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Contener no es proteger, denuncian violencia sistemática contra migrantes en México

La visita del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, evidenció una realidad preocupante: en México, la política migratoria está enfocada en la contención y no en la protección, lo que ha derivado en violaciones graves a los derechos humanos de las personas migrantes.

Organizaciones civiles advierten que esta estrategia ha incrementado los riesgos de desapariciones, secuestros y trata, en un contexto marcado por la violencia y la impunidad.

De acuerdo con un informe de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el uso de fuerzas armadas como el Ejército y la Guardia Nacional en tareas de control migratorio ha derivado en abusos sistemáticos, incluidos actos de violencia extrema e incluso ejecuciones.

La mayoría de estos casos permanece sin investigación ni sanción, lo que refuerza un patrón de impunidad y deja a las personas migrantes en una situación de alta vulnerabilidad.

En este contexto, las personas migrantes han quedado atrapadas en una doble vulnerabilidad. Por un lado, enfrentan la acción del Estado bajo una lógica de contención; por otro, son presa fácil del crimen organizado, que ha encontrado en ellas un objetivo rentable y prácticamente desprotegido.

El tráfico de personas, el secuestro, el reclutamiento forzado y la trata no solo persisten, sino que se han sofisticado.

La migración, en lugar de ser un fenómeno gestionado con enfoque humanitario, se ha convertido en un mercado de violencia.

Las cifras disponibles, aunque fragmentarias, ofrecen una idea de la magnitud del problema.

Datos oficiales de la Secretaría de Gobernación registran, entre 2016 y febrero de 2026, al menos 2,121 casos de tráfico de personas, 743 secuestros y 223 casos de trata.

Sin embargo, estas cifras distan de ser completas. Un monitoreo hemerográfico de organizaciones civiles identificó 1,834 agresiones contra migrantes en apenas 16 meses —de enero de 2025 a abril de 2026—, lo que evidencia no solo la persistencia, sino la aceleración del fenómeno.

El problema de fondo es aún más grave: existe un subregistro estructural de la violencia. La ausencia de datos precisos no es un detalle técnico, sino un obstáculo que impide dimensionar la crisis y, por tanto, atenderla adecuadamente.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta 409 migrantes desaparecidos desde 2003, una cifra que contrasta de forma dramática con los 5,495 migrantes fallecidos o desaparecidos documentados por la Organización Internacional para las Migraciones entre 2014 y 2025 en su ruta hacia Estados Unidos.

La disparidad entre registros no solo revela inconsistencias institucionales, sino una falta de voluntad para reconocer la dimensión real del problema.

A estas cifras se suman reportes de fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República y colectivos de familiares en Centroamérica, que hablan de cientos —incluso miles— de casos adicionales. Cada número representa una historia interrumpida, una familia en incertidumbre y un sistema que no responde. La invisibilidad estadística se traduce, en la práctica, en abandono institucional.

La crítica central que emerge de estos datos es contundente: la estrategia migratoria actual no solo es insuficiente, sino contraproducente. Al priorizar la contención por encima de la protección, el Estado mexicano ha contribuido —directa o indirectamente— a agravar los riesgos que enfrentan los migrantes. La militarización de la política migratoria no ha frenado los flujos de manera efectiva, pero sí ha incrementado los niveles de violencia y vulnerabilidad.
Frente a este panorama, resulta impostergable replantear el enfoque.

No se trata únicamente de mejorar la vigilancia o reforzar controles, sino de adoptar políticas integrales que reconozcan a las personas migrantes como sujetos de derechos.

Esto implica garantizar su seguridad, acceso a justicia, atención humanitaria y mecanismos reales de protección frente al crimen organizado.

La comunidad internacional, incluyendo organismos de derechos humanos, tiene un papel clave en este proceso.

La visita de Volker Türk no debería quedar como un gesto simbólico, sino como un punto de inflexión que obligue a las autoridades mexicanas a rendir cuentas y actuar con urgencia.

La crisis migratoria en México no es un fenómeno inevitable: es, en gran medida, el resultado de decisiones políticas que pueden —y deben— cambiar.

Ignorar esta realidad ya no es una opción. Cada día que pasa sin acciones contundentes, la cifra de víctimas crece y la deuda humanitaria se profundiza. La pregunta no es si México puede hacer más, sino cuánto tiempo más está dispuesto a tolerar una política que, lejos de proteger, expone y vulnera a quienes buscan, simplemente, una oportunidad de vivir mejor. Así las cosas…

ABRAZO FUERTE

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