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ICE borra a los migrantes, deportarlos sin que nadie pueda encontrarlos.

El Gobierno de Estados Unidos está llevando su política de deportaciones a un terreno más preocupante: ocultar el paradero de miles de migrantes detenidos para acelerar su expulsión y dificultar que puedan defenderse legalmente.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) retiró de su registro público la ubicación de más de 20 mil personas bajo su custodia, aproximadamente el 30 por ciento del total. No es una simple modificación administrativa: es una decisión que deja a familias sin información y a abogados con menos posibilidades de intervenir antes de una deportación.

La medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), establece que quienes tengan órdenes definitivas de expulsión dejarán de aparecer en el localizador público de detenidos. La postura oficial es tan contundente como preocupante: para esas personas, el procedimiento es la deportación, «simple y llanamente».

Pero hay un problema de fondo que las autoridades parecen ignorar: una orden de deportación no significa necesariamente que se hayan agotado todas las alternativas legales. Todavía pueden existir recursos para reabrir expedientes, impugnar decisiones, solicitar protección o cuestionar las condiciones de una detención. Sin embargo, cuando nadie sabe dónde está una persona, ejercer esos derechos se vuelve mucho más complicado.

La gravedad quedó expuesta en una demanda presentada ante un tribunal federal de Boston por el Centro Nacional de Leyes de Inmigración y otras organizaciones defensoras de migrantes, que consideran ilegal esta modificación. El caso evidencia cómo la política migratoria puede convertirse en un mecanismo de exclusión jurídica: primero se detiene a la persona y después se dificulta que alguien pueda encontrarla para defenderla.

La historia de Ann Lawani retrata las consecuencias. La enfermera y profesora universitaria nigeriana, de 39 años, fue detenida en su domicilio de California. Después de comunicarse con su familia desde un centro de detención, desapareció del registro público. Sus hermanos y su abogado no consiguieron localizarla ni obtener respuestas de ICE. Tres días después descubrieron que había sido trasladada a Luisiana.

Su situación resulta todavía más reveladora: había llegado a Estados Unidos en 2007, solicitó asilo y, aunque un juez rechazó su petición, le concedió una suspensión de deportación a Nigeria porque podía enfrentar persecución si regresaba. Además, tenía un permiso de trabajo vigente hasta 2029. Su expediente demuestra que detrás de cada registro existe una historia jurídica y humana que no puede resolverse mediante decisiones administrativas generalizadas.

El problema se agrava porque ICE traslada constantemente a los detenidos entre sus más de 300 centros de reclusión. Una persona puede ser arrestada en California y terminar en Luisiana o Texas, mientras sus familiares recorren oficinas y teléfonos sin conseguir información. En ese lapso pueden perderse oportunidades para presentar recursos o solicitar la intervención de un juez.

Para los mexicanos, esta situación debe encender las alarmas. Nuestros connacionales representan una de las comunidades migrantes más numerosas de Estados Unidos y miles de familias dependen de que sus familiares puedan comunicarse con ellos cuando enfrentan una detención. Si conocer su ubicación se vuelve cada vez más difícil, también se debilita la capacidad de las familias para reaccionar y buscar asistencia legal.

Aquí los consulados mexicanos tienen una responsabilidad que no admite simulaciones. Deben reforzar sus mecanismos de localización, atención de emergencias y acompañamiento jurídico, además de mantener comunicación directa con las familias. No basta con difundir teléfonos de asistencia o emitir mensajes de tranquilidad: se necesita capacidad de respuesta cuando un mexicano es detenido y su paradero resulta desconocido.

La defensa de las leyes migratorias no autoriza al Gobierno estadounidense a reducir la transparencia ni a convertir la detención en una situación de aislamiento jurídico. Los migrantes pueden enfrentar procedimientos de expulsión, pero conservan derechos que las autoridades están obligadas a respetar.

Detener no significa desaparecer. Deportar tampoco significa cancelar el derecho a defenderse.

Si ICE puede retirar del registro público a miles de personas y dificultar que sus familias y abogados sepan dónde se encuentran, estamos frente a una práctica que rebasa el control migratorio. Es una preocupante utilización del poder gubernamental que coloca la rapidez de las deportaciones por encima de las garantías legales.

Y la pregunta que deben responder las autoridades estadounidenses es inevitable: ¿cuántas personas más tendrán que desaparecer de los registros para que el mundo entienda que la política migratoria no puede justificar la desaparición administrativa de seres humanos?

ABRAZO FUERTE

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