Hoja de ruta legislativa y del C5

Salvador Guerrero Chiprés

@guerrerochipres

La seguridad pública no se robustece desde la distancia institucional. Requiere conocimiento técnico, interlocución directa con las capacidades del Estado y comprensión precisa de los fenómenos delictivos.

Cuando las y los legisladores se alejan de las fuentes operativas, el marco normativo corre el riesgo de quedar desfasado de la realidad que pretende atender.

En ese marco, la visita de diputadas y diputados federales al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) abre la posibilidad de construir un puente decisivo entre el diagnóstico legislativo y la acción inmediata; es la convergencia entre la capacidad de legislar y la de responder.

La disposición expresada por la diputada Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria de la bancada de Morena, encarna esta lógica de colaboración, de la cual participaron legisladores por la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Zacatecas.

Hay reconocimiento de que el C5 no solo es la infraestructura tecnológica de referencia en el país y la más robusta del continente —con 83 mil 414 cámaras—, sino un laboratorio vivo de información, centro de observación sistemática del pulso de la ciudad a través de emergencias, vigilancia y respuesta inmediata.

Aquí, los reportes son evidencia cotidiana de cómo, dónde y cuándo se manifiestan las emergencias y un termómetro de la cifra negra.

Ese conocimiento es clave. En promedio, cada día, en la línea de emergencias 9-1-1 se canalizan 4 mil 200 reportes para su atención. La Línea Antiextorsión, por su parte, ha recibido desde su creación —en noviembre de 2024, por instrucción de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada— 3 mil 184 casos relacionados con extorsiones, cerca del 90 por ciento en un nivel de tentativa.

Enfrentar las extorsiones requiere también instrumentos jurídicos sólidos que permitan anticipar el delito, neutralizarlo en fases tempranas y garantizar su castigo. Aquí es donde la convergencia de prioridades entre el Ejecutivo, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y el gobierno capitalino de Clara Brugada, encuentra su complemento en el Congreso: la posibilidad de construir una Ley Nacional contra la Extorsión y establecer la persecución de oficio de este delito.

La seguridad no puede sostenerse sin comunidad. Esa afirmación cobra un sentido renovado cuando la tecnología se convierte en instrumento cívico. El acercamiento entre diputados y el C5 es recordatorio de que la distancia entre ley y vida diaria se reduce cuando hay una misma hoja de ruta.