Hola Paisano

Doble nacionalidad. Del debate constitucional a la confrontación binacional.

#LaDobleNacionalidad no puede convertirse en un delito político ni en una licencia para legislar con intereses personales de por medio.

La reforma constitucional que pretende imponer nacionalidad única a quienes aspiren a la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ha abierto un conflicto que va mucho más allá de los artículos de la Constitución: pone sobre la mesa la transparencia de los propios legisladores, los posibles conflictos de interés y, ahora, la amenaza de llevar la disputa hasta las autoridades de Estados Unidos.

El PAN y #OrganizacionesMigrantes han anunciado que preparan denuncias contra senadores de Morena a quienes atribuyen ciudadanía estadounidense o residencia permanente en ese país.

La acusación es seria y, precisamente por eso, no puede sostenerse únicamente en declaraciones políticas. Si un legislador posee una condición jurídica directamente relacionada con la materia que está llamado a votar, debe transparentarla. Y si existe un impedimento legal para participar, debe hacerse valer conforme a derecho.

La pregunta es: ¿puede un legislador participar en la construcción de una norma que modifica directamente las condiciones jurídicas que podrían afectarlo personalmente sin explicar primero cuál es su propia situación?

Ese es el punto que el Senado no puede esquivar.

Los diputados panistas @FDoringCasar, Genoveva Huerta, Paulina Rubio y Raúl Torres Guerrero han planteado que los legisladores involucrados deben transparentar su situación y, en su caso, excusarse. Su argumento se sustenta en las disposiciones mexicanas sobre conflicto de interés.

No se trata, al menos en principio, de negar derechos políticos por tener otra nacionalidad, sino de exigir que quienes ejercen una función pública actúen bajo las mismas reglas de transparencia que pretenden imponer a los demás.

Y aquí comienza la parte que exige mayor responsabilidad. Los panistas han señalado a Javier Corral Jurado, Jasmine Bugarin, Cecilia Guadiana Mandujano y Ricardo Sheffield como personas que tendrían ciudadanía estadounidense, además de Karina Ruiz por su residencia en Arizona.

Pero una acusación política no es una sentencia jurídica. Cada caso debe acreditarse individualmente y cualquier denuncia debe demostrar qué norma fue presuntamente infringida, qué conducta concreta la habría violado y qué autoridad tiene competencia para actuar.

Una denuncia puede abrir una investigación; no puede fabricar de antemano una culpabilidad.

Tampoco conviene exagerar las consecuencias que supuestamente produciría votar la reforma. Votar una iniciativa en México no implica automáticamente perder la ciudadanía estadounidense. La legislación de Estados Unidos establece requisitos específicos para la pérdida de nacionalidad, y tampoco una ausencia prolongada del país supone, por sí misma, el abandono automático de una residencia permanente.

Lo mismo ocurre con las consecuencias fiscales: el llamado exit tax está sujeto a condiciones específicas y no se activa automáticamente por una eventual pérdida o renuncia de ciudadanía.

Por eso, si las organizaciones migrantes y el PAN llevan sus denuncias ante el Departamento de Estado o a, Citizenship and Immigration Services, (USCIS), tendrán que hacerlo con expedientes sólidos y hechos comprobables. De lo contrario, el anuncio corre el riesgo de convertirse en una extensión de la disputa partidista por otros medios.

La dimensión binacional, además, no puede ignorarse.

Organizaciones como el @COLEFOMM representan una realidad que la política mexicana ya no puede tratar como marginal: millones de personas de origen mexicano viven, trabajan, votan, forman familias y construyen patrimonio entre México y Estados Unidos. Para esa comunidad, la doble nacionalidad no es una anomalía ni una sospecha; es parte de una realidad migratoria construida durante generaciones.

Ser #binacional no pone en duda la lealtad a México.

México tiene pleno derecho a discutir qué requisitos deben cumplir quienes aspiran a gobernarlo. Pero una cosa es establecer condiciones constitucionales para ocupar los más altos cargos públicos y otra muy distinta convertir la doble nacionalidad en un estigma.

Si hay conflicto de interés, que se pruebe. Si existe un impedimento legal, que se aplique. Si alguien incumplió una legislación estadounidense, que responda ante la autoridad competente.

Pero que nadie pretenda convertir una condición jurídica compartida por millones de mexicanos en una herramienta de persecución política.

El debate sobre la nacionalidad única merece altura de Estado. Y esa altura comienza con una regla elemental: quienes hacen las leyes también deben estar dispuestos a someter su propia situación al escrutinio de la ley.

ABRAZO FUERTE

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