Hola Paisano

Doble nacionalidad, una reforma que pone a prueba a México.

La reforma que busca exigir nacionalidad mexicana única a quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México abrió un debate que rebasa las reglas para competir por un cargo público.

En el fondo, coloca sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede el Estado limitar los derechos políticos de quienes, siendo mexicanos por nacimiento, también poseen otra nacionalidad?

La Cámara de Diputados aprobó la propuesta y ahora corresponde al Senado analizarla. El argumento central es que quienes encabecen los poderes ejecutivos deben tener una sola nacionalidad y evitar cualquier vínculo jurídico que pueda generar un conflicto de intereses con otro Estado.

El planteamiento puede discutirse. Lo que no debería ocurrir es que la doble nacionalidad sea presentada, por sí misma, como evidencia de menor compromiso con México.

La American Society of Mexico (AmSoc), presidida por Larry Rubin, llamó a los senadores a valorar las consecuencias de su decisión y advirtió sobre el riesgo de crear una división entre ciudadanos de primera y de segunda. Su argumento es directo: tener dos nacionalidades no determina la relación que una persona mantiene con el país.

En paralelo, el Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes en Estados Unidos y Canadá (COLEFOM) ha cuestionado la iniciativa y reclamado una discusión más amplia con las organizaciones de la diáspora.

Su posición merece atención porque señala un problema que va más allá de la disputa partidista: la reforma puede afectar directamente a una comunidad que durante décadas ha mantenido vínculos económicos, familiares, sociales y culturales con México, aun después de adquirir otra ciudadanía.

COLEFOM ha advertido que la propuesta no distingue suficientemente entre nacionalidad y ciudadanía y que existen mecanismos legales para atender posibles conflictos de interés sin modificar necesariamente la Constitución.

También ha señalado una dificultad concreta: la posibilidad de renunciar a una nacionalidad extranjera no depende exclusivamente de la voluntad del ciudadano mexicano, sino de las leyes del país que otorgó esa nacionalidad.

Ese punto no es menor. Una norma mexicana podría terminar condicionando el derecho de una persona a competir por un cargo público a un procedimiento que depende de la legislación de otro Estado.

Además, México ya reconoce constitucionalmente la doble nacionalidad. Desde las reformas de finales de los años noventa, un mexicano por nacimiento puede adquirir otra nacionalidad sin perder la mexicana. El país también ha construido mecanismos para que quienes viven fuera del territorio participen en procesos electorales y mantengan vínculos institucionales con su lugar de origen.

Por eso la discusión requiere algo más que una consigna sobre soberanía.
Si existen riesgos para quienes ejercen la representación del Estado, deben identificarse y regularse. Si existen conflictos de interés, deben establecerse controles. Si hay obligaciones incompatibles, deben precisarse. Pero una segunda nacionalidad no demuestra por sí misma ninguna de esas circunstancias.
Ahí está el punto que el Senado no debería perder de vista.

La comunidad mexicana en Estados Unidos ya no puede ser observada únicamente desde las remesas. Está integrada por trabajadores, empresarios, profesionistas, estudiantes, dirigentes comunitarios, inversionistas y ciudadanos que participan en ambos lados de la frontera.

Muchos nacieron en México. Otros nacieron en Estados Unidos de padres mexicanos. Otros adquirieron posteriormente una segunda nacionalidad. Todos forman parte de una realidad binacional que México ha reconocido durante décadas y que difícilmente puede desaparecer mediante una reforma constitucional.

Por eso también resulta relevante el reclamo de COLEFOM para que las organizaciones migrantes sean escuchadas. No es razonable legislar sobre una comunidad de millones sin incorporar al debate a quienes conocen directamente sus condiciones y sus consecuencias.

La discusión debe concentrarse en las responsabilidades de quienes aspiran a ejercer el poder, no en convertir una condición jurídica en un juicio sobre su pertenencia.

La comunidad migrante no está pidiendo privilegios. Está reclamando que una segunda nacionalidad no se convierta automáticamente en una marca de sospecha ni en una barrera para ejercer derechos políticos.

El Senado tendrá que decidir si la reforma construye una regla necesaria para proteger las responsabilidades del Estado o si termina estableciendo una distinción que afecte a una comunidad que México lleva décadas reconociendo como parte integral de su sociedad.

ABRAZO FUERTE

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