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Migrantes buscan blindar sus derechos políticos ante la reforma electoral

En el contexto de la inminente discusión de la reforma electoral, las comunidades de migrantes mexicanos han decidido alzar la voz. Sus demandas ya están sobre la mesa del Senado. La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, confirmó que recibió formalmente propuestas elaboradas por organizaciones y colectivos de mexicanos en el exterior, con el objetivo de proteger y fortalecer sus derechos político-electorales frente a los cambios que se avecinan en el sistema democrático del país.

Durante una conferencia de prensa, la senadora explicó que sostuvo reuniones con representantes de comunidades migrantes, quienes expresaron su preocupación ante la posibilidad de que la reforma electoral limite —o no contemple adecuadamente— los mecanismos de participación ciudadana para quienes viven fuera de México.

De estos encuentros surgió un documento que ya fue entregado al Senado y que contiene planteamientos concretos para garantizar su inclusión.
Castillo Juárez subrayó que los migrantes no solo demandan conservar los derechos ya adquiridos, sino ampliarlos y hacerlos plenamente efectivos, especialmente en lo que respecta al voto desde el extranjero, la representación política y el acceso a cargos de elección popular.

“Una democracia auténtica no puede excluir a millones de mexicanas y mexicanos que, aunque viven fuera del país, siguen contribuyendo económica, social y culturalmente a México”, señaló.
Es, sin duda, un reclamo histórico que cobra fuerza.

El debate no es nuevo, pero ha cobrado mayor relevancia ante la reforma electoral que prepara el Poder Ejecutivo. Desde hace años, las comunidades migrantes han denunciado obstáculos técnicos, administrativos y políticos que dificultan su participación en los procesos electorales, a pesar de que las remesas y el vínculo permanente con sus comunidades de origen los convierten en actores clave de la vida nacional.

Las propuestas entregadas al Senado buscan atender esa deuda histórica. Entre los ejes centrales se encuentra el fortalecimiento del voto electrónico y postal, la simplificación de trámites para el registro electoral en el extranjero, así como mecanismos que permitan una representación más directa de los mexicanos fuera del país en los órganos legislativos.

Laura Itzel Castillo recordó que iniciativas similares ya habían sido presentadas con anterioridad, precisamente ante la inquietud de que una reforma profunda pudiera generar retrocesos. No obstante, aclaró que el Senado esperará a contar con la propuesta oficial del Ejecutivo federal, encabezado por la Comisión presidida por Pablo Gómez, para iniciar un análisis integral del tema.

De acuerdo con lo informado por la legisladora, se prevé que la iniciativa de reforma electoral impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum sea enviada al Senado durante este mes de febrero. Será a partir de ese momento cuando se abra formalmente el proceso de discusión legislativa, en el que se evaluarán tanto las propuestas del Ejecutivo como las aportaciones de la sociedad civil, incluidos los migrantes.

En este escenario, Castillo Juárez enfatizó que el Senado tiene la responsabilidad de escuchar todas las voces y construir un marco legal que no excluya. “Los mexicanos en el exterior no son ciudadanos de segunda. La democracia debe garantizarles el derecho a decidir sobre el rumbo del país”, afirmó.

Actualmente, se estima que más de 12 millones de mexicanos viven fuera del territorio nacional, la mayoría en Estados Unidos. Su peso económico es innegable, pero su influencia política sigue siendo limitada. La reforma electoral representa, para muchos de ellos, una oportunidad clave para corregir esa desigualdad o, en el peor de los casos, para profundizarla.

Las propuestas entregadas al Senado buscan evitar este último escenario. En un momento en el que México se encamina a una redefinición de sus reglas electorales, los migrantes exigen ser parte activa del debate y no simples observadores.

El mensaje es claro: sin migrantes, no hay democracia completa. Ahora, la decisión está en manos del Congreso.

ABRAZO FUERTE

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