de México aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el pasado día 6, sí se aprobó que las autoridades capitalinas capten los beneficios de la plusvalía.

Quienes tiene derecho de picaporte a las oficinas de Miguel Ángel Mancera relatan que entonces el político sin partido entonces sí tronó y en la menor oportunidad que tuvo señaló que ejercerá sus funciones para vetar cualquier cambio legal que signifique el cobro de un nuevo impuesto en la capital del país y no sólo eso, sino que pidió a los legisladores hacer cambios adecuados en su propuesta para que haya claridad con los ciudadanos.

El pasado día 6, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por 34 votos a favor, 21 abstenciones de los diputadores del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)  y cero votos en contra la Nueva Ley de Vivienda de la Ciudad de México.

Dicha ley tratará de racionalizar el sector de vivienda en la ciudad en todos sentidos, pero fue el artículo 94 el que desató la polémica. Dicho apartado señala que:

“El Gobierno de la Ciudad de México, deberá generar e implementar mecanismos para la captación de plusvalías, generadas por las acciones urbanísticas. Esta captación se destinará a la defensa y fomento del interés común, a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del espacio público, infraestructura urbana y, en general, del entorno urbano del territorio de la Ciudad de México. La Secretaría de Finanzas deberá asignar al Instituto (de Vivienda del Distrito Federal) un porcentaje de los recursos obtenidos por captación de plusvalías, para la adquisición de reservas territoriales para la construcción de vivienda de interés social y popular y la producción social del hábitat y vivienda”.

La redacción de dicho artículo, como se aprecia, es totalmente inadecuada. Sí deja en claro que el gobierno capitalino captará plusvalías y lo que es peor ¿a qué se refiere cuando señala “acciones urbanísticas”? ¿Se trata de la plusvalía, entendida como el incremento del valor de un inmueble, que captarán las autoridades de nuevos proyectos o a las casas y edificios que ya existen?

En relación al debate, el diputado local perredista, Leonel Luna, trató de negar, sin demostrarlo, que el dictamen de la Ley de Vivienda no obliga de ninguna manera a imponer una carga tributaria adicional, “sino a la orientación del destino de recursos a la producción de un hábitat más amable y socialmente más responsable”, declaración que suena más a palabrería hueca que a una explicación convincente.

Los malos entendidos entre el Jefe de Gobierno capitalino y la Comisión de Vivienda de la ALDF se pusieron de tal manera, que esta última y en especial la bancada perredista optó por retirar el artículo mencionado de la Ley de Vivienda, sin que hasta el momento de redactar este comentario se sepa el nuevo contenido del fatídico artículo 94. Habrá que esperar cuáles son sus nuevos términos.

Un refrán muy famoso señala que “en los detalles está el diablo” y, sin duda, en la ley reglamentaria los capitalinos nos llevaremos la sorpresa de conocer cuáles serán los mecanismos por medio de los cuales el gobierno mancerista captará los nuevos recursos provenientes de la plusvalía de los inmuebles.

¿Cómo se medirá la plusvalía de cada inmueble, en base a que parámetros? ¿En qué periodo se aplicará la medición de la plusvalía? ¿Qué entidad pública será la encargada de realizar dicha medición? ¿Participarán empresas privadas valuadoras en dicho proceso? ¿Se licitará o se realizarán por adjudicación directa?, son algunas de las múltiples dudas que deberán responderse.

Los capitalinos ya pagan un impuesto predial que se aplica sobre el monto actualizado de las propiedades y al menos tienen la esperanza de que Mancera cumpla su palabra, empeñada en noviembre pasado, de que no habrá incrementos de impuestos para 2017.

Hasta donde pude investigar, los diputados del PRD no quitarán el dedo del renglón para que el gobierno capitalino pueda captar de alguna manera la plusvalía generada por los inmuebles citadinos. El secreto estará en los métodos a seguir.

Ojalá y los capitalinos no recibamos un amargo regalo de Navidad.

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