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CIUDAD DE MÉXICO, 28 de mayo de 2017.- El huachicol teje redes más siniestras que –al igual que en otras actividades ilícitas– involucran a autoridades en colusión con el crimen organizado, sentenció la Arquidiócesis de México.
A través de su editorial Huachicol, oro negro del diablo, la Iglesia advirtió que, incluso directivos de Pemex han manifestado la existencia de empleados quienes estarían implicados en el proceso de extracción ilícita de combustibles, choferes, operadores de bombeo, vigilantes e ingenieros de operación, personal especializado, asesorando a los huachicoleros para realizar las operaciones clandestinas.
Ante ello, aseguró que la extracción de combustibles amenaza la seguridad de México y revela lo que no parece dar tregua: corrupción e impunidad.
«Es el delito y actividad lucrativa del mercado negro creciente y boyante, que en cinco años aumentó en más de un 400 por ciento y ahora es uno de los principales desafíos al poder del Estado y al sistema de justicia, como actividad ilícita financiera. Se trata del robo de combustibles, gasolina y diésel, por la perforación de poliductos para ordeñar el Huachicol».
Lamentó que la gravedad de este asunto es que no está focalizado a ciertas regiones, sino que, los operadores clandestinos de ductos de combustibles, han sentado sus actividades en diversos estados del país, con infraestructura petrolera de transportación importante: Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Puebla, México, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa.
Resaltó que el caso de Puebla resulta preocupante, pues el despliegue de fuerzas armadas que han entrado en confrontación con los delincuentes revela la escalada del problema, por lo menos en 32 municipios de los 127 que hay en la entidad.
Mencionó que reportes de las autoridades policiales revelan cómo poblados enteros se dedican a la extracción, comercialización, almacenamiento y distribución del huachicol, por debajo de los precios reales de los combustibles sujetos a la ley de la oferta y la demanda.
La Arquidiócesis señaló que lo más doloroso son las víctimas últimas en estas redes. «Los delincuentes, en la impunidad de su poder, utilizan la pobreza y necesidad de poblaciones marginadas y olvidadas que han abandonado sus actividades tradicionales y de cultivo por un negocio más lucrativo para sostener su economía y familias. Ellos sirven de carne de cañón, niños y adolescentes, mujeres y ancianos, arrojados para enfrentar a las fuerzas del orden sin importar las consecuencias que ponen en riesgo su misma integridad personal. Ellos son parte de esta mercancía de muerte, sólo víctimas colaterales».