Libros de ayer y hoy
La salud del migrante mexicano entre la representación binacional y la deuda estructural del Estado mexicano
La salud de los migrantes mexicanos —especialmente de quienes viven en Estados Unidos o retornan forzadamente al país— se ha convertido en uno de los campos más visibles de disputa política, institucional y humanitaria.
En ese escenario, organizaciones migrantes mexicanas han logrado posicionarse como actores de presión e intermediación entre comunidades binacionale y el Estado mexicano, particularmente en temas de afiliación al sistema de salud, atención médica para retornados y acceso a derechos sociales transnacionales.
Sin embargo, hoy día persisten tensiones profundas: la privatización informal de la gestión social, la incapacidad estructural del Estado mexicano para garantizar derechos básicos y el uso político de la agenda migratoria de parte de este último.
La salud del migrante: un derecho sin territorio.
Durante años, los migrantes mexicanos han enfrentado un vacío institucional en materia de salud. La condición transnacional los deja en un limbo jurídico: en Estados Unidos carecen frecuentemente de cobertura médica formal, en México pierden acceso efectivo por residencia en el extranjero. Además, al retornar enfrentan barreras administrativas, económicas y burocráticas.
Frente a ello, las organizaciones migrantes mexicanas han impulsado una agenda centrada en tres ejes:
Han promovido el acceso de migrantes al seguro voluntario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), buscando garantizar cobertura médica en México aun residiendo fuera del país.
Entre sus demandas e iniciativas destacan: ampliación del seguro para mexicanos en el extranjero, reducción de costos de afiliación voluntaria, acceso automático al retornar y cobertura familiar transnacional.
Este modelo intenta convertir la salud en un derecho portable, no territorial.
Pero el problema es estructural: el IMSS funciona bajo un esquema diseñado para empleo formal nacional, no para movilidad laboral global. La afiliación voluntaria es costosa, limitada y burocrática, lo que convierte el acceso en privilegio y no en derecho.
Otro eje de incidencia ha sido la atención de deportados y retornados, quienes suelen regresar en condiciones de extrema vulnerabilidad: enfermedades crónicas sin tratamiento, trauma psicológico, lesiones físicas por procesos de detención, falta de documentación médica y también la inexistencia de continuidad terapéutica.
Las organizaciones migratorias mexicanas han presionado para que autoridades mexicanas implementen protocolos de atención inmediata en puntos de retorno, acceso automático a servicios públicos de salud y programas de reintegración social y laboral, así como una auténtica vinculación con instituciones públicas y organizaciones civiles.
Esto refleja una realidad incómoda: el Estado mexicano no cuenta con un sistema integral de reintegración sanitaria para deportados.
ABRAZO FUERTE
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