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CIUDAD DE MÉXICO, 23 de mayo de 2026.- Con el objetivo de garantizar el acceso efectivo a la justicia de pueblos indígenas y grupos en situación de vulnerabilidad, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, puso en marcha la Oficina Operativa de Asesoría Jurídica Intercultural del Instituto Federal de Defensoría Pública en Guaymas, Sonora.
Acompañado por los gobernadores tradicionales de Belem, Alonso Abraham Álvarez; de Huírivis, Nicolás Molina; de Pótam, Juan Saviva de Ráhum, Alberto Ignacio Martínez, y de Tórim, Gabriel Suárez, el ministro presidente enfatizó que la autonomía e independencia judicial ya no es separación, aislamiento ni confrontación, sino debida coordinación.
Afirmó que “todos trabajamos para el mismo pueblo: el de México; todos buscamos el mismo objetivo. Atrás se quedan esos tiempos en que teníamos que cuidarnos del que estaba al lado, del que tenemos enfrente”.
Durante el evento, en el que también participaron Catalina Ramírez y José Alberto Gallegos, integrantes del Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) e Indira Isabel García, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, sostuvo que la justicia no es un privilegio, es un derecho que está al alcance de todas las personas.
La justicia no es un privilegio. La justicia es un derecho. No está más al alcance solo de quienes en su tiempo pudieron pagarla, rentarla, comprarla o manipularla. Hoy está aquí a ras de suelo con toda transparencia y cercana a la gente", ratificó.
Crescencio Buitimea, rector de la Universidad del Pueblo Yaqui, aseveró que la nueva oficina significa acercar la justicia al territorio yaqui, construir instituciones más sensibles a la diversidad cultural, y reconocer que la defensa de los derechos debe caminar junto con los pueblos indígenas.
Adelfo Regino Montes, director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), enfatizó que gracias a las recientes reformas constitucionales “hoy nuestros planes de justicia tienen reconocimiento en la Constitución mexicana y son un ejemplo en nuestro país”.

Catalina Ramírez, integrante del OAJ, destacó que nadie debe sentirse ajeno a la justicia por hablar una lengua indígena, por vivir lejos de una ciudad o por no contar con recursos económicos, pues la justicia debe abrazar a todas las personas por igual.
Y Benjamín Rubio, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, subrayó que la nueva oficina significa que la justicia se hace en territorio; que se pueden tener defensores que hablen las lenguas indígenas y que se reconoce la cosmovisión ancestral de cada uno de los pueblos.




